Esta semana, la presidencia de la República anunció reformas para fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas, derivado del escándalo del hallazgo de un campo de exterminio en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.
Reconocemos que un tema tan delicado como el de las desapariciones sea finalmente centro de atención para el gobierno, aunque la mayoría de las medidas anunciadas no sean necesariamente novedosas o no atienden las causas estructurales de las fallas del sistema.
Las reformas anunciadas no tocan el problema nodal de la falta de articulación entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda para atender adecuada y eficazmente los casos. Dentro de las medidas anunciadas se contempla fortalecer a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), pero es importante recordar que las comisiones de búsqueda no son instituciones con capacidad para hacer frente a las dinámicas de violencia del crimen organizado, aunado a que sin la colaboración de las fiscalías y sistemas de inteligencia, se limitan las posibilidades de establecer hipótesis de búsqueda individualizada. La falta de cooperación y articulación entre instancias involucradas a nivel municipal, estatal y federal, ha sido causa de ineficacia, ha llevado a duplicar acciones y favorecido la revictimización de los familiares de las víctimas.
Ahora bien, la propuesta presidencial tiene como gran ausente a la población en situación de movilidad que transita por nuestro país diariamente, personas mexicanas y extranjeras. Es una de las poblaciones en situación más vulnerable ante la violencia del crimen organizado y la violencia institucional, sujeta a extorsiones, secuestros, homicidios y desapariciones. Hace años que el tráfico, secuestro y reclutamiento forzado de la población migrante se ha convertido en uno de los negocios principales del crimen organizado, en convivencia con una institucionalidad migratoria débil y que necesita ser reformada.
Las propuestas ignoran que la población migrante en tránsito, proveniente de otros países, no cuenta con una CURP que sea útil para ser buscada, ni sus familiares se encuentran en el país para acudir a una fiscalía o una comisión de búsqueda. La existencia de mecanismos de búsqueda de las personas migrantes desaparecidas ha sido una exigencia de las familias, comités de familiares de personas migrantes desaparecidas y de la sociedad civil organizada, quienes impulsaron la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación (MAEBI) y de la Mesa de Búsqueda de migrantes, que debería facilitar el acceso a los familiares para denunciar y reportar desapariciones desde sus países de origen y garantizar acciones transnacionales para coordinar la búsqueda e investigación.
Sin embargo, a pesar que el MAEBI está contemplado en la Ley General en Materia de Desaparición y en la Ley de la Fiscalía General de la República, además de que desde el 2022 existen nuevos Lineamientos para la operación del MAEBI, las víctimas siguen encontrando reticencia y negativa de las fiscalías, consulados mexicanos, comisiones de búsqueda y comisiones de atención a víctimas, para formalizar denuncias y reportes y poder tener realmente acceso a procesos de búsqueda, investigación, verdad y justicia. Desde el año 2021 está pendiente la instalación de la Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas, creada sólo en el papel por el Sistema Nacional de Búsqueda. El próximo 7 de abril, estos aspectos serán evaluados en Ginebra por el Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios.
A nivel mundial, México es un país “champion” ante el cumplimiento de objetivos del Pacto Mundial para una Migración, Segura, Ordenada y Regular, sobre todo en su objetivo 8 (sobre salvar vidas y hacer búsqueda de personas desaparecidas), y ha expresado un amplio compromiso en esta reciente segunda consulta en Chile. Lo menos que esperaríamos es que se fortalezcan los mecanismos ya existentes y se atiendan las exigencias de las familias y sociedad civil para realmente cumplir con ese compromiso mundial y así ser con propiedad, un país “champion”.
Si las propuestas que hace el gobierno para mejorar procesos de búsqueda de personas pretenden ser realmente humanistas y atender el fenómeno en su amplitud, entonces no se puede hacer a un lado a la población migrante, no se puede negar la existencia de miles de desaparecidos en el contexto migrante, pues entonces la propuesta quedaría incompleta.
¡Sin las personas migrantes, no!
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