La justicia no debe tener fronteras ni estar sujeta a influencias, intereses, poder o dinero. El acceso a la verdad, justicia y reparación es un derecho humano universal e irrenunciable, para todas las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, sin discriminación.

En un Estado Democrático de Derecho, el acceso a la justicia implica garantías de participación ciudadana y transparencia en el acceso de la información, en la toma de decisiones, así como en los procesos de selección y nombramiento de altos funcionarios.

Las víctimas y la sociedad tienen derecho a participar en las acciones de búsqueda, investigación y no repetición, y a contar con la asistencia y reparación correspondientes.

La perpetuación de la impunidad en casos de graves violaciones a derechos humanos envía el mensaje de permisividad, fomenta la repetición de hechos e impide avanzar en el combate a los fenómenos criminales violatorios de derechos humanos, y causas estructurales de los mismos.