México, 11 de enero de 2026
El Comité del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Comité de Derechos Humanos)
revisará en su Sesión 145 (02 mar. 2026 – 19 mar. 2026) en Ginebra el informe periódico de México. Ante
la convocatoria del CDH, un grupo de organizaciones mexicanas preparó un informe sobre diversos temas
de preocupación que, vistos en conjunto, configuran un peligroso escenario para la democracia y el
ejercicio libre de los derechos en México.
Las violaciones generalizadas a los derechos humanos no son nuevas en México. Así lo han constatado el
Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura en sus informes de 2014 y 2017; la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en 2015; el Sub-Comité para la Prevención de la Tortura en 2018;
el Comité contra la Tortura en 2019; el Comité de Desaparición Forzada desde 2015 hasta la fecha y el
Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en 2024, entre otros. Sin embargo, recientemente se ha
aprobado una serie de leyes y reformas que menoscaban la garantía de derechos, la rendición de cuentas y
los contrapesos al poder, tres elementos fundamentales para una democracia sana. Los cambios más
profundos tuvieron lugar durante 2024 y 2025, a partir de una sobrerrepresentación política en el
Congreso de la coalición en el poder, cuestión que ha reducido drásticamente los incentivos para el debate
público y la deliberación democrática. Como se detalla en el informe, el alcance de estas modificaciones
genera condiciones sistémicas para el abuso de poder y el autoritarismo.
El informe destaca las afectaciones a la garantía de derechos en los siguientes temas: la reforma al
amparo; la vigilancia digital; la vigilancia militarizada; los ataques a la libertad de expresión; el aumento
en el uso y abuso de la prisión preventiva oficiosa; los malos tratos y tortura que viven las personas
privadas de la libertad dentro del sistema penitenciario, así como el maltrato que padecen las personas
migrantes durante su tránsito por México. Asimismo, analiza las maneras en las que la reforma al poder
judicial, los retrocesos en transparencia y las restricciones fiscales y operativas para las organizaciones de
la sociedad civil han supuesto un deterioro de los pesos y contrapesos democráticos. Finalmente,
resalta la falta de rendición de cuentas asociada con la profundización de la militarización, así como la
persistente impunidad, ejemplificada en el fenómeno de la desaparición generalizada de personas.
La falta de garantía de derechos, de rendición de cuentas y de contrapesos al poder reta a la soberanía
popular y, con ello, a la democracia. La impunidad traducida en aquiescencia ha permitido la corrupción,
la masificación de la violencia y el crecimiento desmedido del crimen organizado, que actualmente
controla vastos territorios del país desplazando al Estado de derecho. Desconocemos si esta situación es la
que ha dado pie a generar acciones de mano dura y autoritarias para combatirlo pero, en todo caso,
reafirmamos la convicción en los derechos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana,
apostando por superar esta crisis de violencia con más derechos, más contrapesos y más rendición de
cuentas, no con menos. El informe detalla que el riesgo de estos cambios sistémicos radica en abrir las
puertas a un régimen autoritario que puede llegar a cristalizarse en una próxima reforma electoral, ahora
en proceso, que bajo esta tendencia atente contra una representación política plural y efectiva.
Ante esta situación, y a efecto de que el Estado mexicano cumpla con sus compromisos en materia de
derechos civiles y políticos, instamos a que el Comité le solicite adoptar medidas concretas,
verificables y con plazos definidos y razonables para implementar las siguientes recomendaciones:
- Ley de Amparo y progresividad de derechos humanos. Revertir la reforma a la Ley de Amparo que
limita la protección de los derechos humanos, mediante la presentación de una iniciativa legislativa
respaldada por consultas públicas con personas expertas y sociedad civil, garantizando el principio de
progresividad y fortaleciendo los mecanismos de defensa legal de la población. - Autonomía y contrapesos institucionales. Aprobar reformas que garanticen la independencia del
Poder Judicial, las Fiscalías y el órgano garante de transparencia, mediante mecanismos claros de
autonomía, procesos de designación transparentes y sistemas de rendición de cuentas, fortaleciendo los
contrapesos democráticos y reduciendo riesgos de concentración y abuso de poder. - Rendición de cuentas de autoridades y partidos políticos. Establecer un marco legal que obligue a
partidos políticos y autoridades a rendir cuentas a través de sistemas públicos de fiscalización e informes
periódicos verificables, con el fin de reducir la discrecionalidad y corrupción política, fortaleciendo la
confianza ciudadana en las instituciones. - Regulación militar en seguridad pública. Revertir la reforma constitucional y establecer un plan para
el retiro paulatino del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y apoyo a la
administración pública, estableciendo límites, requisitos, controles civiles y mecanismos de supervisión
externos para prevenir abusos y militarización, y fortaleciendo a las fuerzas de seguridad civiles. - Derechos humanos y fuerzas armadas. Implementar protocolos obligatorios de derechos humanos
