La Fundación para la Justicia ha documentado cerca de 350 casos de migrantes desaparecidos en territorio mexicano. Las masacres de migrantes han hecho notorio la cantidad de migrantes que también son asesinados en el tránsito. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó en dos periodos de seis meses, cerca de 20,000 secuestros de personas migrantes. En estos casos las familias están imposibilitadas de acceder a la justicia desde el país de origen (Centroamérica) o el país de destino (Estados Unidos) para denunciar y dar seguimiento a su caso y solicitar auxilio para la búsqueda. La dificultad principal radica en que las familias no pueden iniciar la denuncia de los hechos, solicitar la búsqueda de personas, aportar pruebas y demás desde el país donde se encuentran. Se ha probado que las gestiones consulares no funcionan, por lo que se requiere una comunicación directa con servidores públicos de la PGR.
El Relator para personas migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité contra la Desaparición Forzada han recomendado crear un mecanismo trasnacional que permita garantizar un pleno acceso a la justicia para personas migrantes. El compromiso del Estado Mexicano quedó manifestado ante dicho Comité y en la audiencia celebrada ante la CIDH el 22 de marzo de 2015. El Ex Procurador se había comprometido con los comités de familiares de migrantes desaparecidos desde la audiencia de 16 de octubre de 2014 y en el Foro Internacional para el Mecanismo Transnacional de diciembre de 2014 celebrado conjuntamente por PGR y la Fundación para la Justicia en “La Muralla”.
¿Qué es el mecanismo transnacional?
Conjunto de medidas que debe realizar el Estado Mexicano para garantizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la investigación, sanción y reparación del daño por los delitos cometidos contra las personas migrantes, así como las medidas de atención, apoyo y asistencia desde el lugar donde se encuentren las víctimas y sus familiares.
Componentes:
- de procuración de justicia, para la denuncia, la investigación y esclarecimiento de los hechos, la identificación de responsables y, en los casos de asesinatos o ejecuciones sumarias, la identificación de los cuerpos o los restos y su entrega;
- de impartición de justicia, para el establecimiento de responsabilidades penales, de sanciones y de medidas judiciales de reparación;
- de búsqueda (a través de la procuración de justicia o a través de medios judiciales o a través de otros medios no judiciales) en los casos de las personas desaparecidas; y
- de reparación justa de los daños.
Entidades u órganos que deben participar:
- el Ministerio Público (Procuraduría o Fiscalía);
- el poder judicial;
- las entidades que administran vías o programas de asistencia, ayuda y reparación a víctimas;
- el Gobierno o poder ejecutivo en lo relacionado con la coordinación entre gobiernos y la articulación al mecanismo de los espacios consulares y diplomáticos.
Acciones que debieran llevar a cabo las víctimas y sus familias desde el lugar donde se encuentren por sí mismas y/o a través de sus representantes
- denunciar los hechos de los que se consideran víctimas;
- solicitar acciones de búsqueda inmediata;
- aportar información que consideren relevante y pertinente a las investigaciones;
- presentar y controvertir pruebas, incluidos testigos;
- participar e intervenir en forma activa en audiencias (si es el caso, a través de audiencias virtuales y videoconferencias);
- presentar y sustentar recursos;
- ser notificadas de las actuaciones a ser realizadas en las averiguaciones y en el proceso, con inclusión de la fecha de las audiencias o su aplazamiento y la fecha en que se emitirá decisiones y sentencia;
- contar con traducción para realizar las anteriores actuaciones en caso de necesitarla;
- contar con un sistema eficaz de protección para ellas, sus familiares y testigos, que incluya medidas de protección en las actuaciones procesales (por ejemplo, utilización de tecnología audiovisual, en particular las videoconferencias y la televisión de circuito cerrado, y la utilización de medios de transmisión de la voz).
¿Cómo crear un Mecanismo Transnacional de Búsqueda y Acceso a la Justicia?
- Creando una Fiscalía para personas migrantes. Ahí se concentrarán todos los delitos que investiga PGR en contra población migrante, como: desaparición, secuestro, trata y tráfico, homicidio, lesiones, robo y extorsión. De esta manera la información se concentrará en un solo lugar y esto permitirá establecer una política criminal integrar para investigar delitos cometidos contra esta población, con estrategias de combate a criminalidad transnacional. Al igual que la Fiscalía de Trata y la Unidad de Búsqueda, esta Fiscalía puede estar adscrita a la Subprocuraduría de DH. Hemos visto mayor sensibilidad en servidores públicos de esta área.
