Carta abierta al Estado mexicano ante posible instalación del programa “Quédate en México”

04 de febrero de 2026
Asunto: El Estado mexicano debe rechazar la reimplementación del programa MPP
(“Quédate en México”)

Dra. Claudia Sheinbaum Pardo
Presidenta Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Dr. Juan Ramón de la Fuente
Secretario de Relaciones Exteriores
Lic. Sergio Salomón Céspedes
Comisionado del Instituto Nacional de Migración

Las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos de la población en movilidad que suscribimos el presente nos dirigimos a ustedes para expresar nuestra profunda preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno de México acepte o colabore con el Gobierno de Estados Unidos en una nueva implementación del programa Migrant Protection Protocols (MPP, por sus siglas en inglés), conocido como “Quédate en México”.

En 2025, con la llegada de una nueva administración en Estados Unidos, se emitió la orden ejecutiva titulada “Asegurando nuestras fronteras”, la cual introdujo cambios sustantivos en las políticas de control fronterizo al priorizar medidas de detención y disuasión. Entre estas disposiciones se contempla el restablecimiento del MPP, un programa que como es de su conocimiento, obliga a las personas solicitantes de asilo a permanecer en territorio mexicano —frecuentemente en condiciones de alto riesgo— mientras sus casos son tramitados ante las cortes estadounidenses, con un acceso severamente limitado a representación legal.

La reactivación del MPP fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aunque sin especificar una fecha para el reinicio formal de sus operaciones. Posteriormente, en julio de 2025, un juez de distrito determinó que la actual administración estadounidense podría reanudar parcialmente el programa mientras el tribunal evaluaba sus argumentos, lo que abriría la posibilidad de que el Departamento de Seguridad Nacional retornará a ciertas personas a México bajo este esquema.

Esta resolución fue impugnada por organizaciones de la sociedad civil y el caso continúa en litigio. En días recientes, diversas fuentes han advertido que la administración estadounidense podría retomar las deportaciones en el marco del MPP, incluyendo perfiles de alto riesgo, como familias con niñas, niños
y adolescentes detenidos en el interior del país o con procesos migratorios en curso, y no únicamente personas ubicadas en la frontera con México.

Advertimos que la restauración de este programa agravaría de manera significativa la ya precaria situación de derechos humanos entre México y Estados Unidos. Como ha sido ampliamente documentado —e incluso reconocido por autoridades estadounidenses al justificar el fin de su implementación—, el MPP expone a personas con necesidad de protección internacional a riesgos graves, entre ellos secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y otros abusos, además de vulnerar su derecho a solicitar asilo y a contar con un debido proceso.

Durante su primera implementación, entre 2019 y 2021, aproximadamente 70 mil personas fueron devueltas a México sin que existieran medidas adecuadas para atender su situación de especial vulnerabilidad, sus necesidades específicas ni garantizar el respeto a sus derechos humanos. Esta falta de salvaguardas dejó a miles de personas sin acceso efectivo a derechos básicos como la salud, la educación de niñas y niños, y el trabajo formal. Diversos organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil documentaron que una de las principales consecuencias de esta política fue la exposición sistemática de las personas retornadas a redes del crimen organizado en distintas regiones del territorio mexicano, colocándolas en un estado de indefensión frente a ambos países. Entre las
violaciones más graves se registraron hechos de violencia, secuestros y desapariciones forzadas, quemaduras con ácido, fracturas y palizas, así como múltiples formas de violencia basada en género, en particular violencia y abuso sexual contra mujeres y niñas de todas las edades.

Si bien el MPP fue suspendido durante la administración estadounidense anterior, una orden judicial federal de ese país permitió su reinstalación, lo que derivó en que, entre diciembre de 2021 y agosto de 2022, otras 7,505 personas solicitantes de asilo fueran devueltas a México bajo este programa, lo cual
derivó nuevamente de violaciones a los derechos humanos.

