La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) expresa su máxima solidaridad con los familiares de las víctimas de la masacre de La Cantuta, y estando a 27 años de la ejecución extrajudicial y desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, deseamos manifestar lo siguiente:
1. La lucha de los familiares por encontrar justicia es un ejemplo que impulsa a toda la región. El caso La Cantuta es internacionalmente reconocido por los excepcionales logros que los familiares han logrado, acompañados paulatinamente por muchos sectores de la sociedad peruana, para alcanzar verdad, justicia, sanción y medidas de no repetición ante el crimen de sus seres queridos. Desde la lucha contra las leyes de amnistía, los esfuerzos por lograr la extradición de Alberto Fujimori quien viene cumpliendo una condena de 25 años por estos hechos, la defensa de la sentencia y la reversión en instancias nacionales e internacionales de un indulto que promovía la impunidad, la incesante exigencia de los familiares por justicia debe compulsar el acompañamiento en esta lucha contra la impunidad.
2. La búsqueda y hallazgo de los desaparecidos es un deber de carácter humanitario que los Estados deben cumplir sea cual fuere el tiempo transcurrido. A la demanda de justicia se suma la necesidad de encontrar a quienes fueron desaparecidos incluso por actores estatales. El caso La Cantuta tiene aun 5 estudiantes desaparecidos, Felipe Flores Chipana, Armando Amaro Cóndor, Robert Teodoro Espinoza, Dora Oyague Fierro y Heráclides Pablo Meza, por lo que los esfuerzos de búsqueda no deben parar sino por el contrario, intensificarse, desde las fiscalías o desde mecanismos particulares, tal como lo indica los Principios rectores para la búsqueda de personas desaparecidas (2019) del Comité para la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.
3. A 27 años del crimen, los familiares de La Cantuta aún siguen esperando justicia y buscando a quienes faltan. Y su exigencia es la de todos y todas. La región latinoamericana tiene el enorme reto de cambiar las estructuras de violencia y de la impunidad que traspasan incluso fronteras y que impiden la sanción de los responsables y el reencuentro o hallazgo de personas desaparecidas. Las altas cifras de este flagelo en países como Perú (más de 15 mil desaparecidos), México (más de 40 mil desaparecidos) o Colombia (más de 80 mil desaparecidos), insta a la región entera a aunar esfuerzos para una activa política pública y social de búsqueda, frente a fenómenos criminales ocasionados por la violencia interna, el desplazamiento forzado, las migraciones en escenarios de crimen organizado y corrupción, entre otros. La consigna regional es y debe ser, sin duda, trabajar colectivamente hasta encontrarles a todos y todas.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho – FJEDD. México.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho – FJEDD. Oficina de El Salvador.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho – FJEDD. Oficina de Guatemala.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho – FJEDD. Oficina de Honduras.
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