Recordar la historia
Revelar la verdad
Reclamar justicia
Exigir reparación
17 de febrero de 2025.
Hace más de una década, en febrero de 2014, 16 migrantes de Honduras y Guatemala desaparecieron en Tamaulipas, México, mientras intentaban llegar a Estados Unidos. Casi exactamente un año después, el 16 de febrero de 2015, sus restos fueron hallados en una fosa clandestina en Güémez, Tamaulipas.
Este crimen, conocido como la Masacre de Güémez, dejó una herida abierta para sus familias, que han pasado años enfrentando la impunidad, exigiendo justicia y luchando por el reconocimiento y la reparación de sus pérdidas.
Antes de saber que los restos de su hijo Gustavo estaban entre los 16 cuerpos encontrados en una fosa clandestina en Güémez, Tamaulipas, doña Marta recibió una última llamada de su hijo diciéndole que él y el grupo con el que viajaba estaban en Tamaulipas, México, cerca de la frontera con Estados Unidos y listos para cruzar. Eso fue lo último que se supo de ellos durante casi 365 días exactamente.
En 2015, los restos de los migrantes fueron hallados en una fosa clandestina en Güémez. Desde ese día, las familias han luchado por saber qué pasó realmente con sus familiares, ¿quién los asesinó?, ¿por qué?, ¿quiénes están involucrados?, ¿algún día recibirán justicia para sus familiares?.
Uno de los principales retos fue la identificación de los restos. Sin embargo, gracias a la colaboración entre la Fiscalía General de la República (FGR) de México, la Fiscalía del Ministerio Público de Guatemala, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y el Instituto de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF) en 2018 se identificaron nueve de las víctimas, todas originarias de Guatemala, que fueron repatriadas ese mismo año. La identificación de tres hondureños se logró en 2019.
Al día de hoy, todavía quedan 3 cuerpos por identificar.
Tamaulipas, la historia se repite
El estado de Tamaulipas, en la frontera este con Estados Unidos, ha sido escenario de múltiples masacres, dejando una profunda cicatriz en la memoria colectiva de varios de sus municipios.
Desde la Fundación, hemos constatado que estos crímenes no son hechos aislados, sino parte de una dinámica de macrocriminalidad en la que los grupos del crimen organizado han encontrado en los miles de migrantes que transitan por México presas fáciles. Las políticas migratorias de contención han obligado a las personas migrantes a buscar rutas alternativas para evitar a las autoridades mexicanas, exponiéndolas a mayores riesgos.
Estas rutas suelen ser más peligrosas, ya que atraviesan puntos ciegos, zonas con altos factores de riesgo natural y territorios controlados por el crimen organizado.
Además, en varios casos de masacres, existen indicios de colusión de autoridades mexicanas o incluso pruebas de su participación directa.
Desde la Fundación, acompañamos a 64 víctimas de al menos cuatro masacres perpetradas contra migrantes en municipios de Tamaulipas, México, desde 2010.
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Aunque los avances en la identificación permitieron a varias familias encontrar y repatriar a sus familiares, la justicia plena aún no es una realidad.
Al día de hoy, 11 años después de lo sucedido, no hay un sólo detenido, ni una sola sentencia, esto a pesar de que existen indicios relevantes en la investigación que identifican a probables responsables en la cadena de delitos cometidos contra los migrantes.
11 años después no hay una sola sentencia.
Las familias cargan con su dolor desde hace 11 años
El duelo y la fatiga son sólo algunas de las cargas que enfrentan las familias a 11 años de la pérdida de sus familiares; a esto se añaden enfermedades, cargas financieras, el cuidado de los 9 niños y niñas que perdieron a sus padres.
Algunas familias han tenido que enfrentar duelos adicionales, ya que madres, padres y hermanos fallecieron sin llegar a ver justicia.
Una luz de esperanza para la reparación
Aunque las familias han atravesado por momentos increíblemente dolorosos, ha surgido una pequeña luz de esperanza.
Recientemente, un amparo ha permitido que se pueda iniciar el trámite para que las familias de nueve migrantes reciban reparación integral del daño, instando a las autoridades mexicanas a proporcionar atención médica, psicológica y reparación económica, gracias a una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
La lucha por justicia y verdad sigue en pie. Las familias no solo han cargado con el duelo, la enfermedad y la ausencia, sino también con la indiferencia de un sistema que, 11 años después, sigue sin dar respuestas. Pero su resistencia y el recuerdo de sus familiares son más duraderos y más fuertes que la impunidad.
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