Enero 2025
El Instituto de Defensa Legal comparte el informe “El rey Gálvez elimina el Equipo Especial Lava Jato: para sacar a Vela y a Pérez, y perjudicar los casos de corrupción transnacional. La venganza y promesa política cumplida”, a la luz de la desactivación de los cuatro equipos especiales de la Fiscalía (Lava Jato, Cuellos Blancos, Corrupción en el Poder, y crímenes en las protestas sociales), publicada en El Peruano el 6 de enero del 2026. El documento se divide en: 1. ¿Qué ha sucedido? 2. Todos los fiscales del ahora extinto Equipo Especial continúan investigando los casos del Lava Jato, menos Vela y Pérez, 3. Los casos que llevaba el fiscal José Domingo Pérez, y que por ahora no tienen fiscal, 4. Los logros del Equipo Especial Lava Jato, 5. Las graves afectaciones en la lucha contra la corrupción transnacional, al eliminar el Equipo Especial y pasar los casos a la especialidad de lavado de activos, 6. Lo que el Perú necesita.
El informe identifica dos consecuencias principales: la violación a la independencia fiscal (con grave énfasis en la independencia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez), y el impacto negativo para el acceso a la justicia frente a la impunidad de los casos de corrupción transnacional.
Se indican, además, las diversas violaciones a principios y consideraciones incluso supranacionales, con lo que el Fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, lleva adelante la desactivación del Equipo Especial Lava Jato, convirtiéndolo en un funcionario público sin control que incurre en una decisión de facto con graves vicios de nulidad.
Asimismo, se señala que las razones manifiestas de la desactivación del Equipo son insuficientes al ser gaseosas y no estar fundadas en supuestos habilitantes, como por ejemplo, el supuesto pésimo desempeño fiscal. Al contrario, el informe recuerda el balance positivo sin precedentes: “En resumen, el Equipo Especial logró probar hasta diciembre del año 2025, en 9 años de trabajo, la responsabilidad de los corruptos por medio de 75 sentencias condenatorias, recaudando así un total de a S/. 4 653’ 802 330.40 soles (cuatro mil seiscientos cincuenta y tres millones ochocientos dos mil trescientos treinta con 40/100 soles).”.
Finalmente, se exploran algunas salidas ante los graves efectos nocivos de esta desactivación: favorece de manera decisiva a los intereses de impunidad de personas y grupos investigados, y marca un antes y un después en la autonomía e independencia del Ministerio Público en el Perú.
