Frente a la salida de Gertz Manero de la FGR, la sociedad y las víctimas necesitamos recuperar la justicia en México

La FGR tiene una deuda histórica con las víctimas
Exigimos un proceso serio, transparente, participación ciudadana y tiempos adecuados para la selección de la persona que ocupará la titularidad de FGR
Es preciso garantizar autonomía, rendición de cuentas y cambios estructurales en la institución
El Senado debe exigir a Gertz Manero que rinda cuentas de su actuación

México a 28 de noviembre de 2025

La salida del ex Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, se da en medio de múltiples dudas y cuestionamientos. El 27 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que recibió del Senado un documento, respecto al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) que estaba analizando y que hoy daría a conocer los detalles. Horas después, el Senado de la República recibió una comunicación del ex fiscal general, Gertz Manero en la que informó que había sido invitado por la presidenta Claudia Sheinbaum como Embajador de México en un país amigo y que “se retiraba” del cargo de Fiscal General. La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución. Se va sin rendir cuentas de su gestión.

Esta explicación deja incertidumbre sobre los verdaderos motivos que llevaron al fiscal general a retirarse de su cargo. La falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía.

Desde el inicio del colectivo “Fiscalía que Sirva” varias organizaciones y colectivos intentamos que se transformara la Fiscalía General de la República (FGR), una de las instituciones más importantes para combatir la impunidad y la violencia en nuestro país. Durante el sexenio pasado, en el colectivo contra la Impunidemia manifestamos públicamente una serie deficiencias graves en la gestión del fiscal Gertz Manero y retrocesos sostenidos en la FGR en materia de transparencia, rendición de cuentas y mecanismos de participación ciudadana.

Por ejemplo, a solicitud del fiscal Gertz Manero, el Congreso Federal derogó la Ley Orgánica de la FGR que se había construido de la mano de las organizaciones y la sociedad civil justo a la llegada del gobierno de AMLO, la cual fue sustituida por una legislación a modo que eliminó todos los mecanismos de rendición de cuenta del Fiscal, así como derechos de las víctimas y mecanismos de participación ciudadana.

Como colectivos se publicaron varios estudios en los que se analizaron las regresiones en la FGR y se hizo un recuento de los múltiples escándalos en los que se vio involucrado el Fiscal General, como el tráfico de influencias en la Suprema Corte en el caso de su cuñada y su sobrina, el caso del general Cienfuegos y el caso del rancho Izaguirre. Nada de esto fue suficiente para que el Senado le pidiera rendir cuentas abiertamente a la sociedad, a pesar de que así lo pedimos formalmente como organizaciones.

Las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad. Las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policìas de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos. La justicia en México sólo existe para quien tiene influencias y poder, no para las 130 mil familias que tienen un caso de desaparición.

Las organizaciones de derechos humanos hemos exigido a TODOS los gobiernos un cambio profundo y radical de las fiscalías, que garantice su autonomía del poder político y de poderes fácticos. En respuesta obtuvimos una reforma judicial que en nada tocó a las fiscalías, sino que politiza los cargos de personas juzgadoras -jueces, magistrados y ministros-, bajo el amparo de una elección “popular”.

El colectivo “La justicia que queremos” y varias organizaciones hemos manifestado abiertamente el rechazo a la elección de juzgadores y juzgadoras por elección popular. Pero aún sin estar de acuerdo con ello, y siguiendo la falsa narrativa de la 4T, si el gobierno en turno estuviera dispuesto a garantizar la autonomía de la FGR ¿podría impulsarse una elección popular de la persona fiscal donde se garantice la participación ciudadana para evaluar la idoneidad de los perfiles de las personas candidatas bajo estándares internacionales?

El manejo express de la renuncia de Gertz Manero, muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la fiscalía. Basta ver cómo operaron en tiempo récord, la renuncia de la Consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR.

