Comunicado de Prensa- El Salvador- Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistia: Triunfo de las víctimas en pro de la verdad y la justicia tras 23 años de impunidad

Las organizaciones firmantes celebramos la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, que habían dejado en la impunidad los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra que constituyen violaciones graves a los derechos humanos, cometidas durante el conflicto armado.
Es una decisión histórica para el país que refuerza la esperanza de las víctimas y sus familiares que sufrieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual, desplazamiento forzado y otras violaciones sistemáticas y que se constituye en un acto
reparador en sí misma.

La sentencia de inconstitucionalidad refleja los estándares del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, especialmente la prohibición de aplicar una amnistía a crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como la obligación de no utilizar figuras como la prescripción.

Expresamos nuestra preocupación ante las declaraciones de diferentes funcionarios estatales que rechazan esta decisión por considerarla una amenaza a la gobernabilidad y que levantan la falsa idea de que la declaratoria de inconstitucionalidad abre la puerta para una cacería de
brujas. Esta decisión responde a las obligaciones del Estado de tutelar los derechos de las víctimas y brindar el acceso a la justicia.

Debemos recordar que entre las causas que originaron el conflicto armado, se encontraba la falta de un sistema de justicia imparcial; siendo la lucha contra la impunidad necesaria para fortalecer el estado de derecho y generar estabilidad social. Este reclamo histórico de las víctimas, más bien ofrece la oportunidad de iniciar un verdadero proceso de reconciliación nacional.
Demandamos que el Fiscal General de la República y los jueces acaten la sentencia, reabriendo aquellos procesos que fueron cerrados en aplicación de la amnistía, tales como el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, el caso de los Jesuitas (masacre de la UCA, respecto de los autores intelectuales) y la Masacre de El Mozote, y aquellos donde se utilizó el argumento de la prescripción, tales como el caso de los Jesuitas (masacre de la UCA, respecto de los autores materiales) y la masacre de El Calabozo.

Asimismo, exhortamos al Fiscal General a avanzar en los cerca de 50 casos que han sido desde hace años ya denunciados por las víctimas, desarrollando una política y estrategias específicas para la investigación de este tipo de crímenes, que consideren la complejidad de los hechos y el contexto en que ocurrieron, creando una unidad especializada que implemente tal política, y mejorando el trato hacia las víctimas. Esto, tanto en cumplimiento de la decisión constitucional, como de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas desde 2005.
A su vez esperamos que la Asamblea Legislativa, en cumplimiento de la sentencia, garantice el acceso a la información pública “sobre los hechos y sus circunstancias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra” y adopte una ley para la “reparación integral a las víctimas que fueren necesarias para garantizar su satisfacción, compensación y reivindicación”.

Estamos conscientes que la idea de impunidad se ha enraizado en los operadores del sistema de justicia y en buen parte de la sociedad salvadoreña, por lo que abrir paso a la justicia será un reto de todos y todas. Nos alienta la oportunidad de contribuir a sanar heridas que por largo tiempo han estado abiertas y la posibilidad de mejor el sistema de justicia que debe responder a los crímenes más horrendos del pasado, y no permitir su repetición en el presente de El Salvador.
San Salvador, 25 de julio de 2016.-