Buscando que el Poder Judicial de la Federación proteja los derechos humanos de las víctimas de la masacre de 72 personas migrantes de San Fernando, familiares de personas migrantes supuestamente identificadas como víctimas de este evento y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. interpusieron una demanda de amparo en contra del proceso de investigación y de la recomendación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en este caso (Recomendación 80/2013).
La demanda de amparo, que fue admitida a trámite el pasado 17 de enero por el Juez Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal advierte que la máxima instancia en derechos humanos a nivel nacional, no investigo a fondo ni se pronunció respecto a la masacre de 72 personas, no señalo si se violo el derecho a la vida y si el estado está involucrado por acción y omisión. Asimismo, denuncia que la recomendación no da ningún lugar a los familiares de las víctimas en tanto nunca lo busco, no los escucho, no respeto sus derechos de acceso a la justicia ni analizo las condiciones de particular vulnerabilidad que enfrentan por no ser nacionales de México. Finalmente, señala que la Comisión no clasifico como violación grave a los derechos humanos los eventos, minimizando con esto el impacto sobre las víctimas y la sociedad en general.
