En México, desde hace años, la violencia contra migrantes es sistemática, comúnmente son víctimas de secuestros, desapariciones, extorsiones, ejecuciones, masacres, reclutamiento forzado, trata y tráfico de personas.

En 2010 y en 2011, fueron encontrados en Tamaulipas restos de 72 y 65 cuerpos de migrantes fallecidos, después en 2012, en Cadereyta, Nuevo León se localizaron torsos de 49 personas en fosas clandestinas, posteriormente se han hallado otras fosas y restos de migrantes. 

Las desapariciones de migrantes se siguen cometiendo, de manera individual o masiva. El gobierno mexicano no ha cumplido las recomendaciones de organismos internacionales, para buscar, investigar, identificar, prevenir y evitar las desapariciones. Las masacres y desapariciones de migrantes permanecen en la impunidad, y las familias no conocen las causas ni quienes cometieron esos crímenes atroces. 

En abril de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) resolvió que hay indicios suficientes para pensar que en México las desapariciones se cometen de manera generalizada y sistemática, es decir, que hay crímenes de lesa humanidad, por lo que decidió enviar el caso al máximo órgano de la ONU, la Asamblea General (AG), para colaborar con el gobierno mexicano para detener la crisis de desapariciones. Actualmente el caso está en estudio en la Asamblea General.

El 11 de mayo de 2026, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe “Desapariciones en México” que coincide con el informe del CED en la crisis de desapariciones que enfrenta el país y describe la colusión entre grupos criminales y servidores públicos.