La política migratoria ha experimentado un proceso de militarización inédito en la historia de México, la cual se ha incrementado a partir de la firma de acuerdos migratorios impulsados por los Estados Unidos y aceptados por nuestro país. A los cuerpos castrenses se les ha adjudicado funciones en materia migratoria, en contra de las disposiciones normativas mexicanas, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados.