Las personas en migración son un grupo altamente vulnerable a violaciones graves a sus derechos humanos y delitos, como la desaparición, la ejecución, el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, por parte tanto de redes de delincuencia como de instituciones y agentes estatales.
La discriminación institucional hacía los migrantes y sus familiares ha limitado históricamente su acceso a la protección y justicia. Casos de macrocriminalidad y de carácter transnacional, como la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010), el hallazgo de 196 cuerpos en 48 fosas clandestinas en ese mismo municipio un año más tarde (2011), la llamada masacre de Cadereyta, Nuevo León (2012) y la masacre de Güémez, Tamaulipas (2014) siguen impunes y las familias de las víctimas, sin reparación. Dichos casos son reflejo de la preservación de los grandes intereses económicos generados por el tráfico y la trata de personas migrantes y complicidad estatal en dicho fenómeno.
Fundación para la Justicia pugna por nuevos modelos de búsqueda e investigación en casos de personas migrantes desaparecidas y ejecutadas, así como por la necesaria asistencia técnica internacional a los órganos de procuración de justicia, para enfrentar y revertir la impunidad endémica en esos casos, además de una mayor y mejor colaboración entre los países de origen, tránsito y destino de las personas migrantes, entendiendo la dimensión regional y transfronteriza de la problemática.