- Nombrar a un agregado para el Mecanismo Transnacional que tendrá su sede en Guatemala y actuará de manera itinerante en El Salvador, Honduras y Guatemala. Esta persona realizará algunas de las acciones transcritas arriba, pero también será el enlace político y jurídico con fiscales y procuradores de Centroamérica a fin de generar una comunicación directa y coordinada para los casos que se investigan. Aportará también a la Fiscalía la información de contexto que requiera para sus investigaciones.
- Crear una unidad de análisis y contexto adscrito a la Fiscalía para personas migrantes. Ellos ayudarán a determinar patrones de actuación, mapas criminógenos, modus operandi, zonas de actuación de grupos criminales que atacan a la población migrante y apoyarán con la información de contexto que se requiera para los casos concretos.
Pasos o etapa para la creación
- Acuerdo para la creación de la Fiscalía para personas migrantes y el mecanismo transnacional. Facultades de la Procuradora para realizar el nombramiento: artículo 14 de la LOPGR; artículo 4 f. VI y 5º del Reglamento de la PGR. Este acuerdo deja las bases iniciales para integrar la fiscalía y para que el agregado comience la recepción de denuncias. Se deja un transitorio para continuar con las bases de operatividad. En ese acuerdo se hace la declaratoria para que tanto la fiscalía como el mecanismo comiencen a actuar bajo los principios del sistema acusatorio.
- Nombramiento de Fiscal y Agregado encargado del mecanismo. Concentración en una sola área de todos los delitos cometidos contra personas migrantes.
- Conclusión de las bases operativas. Acuerdo por el cual se incorporan.
La Subprocuraduría de Derechos Humanos y la Fundación para la Justicia, en seguimiento a los acuerdos de la audiencia celebrada ante la CIDH están trabajando en estos instrumentos.
Recomendaciones de organismos internacionales de Derechos Humanos:
- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano crear una instancia especializada a nivel federal que se encargue de la investigación penal de los delitos y violaciones a sus derechos humanos en contra de migrantes, como se puede verificar en su publicación “Derechos humanos de los migrantes y otras personas en el contexto de la movilidad en México”, en la que se destaca que una instancia de este tipo permitiría a las personas migrantes y sus familiares, entre otros, “saber a dónde acudir, focalizar el fenómeno para su atención e investigación, colaborar en la búsqueda de migrantes desaparecidos y en la identificación de cadáveres y restos no identificados que pudiesen ser de migrantes, generar estadísticas confiables y permitiía un monitreo de los resultados por parte de la sociedad civil.
- La CIDH, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, recomendaron al Estado Mexicano implementar mecanismos de búsqueda de persoas migrantes desaparecidos, no localizados, secuestrados o bajo cualquier forma de privación de la libertad, coordinados con los países de origen y los países de destino, así como garantizar el relevamiento de la infromación ante mortem y su integración a la Base de Datos ante mortem-post mortem, trabajando conjuntamente con estos países para crear una base compartida de huellas, ADN, y otros datos genéticos de personas desaparecidas, al igual que una base de datos sobre restos no identificados, el Estado mexicano propicia los mecanismos y procedimientos adecuados y efectivos para cumplir con estas recomendaciones.
- El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en su informe CED/C/SR 1119, 120 Y 121 recomendó garantizar que las víctimas de las personas desaparecidas, independientemente del lugar en el que residan, tengan la posibilidad efectiva de obtener infromación y participar de las investigaciones y búsqueda de las personas desaparecidas.
En la reunión del 16 de octubre con el Procurador General de la República y representantes de los comités familiares de víctimas de El Salvador, Honduras, Guatemala y México. Se lograron los siguientes acuerdos: ampliación de temporalidad y competencia de comisión forense, se extiende a la ruta del migrante, y se acuerda comenzar a planificar la creación del mecanismo transnacional de acceso a la justicia; se acuerda también el apoyo de expertos internacionales para apoyar en estrategias jurídicas para investigaciones de graves violaciones a derechos humanos. A partir de su intervención se detectarán buenas prácticas para este tipo de investigaciones transnacionales.
El 8 y 9 de diciembre de 2014, en San Juan del Río, Querétaro, se llevó a cabo un Encuentro Regional de Fiscales Internacionales, organizado por la Fundación para la Justicia conjuntamente con la PGR, y apoyo de varios organismos donantes con el tema “Mecanismo transnacional de búsqueda y acceso a la justicia: Investigaciones de graves crímenes en contexto de macrocriminalidad”. Este encuentro resultó ser un espacio valioso de sensibilización y permitió la discusión de metodologías y elementos que se deben tomar en cuenta para el mecanismo, implicaciones o respuestas que debería contener. En particular permitió diseñar y discutir sobre el esquema normativo del mecanismo transnacional de acceso a justicia. Logró reunir altos expertos internacionales e involucró de manera participativa a la PGR y otros organismos institucionales que podrían estar involucrados directamente en la ruta de creación y acciones del mecanismo. El entonces Procurador General de la República aceptó públicamente su compromiso a crear el Mecanismo Transnacional en frente de representantes del Comité contra las Desapariciones Forzadas y del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, así como del Relator sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH.
