San Fernando, Tamaulipas, el horror de los migrantes
¿Qué sucedió en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas? ¿Cómo es que el hallazgo de 72 personas migrantes asesinadas, al aire libre en una bodega abandonada, destapó el horror, hasta entonces silencioso, de migrar por México?
El caso de la Masacre de 72 llegó a la Fundación con la convicción y la certeza de que esta atroz masacre era tan sólo la punta del iceberg de un fenómeno que no ha cesado.
A lo largo de 15 años hemos acompañado a las familias de 12 de las 72 víctimas, y hemos documentado su dolor, su lucha, su rabia, su paciencia e impaciencia.
Hemos sido testigos de la partida de algunos y algunas, quienes fallecieron sin saber la verdad, sin ver la justicia ni la reparación.
Este minisitio es un homenaje a todas las víctimas de aquel agosto de 2010, el recuerdo de esos días sigue resonando en las familias de quienes perdieron a quienes amaban.
Es un esfuerzo por no permitir el olvido y el silencio.
Juntos y juntas podemos romper con esos 15 años de impunidad.
Les invitamos a hacer un recorrido respetuoso en honor a las víctimas y sus familias.
San Fernando, Tamaulipas, el inicio
El 24 de agosto de 2010, se dio a conocer la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, como parte de los eventos que revelaron la grave situación de violencia y desaparición que azotaba el país, desde el inicio de la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Las 72 personas migrantes, 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas atadas y ejecutadas. Los hechos fueron atribuidos por el gobierno al crimen organizado, sin embargo permanecen muchas incógnitas respecto a las circunstancias de los hechos, del hallazgo, a los sobrevivientes y a la responsabilidad estatal.
Hasta el momento, 63 víctimas fatales han sido identificadas (originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil y la India).
En su momento, fueron consignadas 17 personas por los hechos, no obstante hasta el año 2021 se emitió sentencia en contra de dos implicados, por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos para uno de ellos y por delincuencia organizada y portación de arma de fuego para el otro.
En 2024, para el aniversario #14 realizamos una breve línea del tiempo animada en video.
El caso que vio nacer a la Fundación para la Justicia
La Fundación para la Justicia nace acompañando el caso de la Masacre de los 72 (2010) y el caso de las 48 Fosas Clandestinas de San Fernando (2011).
Aunque hay algunas sentencias, la verdad completa no ha sido esclarecida.
Lo que ocurrió en San Fernando no fue un hecho aislado, fue consecuencia de una violencia sistemática contra personas migrantes.
En Tamaulipas han tenido lugar, por lo menos, cuatro de las masacres ocurridas en los últimos 15 años en México en contra de personas migrantes, sin que se investigue con la debida diligencia y con un enfoque de macrocriminalidad la relación entre autoridades y las redes criminales (de narcotráfico, trata y tráfico de personas) que persisten al día de hoy.
Esta falta de investigación y acciones diligentes han permitido que sigan ocurriendo crímenes atroces como los de 72 de personas migrantes de San Fernando (2010); el hallazgo de Fosas Clandestinas con los restos de 195 personas (2011); el hallazgo de 49 torsos en Cadereyta (Nuevo León, 2012); la masacre de Güemez (2014) y la masacre de Camargo (2021).
La Comisión Forense
En agosto de 2013, nació la Comisión Forense, un mecanismo híbrido (gubernamental y no gubernamental) creado por iniciativa de organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, ante graves fallas y violaciones a derechos humanos en la identificación y entrega de restos de víctimas de tres masacres de migrantes en el norte de México: San Fernando, Tamaulipas (2010 y 2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012).
60 víctimas fueron identificadas y repatriadas previo a la Comisión Forense.
La Comisión Forense identificó 3 cuerpos:
- En julio de 2014. Víctima hondureña
- En abril de 2017. Víctima hondureña
- En abril de 2018. Víctima hondureña
En octubre de 2010, las autoridades tenían identificados 50 cuerpos y se comenzaron los procesos de repatriación de los mismos, sin que se dieran mayores explicaciones a las familias de las víctimas, ni documentación que sustentará las identificaciones establecidas.
Por otro lado, se les negó el derecho a ver dichos restos.
Además de que los cuerpos no fueron tratados adecuadamente, no se llevaron a cabo las identificaciones conforme los estándares y protocolos en la materia. En algunos casos, no se realizó la identificación mediante tomas de muestras genéticas y en otros, con una sola toma.
Hasta el momento, se han identificado a 63 de las 72 víctimas fatales de los hechos, y quedan 9 personas por identificar (8 hombres y 1 mujer).
Las voces de las víctimas
Los familiares de las víctimas han enfrentado no solamente la pérdida trágica y cruel de sus seres queridos, sino también el abandono institucional, la discriminación y maltrato estructural.
Para las autoridades, no estaba previsto que se les tuviera que dar explicaciones, rendir cuentas, permitir participar en los procesos legales y menos aún, dar acceso a la reparación del daño. Pero en nombre propio y de las demás víctimas, con el acompañamiento de organizaciones, colectivos y aliados, pelearon por el reconocimiento de sus derechos y el honor de sus seres queridos. Lucha que no ha terminado, sumándose a la de todas las víctimas de la violencia y la impunidad arraigadas en el país y la región.
