Comunicado de prensa – 01 de julio de 2015
- Finalmente la familia ve que se abre una nueva puerta para la justicia.
- Este caso le permitirá a la Suprema Corte seguir desarrollando su jurisprudencia sobre los protocolos que el Ministerio Público debe atender al investigar un caso de feminicidio[1].
- La Corte decidirá hasta dónde llega la protección para las víctimas cuando se violan derechos humanos en la etapa de la investigación.
- Abordará otro aspecto de la violencia feminicidia, la cometida dentro del ámbito laboral.
En las primeras horas del domingo 28 de octubre del 2012, en la discoteca Play, en San Luis Potosí, S.L.P., el hermano de Karla Pontigo, Fernando, la esperaba como cada fin de semana a que ella concluyera su jornada de trabajo en dicha discoteca. Para esas horas Karla yacía en un charco de sangre dentro del local. Ella le alcanzó a decir: ¡ayúdame! Karla no volvió a recuperar el conocimiento, a las pocas horas le amputaron una pierna por la profundidad de la lesión que presentaba y a la 01:15 hrs. del lunes falleció.
La necropsia, practicada ese mismo día, dictaminó 11 tipos de lesiones exteriores (que individualizadas representan alrededor de 39), entre ellas lesiones en genitales, el ojo, labio y cráneo así como diversas lesiones punzocortantes. La versión del ministerio público fue que ella chocó contra una puerta de cristal y se ocasionó “accidentalmente” estas lesiones. El caso fue consignado como homicidio culposo a pesar de que debió investigarse como feminicidio, no solo por todas las pruebas que había alrededor de los hechos sino por la violencia y hostigamiento que ella vivió en el ámbito laboral. Durante la investigación se cometieron múltiples violaciones e irregularidades: no se tomó en consideración que Karla tenía heridas defensivas y propias de un ataque sexual, el ministerio público se presentó en el lugar de los hechos 38.5 horas después de que éstos hechos ocurrieron, no hubo una debida preservación de la escena ni resguardo del lugar entre otras cosas, no se investigó con perspectiva de género; el juicio que se lleva a cabo por homicidio culposo representa una farsa para la familia.
La madre de Karla, doña Esperanza Lucciotto, trató por todos los medios que le permitieran participar como víctima en la investigación. No tuvo esa posibilidad. El ministerio público se presentó en el hospital donde Karla llegó aún con vida –pero inconsciente- solo para presionarla a que donara sus órganos y cremara sus restos.
El día de hoy se abre una nueva puerta para la señora Esperanza y para Fernando: la Suprema Corte de Justicia decidió por unanimidad de votos atraer el caso para verificar si el ministerio público cumplió con los estándares ya establecidos para la investigación del feminicidio, pero también para verificar si se cumplieron con los estándares nacionales e internacionales que rigen en nuestro país para garantizar un recurso efectivo y el acceso a la justicia para los familiares de las víctimas (SEFA 429/2014). El caso trae esperanza no solamente para la familia de Karla, sino para muchas víctimas que son ignoradas por el ministerio público en la etapa de la investigación, violando su derecho a participar y coadyuvar efectivamente en la misma, violando su derecho a la justicia, a la verdad y a la reparación integral.
La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, no solo no investigó de manera efectiva el caso, sino que impidió que la madre de Karla tuviera acceso al expediente y llevara a cabo de manera adecuada, el ejercicio de sus derechos, maltratándola y victimizándola. Fue víctima de burlas por parte de los servidores públicos de dicha institución que debieron orientarla. Le decían que si ella era perita o experta cuando solicitaba que se investigaran bien las lesiones que claramente no fueron causadas por una puerta de cristal sino por un arma “punzocortante”, como se lo refirieron a ella los paramédicos y médicos que atendieron su hija en el hospital.
Ahora la señora Esperanza y Fernando enfrentan otro escenario: ha logrado llegar a la máxima instancia de protección a los derechos humanos en el país y esperan que por fin, la justicia llegue.
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho acompaña la representación del caso junto con los abogados de San Luis Potosí, Marco Barrera y Felipe Delgadillo, quienes han apoyado a la señora Esperanza y a su familia en su lucha por la justicia.
[1] Este desarrollo inició con el caso de Mariana Lima, también víctima de feminicidio, resuelto por la Suprema Corte en su sesión de 25 de marzo de 2015.
