Descripción de rutas y mecanismos
Abril 2025
La situación migratoria en México responde, entre otros, a crisis económicas, sociales, políticas y/o culturales en Latinoamérica que conducen a que millones de migrantes busquen nuevas oportunidades de vida en Estados Unidos, utilizando a México como país de tránsito. De acuerdo con un análisis de casos realizado por el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (en adelante, “LJPC”) para la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (en adelante Fundación para la Justicia o FJEDD), ciudadanos de Guatemala, El Salvador y Honduras migran a Estados Unidos en búsqueda de oportunidades laborales y acceso a medios económicos perdurables en el tiempo (Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, 2024). Las precarias condiciones económicas, la violencia y el cambio climático, entre muchas otras situaciones en las que se encuentran en su país de origen, los obliga no sólo a migrar de su país, sino a hacerlo en condiciones de alta inseguridad y peligro; es decir, mediante rutas migratorias no identificadas o con la mediación de “coyotes” o “polleros” que a veces están vinculados a grupos ilegales (Martínez, 2020).
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (Acuerdo SNBP/002/2020) las crisis de desapariciones de personas migrantes se habrían agudizado a lo largo de los últimos años. Algunas fuentes señalan que entre 72.000 y 120.000 personas migrantes la mayoría provenientes de Centroamérica- habrían desaparecido en México entre 2006 y 2016. Los datos disponibles en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de México estima un total de 329. 627 personas que habrían sido reportadas como desaparecidas desde 1964 al 11 de septiembre de 2024, de las cuales 214.165 habrían sido encontradas, mientras que 115.462 permanecen desaparecidas en México. La falta de sistematización y coordinación institucional en la recopilación de datos fidedignos conduce a que el número exacto de migrantes desaparecidos en México sea hoy desconocido.
Si bien México, Guatemala, El Salvador y Honduras han tenido algunos avances en la definición de un marco jurídico para el abordaje de casos de personas migrantes desaparecidas, parecería que estas regulaciones no están alcanzando sus objetivos en la práctica. El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, señaló que sólo en 2019 en México se denunciaron 1.363 casos de desapariciones forzadas en los que se habría documentado la participación de agentes estatales con las redes de delincuencia organizada. Hasta 2021, 1.307 de estos casos estarían pendientes de cualquier investigación. Las autoridades de investigación sólo habrían iniciado carpeta de investigación y proceso de búsqueda en 365 casos, en los que 8 personas fueron encontradas vivas y 10 se encontraron fallecidas. En México cada vez más aumenta la crisis por desapariciones forzadas que, además, se caracteriza por ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, falta de investigación efectiva y falta de labores de búsqueda exhaustivas que respondan a las necesidades de quienes están en la búsqueda de sus familiares y quienes, además, parecen no contar con las herramientas o los recursos suficientes para hacer un seguimiento adecuado a los casos denunciados.
Las consecuencias del fenómeno de desaparición son especialmente graves, pues, la desaparición de un ser querido puede implicar una vulneración múltiple en los derechos fundamentales tanto de quien está desaparecido como de los familiares o allegados que lo buscan. Adicionalmente, puede generar múltiples afectaciones en la salud mental -angustia, dolor intenso e incertidumbre constante-. “Los efectos de la desaparición no sólo atañen a la dignidad de la persona desaparecida, afectan también con sus secuelas el tejido social, la economía del hogar e incluso, la condición jurídica de sus familiares” (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, SF)
Presentación del documento. Este documento presenta los elementos más importantes de mecanismos transnacionales de búsqueda e investigación para casos de personas migrantes desaparecidas. De manera específica aborda: (i) las estrategias ciudadanas de búsqueda en Centroamérica, (ii) los bancos de datos forenses humanitarios creados en varios países de Centroamérica, (iii) la Comisión Forense creada en México, (iv) los marcos jurídicos nacionales para la búsqueda e investigación en casos de desaparición de migrantes, retratando sobre todo, los acuerdos de cooperación interinstitucional adoptados, (v) la descripción de la ruta de atención activada mediante el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación (MAEBI), (vi) el diseño de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas y (vii) el mecanismo de búsqueda regional en el estado de Coahuila. Este documento presentará el funcionamiento de estas estructuras de búsqueda e investigación, retratará las barreras evidenciadas en la práctica respecto del funcionamiento esperado por estas y brindará las recomendaciones pertinentes.
La información que a continuación se presenta fue obtenida mediante la recolección y sistematización de información documental que incluye acuerdos y convenios oficiales suscritos entre instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil en el marco de la crisis de desapariciones en México. También, se revisaron documentos referentes a los acuerdos y las estrategias de los comités de familiares de migrantes desaparecidos surgidos a raíz de la falta de respuesta de los gobiernos locales. La investigación también se valió de fuentes de información correspondientes a guías y protocolos emitidos por organizaciones de la sociedad civil y/o agencias de las Naciones Unidas que brindan información técnica acerca de la búsqueda y la investigación en casos de personas migrantes desaparecidas. Finalmente, el LJPC realizó algunas entrevistas virtuales a personas vinculadas a la FJEDD y a instituciones públicas en México para conocer más a fondo el contexto y panorama de la situación migratoria en el país.
