- La Red por la Independencia Judicial (RIJ) busca reducir la politización de las elecciones judiciales y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia
- Se propone sustituir los requisitos actuales para aspirantes a cargos judiciales por una certificación técnica, así como posponer la próxima elección hasta 2028 para garantizar reglas claras y mejor preparación.
- Para fortalecer las elecciones judiciales, la RIJ plantea reformas constitucionales a los artículos 95, 96, 97, 100, 116 y 122.
Ciudad de México, 15 de febrero de 2026.- La Red por la Independencia Judicial (RIJ) es una iniciativa ciudadana que ha dado seguimiento al contenido e implementación de la reforma judicial desde su planteamiento en 2024. A partir de este ejercicio de análisis, durante 2025 se identificaron áreas de mejora en temas clave como el derecho al acceso a la justicia, los derechos laborales del personal judicial, la definición de perfiles idóneos para cargos jurisdiccionales, la integración y funciones de los comités de evaluación, los tiempos del proceso electoral judicial, la comunicación entre actores involucrados, el uso de recursos, la participación ciudadana y la logística de la elección.
Ante este contexto, la RIJ considera necesario contribuir de manera constructiva en dos aspectos fundamentales:
- El proceso de selección y evaluación de personas aspirantes a cargos de elección judicial.
- La organización oportuna, a tiempo, y con reglas claras de la siguiente elección, a partir de las lecciones aprendidas en junio de 2025.
Dos propuestas de reforma constitucional
Para atender esos dos puntos, la RIJ plantea un conjunto de medidas para fortalecer la implementación de la reforma judicial y dar mayor certidumbre a los procesos de selección y elección. Éstas reformas —que implican enmiendas constitucionales— pueden agruparse en dos propuestas:
- Mejorar el proceso de selección de aspirantes a cargos judiciales mediante la sustitución de los requisitos formales actuales (promedios de calificaciones, ensayo y cartas de vecinos) por un proceso de certificación técnica a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial. Este mecanismo evaluaría conocimientos, competencias y estándares éticos de quienes busquen ejercer funciones jurisdiccionales. Entre más competencias técnicas tengan las personas aspirantes a cargos de elección judicial, mayor será la probabilidad de tener un desempeño adecuado, lo que abonará a la confianza ciudadana y a la certeza jurídica.
- Recalendarizar la siguiente elección judicial para 2028. Esta medida permitiría contar con el tiempo necesario para diseñar y aplicar el proceso de certificación, mejorar la coordinación entre instituciones, facilitar la deliberación pública sobre los perfiles de las candidaturas y reducir los riesgos de politización del proceso. Es indispensable la separación de elecciones de carácter partidista de aquellas en las que se eligen jueces para reducir los riesgos de politización.
Cambios constitucionales para mejorar el proceso de selección
Para asegurar que las personas aspirantes a cargos judiciales cuenten con preparación técnica suficiente, experiencia acreditada y procesos de capacitación adecuados, se plantean las siguientes medidas:
- Sustituir los requisitos formales actuales por una certificación técnica integral a cargo de la Escuela Nacional de Formación Judicial que evalúe conocimientos, competencias y ética.
- Establecer filtros y procesos de recepción de documentación que faciliten el trabajo de los Comités de Evaluación.
- Diseñar una certificación que evalúe interpretación y razonamiento jurídico, perspectiva de género e interseccionalidad, enfoque de derechos humanos, comprensión de contextos sociales de las personas justiciables, organización y manejo del despacho judicial, aptitud de servicio y compromiso social.
- Fortalecer institucionalmente a la Escuela Nacional de Formación Judicial, dentro del Órgano de Administración Judicial para que tenga herramientas que le permitan diseñar e implementar el proceso de certificación de aspirantes a cargos jurisdiccionales.
Elecciones judiciales con reglas claras y sin interferencia partidista
A su vez, para evitar la contaminación de las elecciones judiciales con los comicios político-partidistas, es necesario separar los calendarios electorales de ambos procesos. Para ello, se propone que la siguiente elección judicial se realice de 2028 en adelante.
Esta recalendarización permitiría:
- Diseñar y preparar adecuadamente el proceso de certificación de aspirantes.
- Diseñar un proceso más fluido y con reglas claras de todos los actores que intervienen en la definición de candidaturas (Comités de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Instituto Nacional Electoral, Órgano de Administración Judicial y Escuela Nacional de Formación Judicial).
- Generar mayor deliberación pública y escrutinio de candidaturas.
- Evitar la saturación del calendario electoral.
- Disminuir los riesgos de politización del Poder Judicial.
- Reducir la presión operativa sobre las autoridades electorales para la organización de la siguiente elección judicial.
De conformidad con lo anterior, desde la RIJ proponemos reformas constitucionales mínimas a los artículos 95, 96, 97, 100, 116, 122 y diversos artículos transitorios en materia de temporalidad de las elecciones judiciales.
Qué es la Red por la Independencia Judicial (RIJ)
La Red por la Independencia Judicial es un espacio de comunicación y articulación que reúne a representantes de la sociedad civil, academia, sector empresarial, abogacía, medios de comunicación, organismos internacionales, personas juzgadoras y personal judicial.
Surgió de manera orgánica ante la preocupación compartida por diversos sectores sobre el impacto de la reforma judicial en la calidad de la justicia. Su objetivo es construir soluciones desde distintos enfoques, generar propuestas de legislación y políticas públicas, y promover espacios de diálogo sobre la importancia de un Poder Judicial independiente y efectivo.
Llamado al diálogo legislativo
La RIJ, así como las personas y organizaciones abajo firmantes hacemos un llamado respetuoso a las y los legisladores a abrir espacios de diálogo técnico e incluyente para analizar estas propuestas. La implementación de la reforma judicial representa un proceso complejo que requiere ajustes oportunos, coordinación institucional y participación de distintos sectores.
El objetivo común debe ser fortalecer la independencia judicial, mejorar el acceso y la calidad de la justicia y generar mayor confianza ciudadana en las instituciones.
Firmantes:
Organizaciones
BORDE
CEEAD
Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA)
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Juicio Justo
Laboratorio Electoral
México Evalúa
México Unido Contra la Delincuencia
Práctica: Laboratorio para la Democracia
PROJUC
A título personal
Arturo Ramos Sobarzo
Claudia Aguilar Barroso
Hortencia María Emilia Molina de la Puente, Magistrada federal en retiro
Juan Pablo Campos
Juana Fuentes, Jueza Federal Laboral
Luis Asali Harfuch
María Alejandra Ramos Durán, Jueza en retiro de Chihuahua
Mariela Ponce Villa, Magistrada de Querétaro
Pablo González Villalobos, Magistrado en retiro de Chihuahua
Rafael Estrada Michel
José Mario de la Garza Martins
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