Es fundamental subrayar que la implementación del MPP requiere necesariamente del consentimiento y la coordinación del gobierno de México. En este sentido, recordamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en Revisión 302/2020, reconoció la responsabilidad de las autoridades mexicanas por no haber establecido protocolos ni lineamientos para la recepción de personas retornadas desde Estados Unidos bajo una política migratoria con perspectiva de género, de infancia y de discapacidad. En dicha resolución, se ordenó expresamente a las autoridades abstenerse de recibir a personas migrantes devueltas sin la previa publicación, en el Diario Oficial de la Federación, de lineamientos que garanticen medidas de protección, emisión de documentación migratoria y el acceso efectivo a derechos.

Asimismo, advertimos que el MPP constituye una política de externalización del control migratorio y de coerción por parte del gobierno de Estados Unidos, al transferir responsabilidades internacionales de protección a un país que no ha garantizado condiciones adecuadas de seguridad, protección ni acceso a derechos para las personas devueltas. Esta práctica resulta contraria a los principios de cooperación internacional, no devolución y al derecho internacional de las personas refugiadas.

Por lo anterior, y con el fin de salvaguardar la seguridad, la dignidad y los derechos humanos, le exhortamos a rechazar de manera categórica cualquier reimplementación del programa MPP y a observar estrictamente lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 302/2020.

El Estado mexicano tiene la obligación constitucional e internacional de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin discriminación alguna. La reimplementación del MPP podría resultar incompatible con estos compromisos y con una política migratoria basada en el humanismo, los derechos humanos y un enfoque interseccional. Reiteramos nuestra disposición a contribuir de manera constructiva a un diálogo bilateral con Estados Unidos que garantice la protección efectiva de las personas en contextos de movilidad.

Atentamente,

Organizaciones de la sociedad civil firmantes:

