22 de enero de 2026
El 23 de enero de 2021, 19 cuerpos calcinados fueron hallados en Camargo, Tamaulipas; 16 de nacionalidad guatemalteca y un salvadoreño. Ante la indignación que generaron los hechos, los gobiernos de México y Guatemala establecieron un “Mecanismo de Acompañamiento Binacional”, en marzo del 2021, para coadyuvar en la investigación y gestionar la repatriación de los cuerpos de las víctimas guatemaltecas.
Sin embargo, luego de la restitución de los restos, las familias se enfrentaron al abandono institucional y siguieron su proceso de búsqueda de justicia sumando fuerzas entre ellas y con el acompañamiento de la Fundación para la Justicia y la Red Jesuita con Migrantes de Guatemala.
Mediante un proceso de articulación transnacional sin precedentes, en el cual las familias guatemaltecas participaron en juicio oral desde sus comunidades de origen, el 30 de octubre de 2023, 12 policías de Tamaulipas (8 de ellos pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales -GOPES-), fueron sentenciados por la muerte de las 19 víctimas. Sin embargo, la sentencia no permitió esclarecer el motivo de la persecución, ejecución y calcinación de las víctimas, ni develar la estructura criminal, intereses, corrupción y autoría intelectual detrás de los hechos.
El caso fue investigado y judicializado por las autoridades de Tamaulipas. En cambio, la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos Relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, de la Fiscalía General de la República, que también fue requerida dada la multitud de delitos y su carácter masivo, transnacional y macro criminal, acaba de notificar a los asesores de las víctimas, el cierre del caso.
La sentencia condenatoria en contra de los 12 policías de Tamaulipas se reconoce como un acto de justicia; sin embargo, el caso sigue inconcluso. Las familias no han sido reparadas ni el Estado mexicano ha presentado disculpa pública por lo ocurrido.
Desde antes de que existiera una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, afirmó en febrero de 2021, durante una reunión de trabajo con altas autoridades guatemaltecas, que se repararía “el daño con una compensación para ayudar a reconstruir un proyecto de vida, no por ponerle precio a la vida humana, sino como medida de mitigación y en seguimiento a estándares internacionales”.
La Recomendación 168VG/2024 emitida por la CNDH, la cual fue aceptada por las autoridades, estableció derechos claros para las víctimas, entre ellos: atención psicológica y tanatológica especializada, continua y gratuita; atención médica; compensación económica; así como medidas de satisfacción y garantías de no repetición. Hasta la fecha, ninguna de estas medidas ha sido cumplida.
A cinco años de la masacre de Camargo, las organizaciones firmantes, junto con los padres, madres, hermanos/as, hijos/as huérfanos y allegados de las y los jóvenes que perdieron la vida aquel 22 de enero de 2021, como consecuencia de la falta de políticas públicas reales de prevención y atención en materia de seguridad y migración, exigimos:
- La inmediata reparación integral del daño a los familiares de las víctimas.
- La articulación necesaria entre los gobiernos de México y Guatemala para garantizar las medidas de reparación conforme a los estándares establecidos en la Recomendación de la CNDH.
- Como parte de la reparación del daño, una disculpa pública del Estado mexicano a las familias.
- La reactivación del Mecanismo de Acompañamiento Binacional entre México y Guatemala, para garantizar una investigación exhaustiva, complementaria y transnacional, que permita el esclarecimiento completo de los hechos e identificación de todos los responsables; así como la atención integral a las familias.
El caso Camargo, si se atiende con responsabilidad, sensibilidad y apego a los estándares de derechos humanos, puede convertirse en un precedente clave para la garantía de justicia aún con los pendientes que persisten, y de reparación integral frente a las masacres contra personas migrantes, una deuda histórica que sigue marcando dolorosamente la historia de México y Guatemala.