El 20 de Marzo de 2015, durante la Audiencia Pública del 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las familias de personas migrantes desaparecidas hablaron de las dificultades que encontraron en las instancias de procuración de justicia en la búsqueda de sus seres queridos, desde la falta de investigación eficaz, a la negación del acceso o de la copia de los expedientes y el no reconocimiento de la calidad de víctimas. Se presentaron los avances y retos de la Comisión Forense para la identificación de restos de las masacres de San Fernando I y II y Cadereyta. Así mismo se expusieron los retos que enfrentan las víctimas migrantes cuando acuden a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Todos estos argumentos fueron reflejados en un informe de la sociedad civil enviado a la CIDH así como a las autoridades mexicanas.
La delegación mexicana reconoció su compromiso para crear un mecanismo transnacional para el acceso a la justicia para personas migrantes víctimas de graves violaciones a derechos humanos y de lesa humanidad así como para sus familias. Aunque el embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Emilio Rabasa, aseguró que la puesta en marcha de las discusiones para crear el mecanismo será cuestión de semanas, no ocultó que la fecha para que este funcione efectivamente no será tan pronta. “Tenemos que definir los mecanismos de recepción de las denuncias y del trámite de los mismos para que no nada más quede en llevar un papel a una oficina”, adujo. El diplomático anunció además su intención de proponer la habilitación de la Comisión de Asistencia a Migrantes (CAM) de la OEA, que consideró ha estado adormecida frente a este problema.
En seguimiento a la audiencia sobre desapariciones, el 30 de abril del 2015 familiares y víctimas se reunieron con la ahora Procuradora General de la República, Arely Gómez. En encuentro la PGR se comprometió a crear una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra migrantes así como un “plan efectivo de búsqueda” de centroamericanos desaparecidos que se encargará de integrar las indagatorias de “todos los delitos que investiga la PGR en contra de la población migrante como desaparición, secuestro, trata y tráfico, homicidio, robo, lesiones y extorsión”.
Tras aclarar que por el momento los casos se concentrarán en una Unidad especial, “en tanto se evalúan los requerimientos normativos y presupuestales de la Fiscalía”, se explica que esa oficina permitirá “establecer una política integral para investigar delitos cometidos contra esta población con estrategias de combate adaptadas para enfrentar una criminalidad de alcance trasnacional”.
Posteriormente, llegó la visita in loco de la CIDH, del 28 de septiembre hasta el 2 de octubre de 2015, los comisionados escucharon de viva voz, testimonios de personas migrantes y sus familias de Centroamérica y México. La visita estuvo encabezada por la Presidenta de la CIDH, Rose-Marie Belle Antoine, y los altos mandatarios de la Comisión Interamericana. Como el Primer Vicepresidente, James Cavallaro, las Comisionadas Tracy Robinson y Rosa María Ortiz; el Secretario Ejecutivo, Emilio Alvarez Icaza Longoria, entre otros.
Los comisionados visitaron los “focos rojos” del país, para recoger la mayor cantidad de datos y de testimonios que ayudaron a ampliar su panorama sobre lo que se vive día a día en México. Más allá de cualquier cifra gubernamental o institucional. Es por eso que el segundo lugar que visitaron después de la Ciudad de México, fue Guerrero, luego Veracruz (el estado con el mayor índice de periodistas asesinados y desaparecidos), y los estados fronterizos de Nuevo León y Coahuila.
El 2 de octubre de este año emitieron en su comunicado: “Observaciones Preliminares de la Visita in Loco de la CIDH a México” :
“En los casos donde sí hay denuncia, la respuesta de las autoridades presenta graves deficiencias. La CIDH recibió cientos de testimonios de personas que indican que no se activa con la inmediatez necesaria un mecanismo de búsqueda. Una mujer relató a la CIDH las dificultades que enfrentó para que le aceptaran la denuncia de la desaparición de su hijo, su esposo y otros dos familiares, quienes desaparecieron en Iguala en agosto de 2014. “Fueron desaparecidos por policías municipales, y fueron encontrados el 4 de octubre en seis fosas en Cerro Viejo. Tuvimos muchas dificultades para que nos aceptaran la denuncia el 14 de agosto de 2014. No se les buscó y no se les buscó”, dijo. “Nos preguntamos por qué nuestro gobierno sigue permitiendo tantas desapariciones y muertes”.