Con profunda preocupación vemos que la libertad e independencia de las investigaciones relacionadas a la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en el año 2014, están bajo amenaza por injerencias externas.
Así lo demuestra la repentina renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la Fiscalía General de la República (FGR), quien venía haciendo un trabajo independiente, acompañado del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), las familias y las organizaciones. Esto, después de que se diera a conocer que la FGR canceló 21 órdenes de aprehensión, que había solicitado en agosto pasado, contra servidores públicos, posiblemente involucrados en la desaparición de los normalistas; 16 de ellos eran militares, entre ellos, Rafael Hernández Nieto, comandante del 41 Batallón de Infantería en Iguala, en el momento del ataque contra los estudiantes de Ayotzinapa, como divulgaron distintos medios de comunicación.
