La disculpa pública no es el cierre del caso ni será realizada por el Estado mexicano, es una acción personal de Francisco G. Y., financiada con recursos públicos, como parte de los requisitos para su suspensión provisional.
25 de septiembre de 2025.- En el marco del proceso judicial derivado del incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, en el que perdieron la vida 40 migrantes, 27 resultaron heridos con secuelas graves de por vida y 15 mujeres sobrevivieron, el excomisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco G. Y., ofrecerá este viernes 26 de septiembre una disculpa pública a los sobrevivientes y las familias de los fallecidos.
Es importante subrayar que esta disculpa pública no cierra el caso, ni será realizada por el Estado mexicano. Se trata de una acción personal de Francisco G. Y., en cumplimiento de las condiciones impuestas por el juez Víctor Manlio Hernández Calderón, como requisito para concederle la suspensión condicional y permitirle liberarse del proceso penal que enfrenta por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, el cual ha llevado en libertad desde el inicio.
La disculpa pública no debe interpretarse como una exoneración de responsabilidades ni como un acto de arrepentimiento de Francisco G. Y., debe verse como un primer paso simbólico en el proceso de reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. No resuelve las demandas de justicia ni garantiza que hechos similares no se repitan.
Para hablar de una reparación integral, es primordial que las 82 víctimas (40 migrantes fallecidos, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes) reciban una compensación económica. Aunque la mayoría de las víctimas masculinas sobrevivientes o familiares de los fallecidos la han recibido, las mujeres no han sido reconocidas como víctimas, lo que les impide acceder a dicha compensación. Además, deben otorgarles una estancia por Razones Humanitarias con la documentación adecuada para acreditarlo.
Es necesario que todas las personas vinculadas a proceso penal, sin importar el cargo que ostentaban al momento de los hechos, enfrenten un juicio hasta sus últimas consecuencias sin beneficios procesales injustificados. Asimismo, se debe investigar las responsabilidades del gobierno de Ciudad Juárez; y el Estado mexicano debe implementar las modificaciones legislativas adecuadas que eliminen la detención migratoria.
Se debe garantizar la no repetición de hechos como este mediante cambios estructurales en la política migratoria y en el trato hacia las personas en contextos de movilidad, especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Es también indispensable que el Estado mexicano asuma un compromiso claro para ofrecer medidas de reparación adecuadas y dignas para las víctimas y sus familias, más allá de actos que generen impunidad y perpetúen la injusticia.
Aunque este acto simbólico de justicia es personal de Francisco G. Y., fue coordinado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pese a no ser su responsabilidad. Las compensaciones económicas entregadas hasta la fecha han sido erogadas por el INM, es decir, con dinero público.
Como representantes legales de algunos sobrevivientes y familiares de migrantes fallecidos, la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), reiteramos que este acto público no debe considerarse como el fin del caso. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad y adoptar las medidas necesarias para cambiar la política migratoria que criminaliza, detiene y desgasta a las personas migrantes en el país. Esto incluye cumplir con la recomendación de la CNDH sobre el caso y garantizar el acceso a la justicia para quienes han sido y son víctimas de delitos.
El incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez es un reflejo de la política migratoria mexicana de contención. Las 82 víctimas de esta tragedia estaban bajo custodia del Estado, y como tal, este tiene una responsabilidad irrenunciable de garantizar justicia, reparación y no repetición. La disculpa pública no puede ni debe sustituir el cumplimiento de las obligaciones legales y de derechos humanos que México tiene con las víctimas. Es urgente que el gobierno mexicano reconozca la magnitud de su responsabilidad, que modifique las políticas migratorias que siguen poniendo en riesgo la vida de miles de personas, y que garantice que hechos como este nunca se repitan. Mientras no haya justicia plena, reparación integral y garantías de no repetición, esta tragedia permanecerá sin resolución y continuará marcando la vergüenza colectiva de la indiferencia estatal frente al sufrimiento de quienes migran buscando una vida mejor.