Las familias lograron acceder a sus expedientes de investigación hasta el año 2019, casi una década después de los hechos, producto de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Sin olvidar que las familias no han recibido ningún tipo de reparación por parte de las autoridades mexicanas, ni el esclarecimiento de los hechos.
En 15 años no se ha podido responder (o no se ha querido) a la pregunta ¿por qué los asesinaron? ¿quiénes estuvieron involucrados?
Por esto es vital recordar y escuchar la voz de las familias, en 2024 realizamos estos audioramas para compartir con el público el sentir, el enojo y la fuerza de las familias.
El acompañamiento de las víctimas, un reto transnacional
Rosmery es nuestra coordinadora de la oficina en Guatemala. Su trabajo en este caso ha consistido en acompañar a las familias de víctimas Guatemaltecas en los procesos legales.
En esta entrevista, Rosmery nos cuenta cómo la transnacionalidad es un elemento importantísimo a considerar en los casos de violaciones a derechos humanos de migrantes en México.
La coordinación entre diferentes autoridades de diferentes países es fundamental para garantizar el acceso a la justicia ante estos crímenes tan atroces.
Un ejemplo de cooperación transnacional es la Comisión Forense.
Un mecanismo híbrido (gubernamental y no gubernamental) creado por iniciativa de organizaciones civiles de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, ante graves fallas y violaciones a derechos humanos en la identificación y entrega de restos de víctimas de tres masacres de migrantes en el norte de México: San Fernando, Tamaulipas (2010 y 2011) y Cadereyta, Nuevo León (2012).
Nació en agosto del 2013 mediante un convenio de colaboración firmado entre organizaciones no gubernamentales de 4 países y la entonces Procuraduría General de la República (ahora Fiscalía General de la República).
Gracias a ella se ha logrado la identificación de 97 de los 190 cuerpos que le fueron entregados a la Comisión de diferentes masacres de migrantes.
"Son más de 72", el símbolo de la violencia contra los migrantes
“Migrar no es un delito” y “Nadie es ilegal en el mundo” son las frases que se pueden leer en la base el antimonumento +72 que se encuentra en Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la Ciudad de México.
Esta escultura metálica de alrededor de 3 metros de altura, se encuentra frente a la Embajada de Estados Unidos.
Fue colocada por el colectivo de derechos humanos “más de 72”, junto a familiares de las víctimas en el año 2020 como un recordatorio de la falta de justicia para las víctimas migrantes a quienes se les arrebata la vida y sus sueños en el camino a Estados Unidos a través de México.
La Fundadora y ex directora de la Fundación para la Justicia, Ana Lorena Delgadillo, nos cuenta cómo fue ese día, qué emociones se vivieron, cómo surgió la idea y qué representó este logro que es visible para quien transita esta gran avenida que está decorada por otros monumentos contra la impunidad, esculturas y flores de nochebuena en diciembre.
Fotos: Fundación para la Justicia
No son hechos aislados
Hechos como los de la Masacre de 72 migrantes se enmarcan en un contexto de violencia sistemática contra migrantes en la región.
Además de los grupos criminales, se ha señalado la necesidad de investigar a otros actores, como las empresas de transporte, las autoridades que están en contacto con los migrantes, etc.
La investigación debe servir para determinar quién tiene responsabilidad por acción o por omisión.
La investigación debe ser integral
Este tipo de crímenes requiere un enfoque de macrocriminalidad, es decir, entender los hechos como parte de un fenómeno complejo donde intervienen múltiples actores.
7 meses después de la masacre, se encontraron casi 200 cuerpos de personas migrantes en el caso que conocemos como Fosas Clandestinas, también en San Fernando, Tamaulipas.
Este patrón demuestra que la violencia contra migrantes no se limita a un solo evento, sino que es un problema estructural en la región.
Dos sentencias, pero sin verdad completa, ni reparación, ni verdadera justicia
Colectivos de víctimas y organizaciones como la Fundación para la Justicia han propuesto comisiones de la verdad o de investigación independientes.
Estas deben contar con expertos nacionales e internacionales y garantizar imparcialidad y enfoque en derechos humanos.
Su objetivo es esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades donde las investigaciones tradicionales no han logrado avances.
Reforma institucional y fiscalías efectivas
Para lograr justicia a largo plazo, es imprescindible transformar la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, asegurando su funcionamiento eficiente y transparente.
Mientras estas instituciones se fortalecen, los instrumentos extraordinarios siguen siendo fundamentales para avanzar en la verdad y la justicia.
Impunidad y sentencias limitadas
A 15 años de los hechos, solo se han dictado dos sentencias condenatorias, pero no por los homicidios de las víctimas migrantes.
Los delitos sentenciados incluyen delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército. Esto deja un vacío sobre la responsabilidad en la privación de libertad y la muerte de las víctimas.
Se necesitan instrumentos extraordinarios que permitan un enfoque integral, combinando macrocriminalidad y derechos humanos, y garantizando independencia hacia las víctimas.
Cada año que pasa sin decisiones institucionales efectivas hace más difícil alcanzar justicia y esclarecer la verdad.
