- Francisco G. Y. no se presentó y se difirió la audiencia, sin fecha de programación y sin que haya una sanción. Unas horas antes llamó al juez para que su participación fuera en línea, en un acto visible de indiferencia por el proceso.
Ciudad Juárez,Chihuahua, 01 septiembre de 2026.- Hoy, el sistema de justicia, las personas sobrevivientes y las familias de las víctimas del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez recibieron un nuevo y doloroso revés, Francisco G. Y., excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), decidió no presentarse a la audiencia en la que se definiría su situación jurídica.
Tras 18 meses, el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, encargado del caso, iba a evaluar si el funcionario había cumplido con las condiciones que se le impusieron para otorgarle la suspensión condicional de su proceso por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. El objetivo de G. Y. con este recurso era eximirse de toda la responsabilidad penal por la tragedia ocurrida la noche del 27 de marzo de 2023. Un incendio evitable en el que 40 hombres perdieron la vida, 27 más resultaron con lesiones permanentes y 15 mujeres sobrevivieron, sin que a la fecha sean reconocidas como víctimas por el Estado mexicano.
Como parte de la audiencia programada, durante la identificación de las víctimas asistentes, vía remota, una representante familiar de una víctima fallecida de Guatemala revocó la asesoría jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ante la falta de acompañamiento real y protección de sus derechos a la información y la justicia, otorgando la representación a las organizaciones que acompañamos a las otras familias y sobrevivientes.
Para los diez sobrevivientes y los diez núcleos familiares de víctimas fallecidas a quienes representamos, la inasistencia de Francisco G. Y. no es un simple contratiempo de agenda, es una demostración de desprecio absoluto por un proceso judicial que él mismo solicitó y una enorme falta de respeto para quienes perdieron la vida, para las y los sobrevivientes, sus familias y para los países de origen que siguen esperando respuestas.
Lejos de tomar medidas contundentes ante este desplante, el juez optó por diferir la audiencia, sin fijar una nueva fecha y sin imponer ningún tipo de sanción al excomisionado por su ausencia. La falta de sanción por parte del juez manda un mensaje claro y doloroso: en México, la justicia es selectiva, pues a ninguna de las personas imputadas por esta tragedia se le ha dado el trato de privilegio y permisividad, amparada por el Estado mexicano, que hoy se le reserva al excomisionado del INM.
Desde las organizaciones seguiremos acompañando a las víctimas en su exigencia de verdad, justicia y reparación integral del daño. No quitaremos el dedo del renglón hasta que la impunidad deje de ser la regla. Las víctimas del incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez merecen que no existan distinciones de poder.