para las fuerzas armadas, junto con mecanismos civiles de supervisión y transparencia presupuestaria y
operativa, garantizando el respeto a la legalidad, la seguridad pública y el control democrático sobre la
función militar. - Prevención de tortura y supervisión penitenciaria. Establecer mecanismos independientes de
supervisión, monitoreo, indicadores de evaluación y reportes periódicos para vigilar el cumplimiento de
obligaciones penitenciarias y de prevención de la tortura, fortaleciendo el control público y la
transparencia en centros de detención de todo tipo. - Cooperación internacional en desaparición forzada. En el marco del Artículo 34 de la Convención
para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, formalizar acuerdos de
cooperación con el Comité contra la Desaparición Forzada y a la Asamblea General de Naciones Unidas
estableciendo mecanismos extraordinarios independientes que informen de manera periódica a las partes,
para fortalecer las obligaciones del Estado en materia de prevención, atención y justicia para víctimas y
garantizando el cumplimiento del artículo 34 de la Convención. - Eliminación de prisión preventiva oficiosa. Eliminar del marco constitucional la prisión preventiva
oficiosa, reducir sustantivamente el uso de prisión preventiva en todas sus modalidades mediante
reformas legales y administrativas, y mejorar condiciones penitenciarias para garantizar el debido proceso
y el respeto a la dignidad de las personas detenidas.9. Protección de datos personales. Garantizar la protección de datos personales mediante controles
judiciales estrictos, protocolos de manejo de información y sanciones claras ante abusos, fortaleciendo el
derecho a la privacidad y la confianza ciudadana en el uso responsable de información pública y privada. - Participación de la sociedad civil. Crear un andamiaje legal e institucional que garantice la
participación activa de organizaciones de la sociedad civil en el diseño, ejecución y evaluación de
políticas públicas orientadas a poblaciones vulnerables, fortaleciendo la democracia participativa y la
inclusión social. - Política migratoria con enfoque humanitario. Reformar la política migratoria para incorporar un
enfoque humanitario y de derechos humanos mediante la participación directa de personas migrantes y
organizaciones especializadas en todo el proceso de diseño e implementación, asegurando la protección
integral de esta población.
El informe, publicado por al Comité de Derechos Humanos, fue realizado por diversas organizaciones
de la sociedad civil mexicana, expertas en su campo: Artícle 19, oficina para México y CA; Asistencia
Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL); Comunicación e Información de la Mujer A.C
(CIMAC); Consultora Solidaria; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho;
Intersecta, Organización para la Igualdad AC; Manifiesta Tu Ciudadanía; México Evalúa; y a título
personal la académica Elena Azaola. Fue coordinado y editado por un equipo de Consultora Solidaria.
Se adhirieron las siguientes organizaciones: Article 19, Oficina para México y CA; Asistencia Legal
por los Derechos Humanos (ASILegal); Casa del Migrante de Saltillo – Frontera con Justicia AC; Centro
de Derechos Humanos de las Mujeres AC; Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas
AC; Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP; Centro de Justicia para la Paz y el
Desarrollo, A.C. (CEPAD); Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC; Ciudadanos en
Apoyo a los Derechos Humanos AC (CADHAC); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC); Instituto para
las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI); Instituto para la Seguridad y la Democracia AC (Insyde);
Comunicación para la Inclusión, AC; Colectivo De Pie Hasta Encontrarte, Guanajuato; Consultora
Solidaria SC; Defensores por la Justicia AC; Foro para el Desarrollo Sustentable AC; Fuerzas Unidas por
Nuestros Desaparecidos en Coahuila (FUUNDEC); Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en
Nuevo León (FUNDENL); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C.
(FJEDD); Global Exchange; Intersecta, Organización para la Igualdad AC (Intersecta); Justicia
Transicional MX; Justicia Transicional en México AC; Manifiesta Tu Ciudadanía; México Evalúa;
México Unido Contra la Delincuencia AC (MUCD); Organización Comunitaria por la Paz AC (OCUPA);
Práctica: Laboratorio para La Democracia; Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM); Red
Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”;
Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA; Servicios de Inclusión Integral y Derechos
Humanos (SEIINAC); SAC Consultoría para la Construcción de Paz; Tejiendo Redes Infancia; y las
siguientes personas: Andrea Santiago; Alberto Solís Castro; Clara Jusidman; Diana Candelaria Iris
García; Elena Azaola; Guadalupe Fernández Martínez; Irene Silos Silva; Jacobo Dayán; José Antonio
Robledo Chavarría; Lesly González; Luis F. Fernández; María Dolores Soto y Álvarez; María Luisa
Lazarín; María Sandra Beatriz Mercado Sánchez; Marisol Méndez Cruz; Michael W Chamberlin; Paola
Zavala Saeb; Ramón Martínez Coria; Rafael Castelan Martínez; Santiago Corcuera Cabezut.
Para cualquier asunto relacionado con este informe, escribir a contacto@consultorasolidaria.org
