Organizaciones y redes feministas y de derechos humanos frente a la violencia contra las mujeres en México
En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las organizaciones firmantes, de distintas entidades del norte, centro y sur del país —entre ellas entre ellas Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz—, así como redes nacionales especializadas en la defensa de los derechos de las mujeres, nos hemos reunido para analizar colectivamente el contexto de violencia que viven hoy las mujeres en México. Partimos de que, en las últimas tres décadas, la violencia por razones de género se ha ido visibilizando y se ha construido un andamiaje institucional específico para prevenirla, atenderla y erradicarla. Sin embargo, lo que observamos en territorio es un agravamiento y una complejización de las violencias, así como graves omisiones del Estado.
Constatamos que en México se mantienen cifras superiores a 10 mujeres asesinadas al día, con mayor presencia de tortura y saña en los feminicidios y una vinculación cada vez más clara con desapariciones y con el crimen organizado. No se trata solo de que hoy se vea más: hablamos de un incremento real y grave de la violencia feminicida, que se expande hacia territorios indígenas y rurales y se expresa en patrones extremos, como mujeres embarazadas desaparecidas y posteriormente asesinadas, con extracción de sus bebés. Estos hechos ocurren además en un contexto en el que, desde altos niveles de gobierno, se minimiza públicamente la violencia contra las mujeres.
Al mismo tiempo, se consolidan nuevas modalidades y se profundizan violencias ya conocidas: violencia digital que llega a comunidades urbanas e indígenas; uso de inteligencia artificial para generar imágenes íntimas sin consentimiento y extorsionar a niñas, adolescentes y mujeres; agresiones con ácido; violencia vicaria que utiliza a hijas e hijos como instrumentos de control; y violencia comunitaria y discursos de odio que legitiman y reproducen el riesgo en la vida cotidiana. La violencia sigue siendo, además, ocultada o minimizada cuando se borran las razones de género y los hechos se tratan como delitos “comunes”, lo que impide dimensionar la magnitud del problema, bloquea el acceso a la justicia y envía un mensaje de tolerancia institucional frente a la violencia feminicida.
Un consenso central de nuestra reflexión es que la violencia institucional se ha vuelto un hilo conductor que agrava la situación. Algunas instancias creadas para proteger a las mujeres reproducen prácticas de revictimización, omisión, descalificación o persecución de las propias víctimas, mientras se minimiza la actuación de agresores. La incapacidad del Estado para enfrentar al crimen organizado invisibiliza a mujeres desaparecidas en fosas clandestinas y, en no pocos casos, las mujeres que denuncian terminan siendo criminalizadas. A ello se suma que los refugios y otros mecanismos de protección enfrentan largos periodos sin presupuesto completo ni oportuno. Estas decisiones no son neutras: constituyen violencia institucional directa.
Nuestra reflexión identificó factores estructurales que atraviesan los distintos contextos: la militarización, que impacta con especial fuerza a mujeres indígenas y migrantes; la polarización política, con un uso instrumental de conceptos como la violencia política de género; el crimen organizado, que recluta forzosamente a mujeres y se vincula sistemáticamente con feminicidios y desapariciones; y un sistema de justicia que emite resoluciones favorables a agresores, mantiene encarceladas a defensoras y libera feminicidas por deficiencias procesales. Todo ello muestra que la vida y la integridad de las mujeres no están aún en el centro de la respuesta estatal.
Frente a este panorama, las organizaciones firmantes acordamos colocar dos ejes prioritarios de exigencia:
- Un presupuesto garantizado y progresivo para la protección de las mujeres, que asegure recursos suficientes, oportunos y no discrecionales para refugios y otros mecanismos de protección, con reglas de operación claras, transparencia y evaluación de impacto en la disminución de la violencia y en el acceso a la justicia. La falta de recursos adecuados y continuos es, en sí misma, una forma de violencia institucional. En este rubro, el fortalecimiento de las Alertas de Género es indispensable para que cumplan con el fin que se proponen: acciones extraordinarias frente a contextos extraordinarios.
- Protección integral y justicia efectiva, que implica reformas legislativas acordes con las realidades actuales (incluida la violencia digital, vicaria y feminicida), canales de denuncia especializados y libres de revictimización, corresponsabilidad real entre los tres órdenes de gobierno en la prevención, atención, protección, investigación, sanción y reparación, así como protocolos de actuación con perspectiva de género que eviten tanto la invisibilización de los feminicidios como la criminalización de las mujeres que denuncian.
Este 25 de noviembre, las organizaciones firmantes reiteramos que son indispensables acciones serias, urgentes y sostenidas, proporcionales a la magnitud de la violencia que viven las mujeres en México hoy. Sin presupuesto garantizado y progresivo, y sin un sistema de justicia que realmente proteja y repare, cualquier discurso contra la violencia de género queda vacío.
No renunciaremos a nombrar las omisiones ni a exigir las transformaciones necesarias para que las mujeres, en todos los territorios del país, puedan vivir una vida verdaderamente libre de violencia.
ORGANIZACIONES FIRMANTES:
Arthemisas por la Equidad, A. C. (Arthemisas), Nuevo León
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Chihuahua
Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local A. C (CFJG), Tlaxcala
Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A.C. (Codehutab), Tabasco
CONSORCIO PARA EL DIALOGO PARLAMENTARIO Y LA EQUIDAD OAXACA (CONSORCIO OAXACA), Oaxaca
Fundación para la Justicia (FJEDD), Ciudad de México
Justicia Pro Persona, A.C. (JPP), Ciudad de México
Mujeres Libres COLEM AC (COLEM), Chiapas
Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos, A.C. (MUTRADH AC), Puebla
Mujeres Unidas: Olympia de Gouges (MUGAC), Baja California
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Red Nacional
Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGAGS), Aguascalientes
OCNF-Veracruz (OCNF), Veracruz
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), red nacional
Red Nacional de Refugios, AC (RNR), México
Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (SEIINAC), Hidalgo
Sobrevivientes de Feminicidio en México A.C. (SFMAC), Veracruz