Todas y todos deseamos que haya mayor coordinación entre las instituciones de seguridad y procuración de justicia, pero no sacrificando la autonomía de la fiscalía ni para garantizar pactos de impunidad, sino para investigar, acreditar con evidencia sólida la responsabilidad penal, combatir el crimen, disminuir la violencia y la impunidad de los delitos en el país.

Los poderes Ejecutivo y Legislativo tienen una deuda histórica con el país y deben garantizar a la ciudadanía una fiscalía útil y eficiente, libre de corrupción y control político.

Por lo anterior, las organizaciones de la sociedad civil, colectivos y víctimas exigimos públicamente:

Que el Senado garantice un proceso serio, y con los tiempos que se requieran, de selección público, abierto, transparente y con mecanismos de participación ciudadana para designar a la nueva persona titular de la FGR; que retome estándares internacionales para definir el perfil idóneo que deben cubrir las personas candidatas, las características a evaluar y una metodología objetiva que incluya entrevistas públicas y un verdadero escrutinio público.
Que el Senado solicite a las personas candidatas un plan de trabajo para reestructurar la FGR de acuerdo a los grandes desafíos que presenta la institución, como eliminar la corrupción y la impunidad sobre todo en casos que más afectan a la sociedad; fortalecer las capacidades institucionales y mejorar las investigaciones ante los delitos de su competencia y los graves contextos de alta criminalidad en el país, poniendo en el centro a las víctimas.
Que la nueva persona titular de la FGR abra convocatorias públicas para ocupar los nuevos cargos de fiscales especializados y otros relevantes de la institución, que contengan requisitos para analizar la idoneidad de las personas candidatas, principalmente en las fiscalías de derechos humanos, delincuencia organizada, control regional y delitos electorales.
Que el Senado promueva un mecanismo de evaluación y rendición de cuentas de la gestión del fiscal Gertz Manero y sus fiscales especiales. Que en esa evaluación se escuche a la ciudadanía, y principalmente a las víctimas y organizaciones especializadas en derechos humanos. Que el Senado emita un informe público que refleje los retrocesos y retos que enfrenta la institución, haciendo recomendaciones puntuales a partir de la escucha en audiencia pública de actores de la sociedad civil.

Atentamente

Organizaciones de derechos humanos, colectivos víctimas y aliades firmantes:

Artículo 19 Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL)
Asociación Unidos por los desaparecidos de Baja California
Bicicleta de la diversidad
BUSCAME Buscando Desaparecidos México
Casa arcoiris
Casa Arcoíris Durango
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia “Francisco Suárez SJ” del ITESO
CIESAS-Golfo
Clínica Jurídica Alaide Foppa para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Colectivo “La Justicia Que Queremos”
Colectivo Buscadoras Guanajuato
Colectivo Esposas y Familiares de Agentes de Seguridad Estatales Detenidos y Desaparecidos por Militares en 1977 en Culiacán Sinaloa
Colectivo justicia y esperanza
Colectivo Michoacán es Diversidad
Colectivo Vallarta lgbt
Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo
Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI A.C.
Consultora Solidaria
De pie hará encontrarte Guanajuato
Derechos Humanos Integrales en Acción – DHIA
DIVERSA UAN
Durango X La Igualdad a.c
Fundación Arcoiris por el respeto a la diversidad sexual.
Fundación para la Justicia
GÉNERO, ÉTICA Y SALUD SEXUAL AC
Guerreras en busca de nuestros tesoros AC
Incide Social AC
Instituto de Justicia Procesal Penal, AC
Instituto mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Juicio Justo
Justicia Pro Persona, AC.
Justicia Transicional en México, Estrategias contra la Impunidad A.C.
Justicia y Esperanza, Maria Angela Juarez Ramirez
La Paz es Diversa AC
Las Tarascas en Busca de la Libertad A C
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia A.C.
Mexiro A.C
Mutradh AC mujeres trabajando en pro de los derechos humanos
Observatorio de Crímenes LGBTI+ en México
Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT)
RESPONDE INCLÚYETE COMO DIVERSIDAD Y VIVE TUS DERECHOS A. C.
Tejiendo Redes Infancia
Trans-Difusión A.C
TSIKINI