1. Al Otro Lado
2. AMUMRA – Asociación Civil de Derechos Humanos Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina
3. Asociación de Venezolanos en México (Venemex)
4. Asylum Access Mx
5. Bloque Latinoamericano sobre Migración: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Comisión Argentina
   para los Refugiados y Migrantes (CAREF), Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina, Cáritas Brasileira,
   Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante – CDHIC – Brasil, Instituto Migrações e Direitos
   Humanos, Clínica Jurídica de Migrantes y Refugiados de la Universidad Diego Portales-Chile,Fundación de
   Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), Secretariado Nacional de Pastoral Social-Caritas Colombia,
   Servicio Jesuita a Refugiados Ecuador (SJR-Ecuador), Asociación Comité de Familiares de Migrantes
   Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE) – El Salvador, Cristosal, Advancing Human Rights in
   Central America – El Salvador, Asociación RUMIÑAHUI. Red de Ecuatorianos en Europa, Centro de Atención
   y Desarrollo Integral Migrante (CADIM), Federación Zacatecana de Migrantes, Latinas en el Poder, National
   Network for Immigrant and Refugee Rights (NNIRR), South Texas Human Rights Center (El Centro de
   Derechos Humanos Del Sur de Texas), Coalición de Derechos Humanos, Tucson, Arizona, Asociación
   Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud (ACCSS), Asociación de Familiares de Migrantes
   Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG), Asociación Pop No’j – Guatemala, Equipo de Estudios
   Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Grupo Articulador de la Sociedad Civil en Materia Migratoria para
   Guatemala, Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG), Action Secours
   Ambulance (ASA), Asociación Hermanas Scalabrinianas/Pastoral de Movilidad Humana, Plateforme des
   Organisations Nationales et Territoriales de la Societe Civile Haitienne (PONT-SCH) – Haití, Comisión de
   Acción Social Menonita (CASM)- Honduras, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de
   Honduras (COFAMICENH)-Honduras, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Progreso
   (COFAMIPRO)- Honduras, Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (FONAMIH)- Honduras,
   Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH)- Honduras, Asylum Access México. (AAMX)
   – México, Casa del Migrante de Saltillo (CDMS)- México, Casa Monarca Ayuda Humanitaria al MigranteMéxico,
   Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena (CAFAMI)- México, Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHM)- México,
   Estancia del Migrante González y Martínez- México, FM4 Paso
   Libre-México, Formación y Capacitación (FOCA)-México, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura
   del Diálogo (ICPCD)- México, Iniciativa Kino A. C, Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)- México,
   Proyecto de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales A.C (Prodesc)-México, Red Pedro Pantoja
   Zona Norte- México, Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM)-
   México, Red de Mujeres del Bajío AC-México, Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas
   Autónomas. A.C. (UNORCA A.C.), Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, Servicio Ecuménico para
   la Dignidad Humana (SEDHU), CTA de Trabajadores, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de
   Derecho (FJEDD), Red de las Américas sobre Nacionalidad y Apatridia (Red ANA), Red Mesoamericana Mujer
   Salud y Migración (RMMSYM)- México y Centroamérica, Living Water Community, Red Jesuita con Migrantes
   Latinoamérica y el Caribe (RJM LAC)-Regional, Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
   (RESAMA)- Regional, International Detention Coalition (IDC)- Regional/Global, Red Internacional de
   Migración y Desarrollo (RIMD).
6. Casa Nicolás
7. Casa del Migrante Frontera Digna
8. Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7
9. Centro de Atención Integral a la Mujer Guatemala (CAIM)
10. CHIRLA MÉXICO – Coalición Pro Derechos Humanos del Inmigrante, A.C.
11. Clínica Jurídica “Alaíde Foppa” para Personas Refugiadas Universidad Iberoamericana
12. Colectiva Narrando Fronteras desde los Feminismos
13. Colectivo Migrar Cuidando
14. Comisión de Acción Social Menonita (CASM)
15. Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento – CODHES, Colombia.
16. Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA)
17. Escuela Ruta Migrante
18. Florence Immigrant & Refugee Rights Project
19. Fundación Cristosal
20. Fundación Humano y Libre
21. Fundación para la Justicia
22. Fundación Scalabrini de México, AC
23. Global Exchange
24. Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria-GTPM: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; American Friends
    Services Committee; Apoyo a Migrantes Venezolanos, A.C.; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del
    Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena, CAFAMI;
    Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
    los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción,
    A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura
    del Diálogo, A.C.; Paso de Esperanza A.C.; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Sin
    Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Refugiados; SMR Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados; Leticia
    Calderón, Analista en temas migratorios; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Gloria Ciria Valdéz Gardea,
    fundadora y coordinadora del Seminario Niñez Migrante; IDC International Detention Coalition
    (Observadoras). Melissa Vertiz Hernández, secretaria técnica.
25. Hope Border Institute – Instituto Fronterizo Esperanza
26. Human Rights First (HRF)
27. Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)
28. International Refugee Assistance Project (IRAP)
29. Justice in Motion
30. Latin America Working Group (LAWG)
31. Latinas en Poder
32. Mujeres colombianas en México
33. Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Migrações, Mobilidades e Gestão Contemporânea de Populações – MIGRA (UFPE/Brasil)
34. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
35. Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
36. Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos
37. Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM)
38. Refugees International
39. Resama – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales
40. Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados-SMR
41. The Center for Engagement and Advocacy in the Americas (CEDA)
42. Tochan-Sueños y Realidades A.C.
43. Unitarian Universalist Service Committee
    Personas defensoras de derechos humanos y a título individual:
44. Alejandra Reyes
45. Alberto Quiroz Ávila
46. Amarela Varela Huerta
47. Ana Kromberg
48. Ana Paula Bucio Pérez
49. Diana Vázquez Morán
50. Evelyne Sinquin Feuillye
51. Francisco J D Angelo Ohep
52. Gabriela Hernandez Chalte
53. Julia Ferreira Scavitti
54. Kelly Johana Henao Castrillón
55. Leticia Calderon Chelius
56. Liliana Martinez
57. Manuel Ángel Castillo
58. Maricela Reyes Diaz
59. May-ek Querales Mendoza
60. Mon Bustamante
61. Mónica Salmón Gómez
62. Sandra Milena García Betancur
63. Tania Meredith Maldonado Flores