• Dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que transita la población migrante, y las condiciones de inseguridad en algunas entidades federativas, ningún hecho que ponga en peligro su vida o integridad debe ser minimizado.
  • Es importante que no se criminalice a la población migrante sugiriendo que ellos mismos se ponen en una situación de riesgo. Los Estados tienen la obligación de garantizar su seguridad.
  • Es urgente la colaboración y coordinación entre diversas instituciones para dar con el paradero de estas personas.
  • Recordamos que existen patrones de este tipo de violencia contra la población migrante y recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que a la fecha no se han cumplido.

Ciudad de México a 13 de marzo de 2019. El día 10 de marzo de 2019, comenzaron a circular en diversos medios electrónicos[1] notas que informaban sobre del secuestro de entre 19 y 22 personas. Según lo relatado por estas notas[2], “el pasado jueves 07 de marzo, alrededor de las 12:55 hrs. un autobús de la línea transpaís, con placas 417-HY-4 y número de serie 9596 en el que viajaban 41 personas, fue interceptado en el kilómetro 79 de la carretera San Fernando- Reynosa, a la altura del ejido Palo Blanco. El autobús fue interceptado por dos vehículos, una camioneta gris y una camioneta lobo, posteriormente hombres armados obligaron a descender a los pasajeros, llevándose entre 19 y 22 personas. El autobús llegó a Reynosa con 22 personas a bordo”.

Desafortunadamente, este tipo de hechos no son nuevos en nuestro país; al menos, durante el mes de marzo de 2011, autobuses con destino a Reynosa que pasaban por San Fernando, fueron interceptados a la altura de San Fernando y los pasajeros obligados a descender del autobús. Aún se desconocen el paradero de varias de estas personas. Algunas otras, han sido identificadas entre los 195 restos hallados en las 49 fosas localizadas en el municipio de San Fernando, Tamaulipas en abril de 2011.

Estos hechos se dan en medio de un patrón de violencia ya documentado, que las autoridades no pueden ignorar. Desde hace 10 años, en su Informe especial sobre los casos de secuestro en contra de migrantes, en 2009[3] la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó que en un periodo de seis meses, de septiembre de 2008 a febrero de 2009 se registraron 9,758 víctimas migrantes de secuestro. Dos años después en su Informe de 2011[4], en el periodo comprendido de enero a diciembre de 2010, la CNDH registró 11,333 víctimas. En ese entonces la CNDH señaló que “esta cifra refleja que no han sido suficientes los esfuerzos gubernamentales por disminuir los índices del secuestro en perjuicio de la población migrante”. Se documentó también que en casos de “secuestros” de migrantes, estuvieron implicados agentes del estado. A la fecha, al menos en los casos de las 3 masacres de migrantes documentadas en el norte de la República Mexicana[5], sigue habiendo impunidad. No hay ninguna persona sentenciada.

En los nuevos hechos reportados en este año por el gobierno federal, no pueden ignorarse estos antecedentes, y no pueden hacerse declaraciones al vapor que puedan dar una falsa idea de lo que está ocurriendo, hasta que no se investigue de manera efectiva. Basta recordar las desafortunadas declaraciones de autoridades locales que se dieron en el caso de la masacre de Cadereyta en 2012 donde se presentaron de manera errónea los hechos como si hubiera sido “un enfrentamiento entre grupos criminales”. Ese tipo de declaraciones, dañaron gravemente a los familiares de algunas víctimas que ya fueron identificadas.

El actual gobierno tiene la responsabilidad, pero también la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de buscar a las personas de manera efectiva y de investigar agentes estatales y no estatales que pudieran estar involucrados, para evitar que siga existiendo impunidad.

La debida investigación y enjuiciamiento de los responsables de estos delitos, constituye esencial garantía de no repetición de los mismos. La impunidad con que han contado los responsables de estos hechos en administraciones anteriores (por acción y/o omisión), alienta la continuidad de estas prácticas criminales, que dada la existencia de patrones de planeación, ejecución y/o encubrimiento, revelan sistematicidad, lo que puede constituir crímenes internacionales.

Recomendaciones de la CNDH en el caso de la masacre de la masacre de 72 migrantes y en el caso de la masacre de Cadereyta[6], han ordenado a autoridades estatales y federales la realización de un diagnóstico sobre las rutas de tránsito de migración en el país, particularmente en zonas ya identificadas como de alto riesgo –como lo es el estado de Tamaulipas- para que se intensificaran acciones de vigilancia y evitar la repetición de los hechos, acciones de prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos contra la población migrante. Solicitamos que la CNDH transparente el seguimiento que ha dado a dichas recomendaciones en estos rubros y su grado de cumplimiento.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) debe realizar la búsqueda efectiva de estas personas, en coordinación con la Comisión Local y las autoridades estatales y federales que se requieran, para lograr dar con el paradero de las personas. La coordinación continua con consulados de otros países es fundamental para detectar posibles denuncias de desaparición. Por otra parte, ante una nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Fiscal tiene la oportunidad de integrar un equipo especializado, donde converjan las autoridades y especialidades que se requieran para llevar a cabo una investigación efectiva. La evidencia del autobús debe ser debidamente resguardada a fin de que se aporten elementos para saber la identidad de las personas desaparecidas, se logre contacto con sus familiares, y obtener la información que se requiera.

En reuniones sostenidas con el Subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población de SEGOB y autoridades del Instituto Nacional de Migración, entre otros, hemos visto la voluntad para combatir la desaparición de personas migrantes. Creemos que tienen la oportunidad de proteger y reivindicar a esta población.  

No más desaparición e impunidad para las personas migrantes.

Contacto de prensa Jazmín Reza comunicacion@fundacionjusticia.org móvil 5540389762

Descarga el comunicado completo aquí:


[1]https://www.reporteindigo.com/reporte/plagian-a-19-personas-que-viajaban-en-autobus-rumbo-a-reynosa-tamaulipas-secuestro/

https://www.eluniversal.com.mx/estados/secuestran-19-personas-de-un-autobus-en-reynosa

[2]http://www.fundacionjusticia.org/wp-content/uploads/2019/03/Migrantes-desaparecidos-San-Fernando.pdf

[3] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2009_migra.pdf

[4] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/2011_secmigrantes.pdf

[5] En Tamaulipas: masacre de 72 migrantes de agosto de 2010 y hallazo de 49 Fosas Clandestinas, ambos en San Fernando. En Nuevo León, hallazgo de 49 torsos en Cadereyta.

[6] http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/ViolacionesGraves/RecVG_008.pdf