El establecimiento de fiscalías autónomas del poder político ha sido una demanda reiterada desde diversos sectores en nuestro país. La aspiración de que a través de la autonomía se impida que el sistema penal se vea determinado por decisiones políticas encontró base en la reforma constitucional del 10 de febrero de 2014, que sustituyó a la Procuraduría General de la República, dependiente del Ejecutivo Federal, por un órgano constitucional autónomo: la Fiscalía General de la República. Sin desconocer que se trataba todavía de un diseño institucional insuficiente, siendo el denominado “pase automático” el aspecto más emblemático de que aún no se había logrado una Fiscalía verdaderamente autónoma, se dio un primer paso en la dirección de reducir los márgenes de impunidad por medio de garantías de autonomía.
Pasos atrás en el combate a la impunidad. ¿Necesita la Fiscalía General una nueva ley?
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