En enero de 2023 saldrá humo blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El máximo tribunal del país –y en muchos casos, la última instancia para resolver temas tan relevantes– elegirá a quien ocupe la presidencia de este órgano, así como del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), tras concluir el periodo de cuatro años del ministro presidente saliente, Arturo Zaldívar.
Cinco ministros y ministras se registraron para esta relevante responsabilidad: Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Norma Lucía Piña Hernández.
El 29 de noviembre pasado, 40 organizaciones de la sociedad civil, colectivos, defensores y especialistas dirigimos una carta al ministro presidente y a los demás ministros y ministras. Éstas fueron las solicitudes:
- Que toda la sesión del pleno de la SCJN en la que se elija al nuevo presidente o presidenta sea pública y se transmita en el canal televisivo del Poder Judicial de la Federación (PJF).
- Que se abra un espacio durante la sesión para que la sociedad civil haga preguntas a los y las ministras aspirantes al cargo.
- Que las ministras y ministros interesados en ocupar la presidencia de la SCJN hagan públicas sus propuestas de planes de trabajo en un espacio abierto, en el que puedan recibir preguntas sobre el mismo.
Sin embargo, a escasas tres semanas del 2 de enero, fecha en la que se elegirá a quien ocupe la presidencia de la SCJN, no hemos obtenido respuesta formal.
Como organizaciones civiles, defensoras de los derechos humanos y la independencia judicial en el país, revisamos los perfiles y propuestas publicadas en la página de la SCJN (https://www.scjn.gob.mx/candidatas-y-candidatos-a-la-presidencia-scjn-cjf/) y resumimos dicha información en las siguientes fichas, con la intención de hacerlas más accesibles para la ciudadanía. Hacemos énfasis en seis puntos que valoramos trascendentales para fortalecer el papel de la SCJN y transitar hacia un Estado de Derecho pleno, en el que los derechos humanos sean el pilar base, a saber:
- La independencia judicial.
- La política de equidad de género en el PJF.
- La política de transparencia.
- El combate al nepotismo y la corrupción al interior del PJF.
- La impartición de justicia con enfoque de derechos humanos.
- La transparencia procesal.
- La atención a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
Es importante resaltar que el o la ministra que resulte elegida por sus pares tiene un papel fundamental para garantizar la independencia de las personas magistradas de circuito y jueces de distrito, dado que se encarga de designar, promover, capacitar, vigilar y, en su caso, investigar y sancionarlas; a su vez, de asegurar que todos, todas y todes las justiciables reciban una justicia imparcial.
Necesitamos una Suprema Corte de Justicia fuerte, sólida e independiente. Necesitamos una Corte que realmente proteja nuestros derechos, que tome decisiones sin influencias de los poderes ejecutivo y legislativo. Para lo cual, la forma cómo se desarrolle esta importante decisión es clave para su garantía y transitar hacia designaciones que construyan confianza y legitimidad.
Queremos una #CorteAbierta.
