A un año del feminicidio de Victoria Salazar, mujer salvadoreña reconocida como refugiada en México desde 2018, las autoridades del Juzgado de Control y de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tulum, Quintana Roo, siguen dilatando la celebración de la audiencia del caso, al suspenderla sin previo aviso a quienes representan legalmente a la familia, mientras que la investigación carece de perspectiva de género y exhaustividad, dando lugar a la impunidad y a la falta de acceso a la justicia para la familia de Victoria.
A un año del feminicidio de Victoria Salazar, sin justicia ni reparación del daño
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