21 de marzo de 2020

  • Familiares buscamos a nuestros seres queridos sin Comisión local de búsqueda y sin que a la fecha exista Ley de Desaparición para el estado de Guanajuato.
  • La mayoría somos mujeres, esposas y madres, quienes después de la desaparición tuvimos también que buscar el sustento para nuestras familias enfrentando condiciones de pobreza.
  • Se agrava que en estos momentos que se requiere más apoyo, se han dejado de recibir medidas por parte de la CEAV federal.

La tarde del 21 de marzo de 2011, hace 9 años salieron de San Luis de la Paz, Guanajuato veintidós de nuestros familiares, personas mexicanas migrantes, con la expectativa de llegar a Estados Unidos dada la situación de pobreza y falta de trabajo que enfrentamos en el municipio. Después de subir el autobús, nadie volvió a saber de ellos, hasta que uno fue identificado en las fosas clandestinas localizadas en San Fernando, Tamaulipas en el año 2011; debido a las condiciones irregulares en que fue entregado el cuerpo pedimos que la Comisión Forense, integrada por el Equipo Argentino de Antropología Forense y peritos de Fiscalía General de la República (FGR), confirmaran la identificación. Sin embargo, nada se sabe del resto del grupo.

Ante la falta de medidas reales de búsqueda en el país, desde hace 9 años, nosotras agrupadas en el colectivo Justicia y Esperanza les buscamos en carreteras, hospitales, lotes baldíos y cárceles. Varios colectivos más de Guanajuato, han optado por hacer lo mismo ante la ausencia de ayuda gubernamental.

El colectivo Justicia y Esperanza está formado mayoritariamente por mujeres: madres, hermanas, hijas, tías y sobrinas que buscamos a los nuestros.  Además de buscarles y tocar todas las puertas de los gobiernos: municipal, estatal y federal, hemos tenido que salir a buscar el sustento para mantener a nuestras familias. No ha sido fácil el rol que tenemos que asumir, en un país donde aún no existen medidas estructurales para apoyar casos como el nuestro. Después de mucho esfuerzo, que iniciamos desde que existía PROVÍCTIMA, comenzamos a recibir apenas, a inicios del año 2019 medidas alimenticias por parte de la CEAV federal. Sin embargo con el cambio de administración en dicha institución, las medidas nos han dejado de llegar desde diciembre del año pasado, y ante la emergencia nacional del Coronavirus, se nos coloca en mayor riesgo sin estos apoyos, por lo que desde aquí hacemos un llamado a Mara Gómez, titular de la CEAV y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que se regularice la entrega de nuestras medidas.  Ya que por falta de medidas de salud, hemos dejado en el camino a una madre y un padre que murieron sin saber dónde están sus hijos.

A pesar de ser una entidad con gran número de desapariciones y fosas clandestinas, el gobierno de Guanajuato restringe las posibilidades de búsqueda y cataloga a las personas desaparecidas como “personas no localizadas”, minimizando la importancia del delito y obstaculizando la actuación de las mismas instituciones de procuración de justicia.

Guanajuato es uno de los cinco estados que no ha declarado la presencia de ninguna fosa, aunque registros hemerográficos de la prensa local y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 2006 y 2020, así como  información de colectivos de familiares de la zona, han documentado la existencia de más de cuarenta fosas. Consideramos que el Fiscal estatal -que lleva cerca de 10 años al frente de la institución- no ha asumido con responsabilidad la búsqueda y la investigación de los casos de desaparición en el estado, y ante la impunidad se manda el mensaje de que la violencia está permitida, por lo que siguen ocurriendo casos.

Familiares de personas desaparecidas de todo Guanajuato, estamos impulsado la creación adecuada de la Ley de Desaparición, la Comisión local de búsqueda, y el Consejo Ciudadano con participación de familias y organizaciones. Una de las reuniones para lograr avances, se tenía prevista para este sábado 21 de marzo en la localidad de San Luis de la Paz, Guanajuato, pero se suspendió debido a la crisis sanitaria por el COVID 19.  Sin embargo, existe el compromiso de reagendar para dar continuidad a esta obligación de las autoridades. En esta mesa de diálogo antes mencionada, estarían presentes el gobierno estatal, municipal, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas local, organizaciones de la sociedad civil y familiares del colectivo Justicia y Esperanza.

Después de 9 años los familiares de los veintidós migrantes mexicanos no hemos tenido por parte del gobierno líneas claras de investigación y búsqueda. A pesar de haber aportado información crucial para la investigación a la FGR, tampoco hemos recibido, cruces de información con casos similares ocurridos en la temporalidad de los hechos, ni se ha profundizado en la información de contexto a nivel local y regional. Como familiares, hemos contado con el apoyo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y aún así ha sido difícil tener una participación real en las investigaciones. Recientemente la Fiscal de Derechos Humanos de la FGR, bajo propuesta de nosotros y de nuestros representantes, aceptó que nuestro caso pueda ser estudiado en contexto con otros casos y esperamos que eso pueda abrir una puerta para poderles encontrar y saber la verdad de los hechos.

Recientemente en México hubo una mayor conciencia del papel de las mujeres en el  país. Como mujeres que buscamos a los nuestros, exigimos que los gobiernos, municipal, estatal y federal, apliquen medidas con enfoque diferenciado para garantizar nuestros derechos a la búsqueda, a la justicia y a la reparación.

Samuel, Fernando, Miguel Ángel, Valentín, Héctor, José Humberto, Ricardo, Gregorio, Alejandro, Antonio, Miguel, Juan Manuel D.,  Rafael, Juan Manuel R., José Luis, José Antonio, José Manuel, Mariano, Ángel, Isidro, Raúl, Santos Eloy.

donde quiera que estén, sepan que les seguiremos buscando.

 

Porque vivos se los llevaron!!!! Vivos los queremos !!!!!

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