CNDH emite recomendación sobre la masacre de 49 personas en Cadereyta, Nuevo León y reconoce hechos como graves violaciones de derechos humanos
- CNDH reconoce que en 2012 prevalecía un riesgo real e inmediato para la población migrante que transitaba por México.
- PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) obstaculizaron las investigaciones y el acceso a la justicia a las y los familiares de las víctimas.
- Las familias de las víctimas y la FJEDD instan a las autoridades responsables a aceptar la recomendación y cumplirla en su totalidad.
Ciudad de México y La Paz, Honduras, a 05 de noviembre de 2017.
En la madrugada del 13 de mayo de 2012, el Ejército y la Policía Federal hallaron 49 personas cruelmente asesinadas sobre la carretera libre Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León. Entre las víctimas se encuentran 13 personas migrantes centroamericanas. Cinco años más tarde, el pasado 18 de octubre de 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación No. 8VG/2017 sobre “La investigación de violaciones graves a los derechos humanos, a la seguridad ciudadana y de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en agravio de las 49 personas halladas sin vida en el municipio de Cadereyta, Nuevo León.”
El Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH), conformado por las víctimas de la masacre, y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. (FJEDD), luego de una cuidadosa lectura del documento, saludamos la recomendación emitida por la CNDH como una respuesta obligada a la lucha de justicia y verdad por parte de las y los familiares de las víctimas de la masacre, después de tantos años de indolencia por parte del Estado mexicano ante el sufrimiento provocado por la crueldad que representan estos hechos.
En la recomendación -dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR), al Gobernador de Nuevo León y al Gobernador de Tamaulipas-, la CNDH declaró la violación al derecho de seguridad ciudadana a causa del riesgo real e inmediato para la población migrante que transitaba por México que existía a partir del contexto latente de violencia focalizado en las personas migrantes. Estas condiciones y la falta de actuación efectiva por parte de las autoridades permitieron que ocurriera la masacre de Cadereyta en mayo de 2012. De igual forma, la CNDH señaló que la PGR y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León (PGJNL) violaron el derecho de acceso a la justicia, pues obstaculizaron las investigaciones a causa de las diversas irregularidades y deficiencias en la integración de las averiguaciones previas y por la falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos. Además, dichas instituciones vulneraron el derecho de acceso a la justicia a las y los familiares de las víctimas, al no reconocer su calidad de víctimas y el nombramiento de representantes y por impedir la participación de las y los familiares de las víctimas dentro de las investigaciones penales durante años.
Una vez más, la CNDH ha reconocido las fuertes deficiencias de los servicios periciales del país, puesto que las diligencias practicadas a los cuerpos y en la zona del hallazgo, por parte de servidores públicos estatales y federales estuvieron llenas de omisiones e irregularidades, estas violaciones provocaron la pérdida de indicios clave para el esclarecimiento de los hechos y la identificación oportuna de las víctimas. La CNDH también consideró que el Gobierno de Nuevo León vulneró el derecho a la honra y la dignidad de las víctimas al asegurar que los hechos se trataban de un ajuste de cuentas entre autoridades sin ningún sustento en la investigación.
Ante estos hechos –calificados por la CNDH como graves violaciones de derechos humanos-, la CNDH emitió 12 puntos recomendatorios a la PGR, 11 al gobernador de Nuevo León y cinco al gobernador de Tamaulipas. De acuerdo con la Ley de la CNDH, los tres funcionarios tienen hasta el 21 de noviembre para manifestar si aceptan dichas recomendaciones.
La CNDH recomendó a la PGR realizar un peritaje en reparación integral del daño en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); garantizar la participación de las y los familiares de las víctimas en las investigaciones; atraer la investigación del caso que lleva la PGJNL para unificar las investigaciones sobre el caso; establecer un mecanismo de coordinación entre la Unidad de Migrantes de la PGR -que actualmente conduce el caso-, y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) y apoyar en las denuncias y quejas contra los servidores públicos responsables de las violaciones señaladas. Asimismo recomienda al Gobierno del Estado de Nuevo León ofrecer disculpas públicas por las declaraciones infundadas de dicho gobierno, que en 2012 aseguró que los hechos constituían un ajuste de cuentas entre grupos delictivos.
Si bien la Recomendación de la CNDH sobre el caso es un avance, las familias y las organizaciones acompañantes consideramos que existen importantes temas que no fueron aclarados por la CNDH y que son fundamentales para garantizar que la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de estos gravísimos hechos. Entre ellos, se encuentran los siguientes: i) la ausencia de responsabilidad del gobierno federal en la prevención de la masacre; ii) no existe un pronunciamiento sobre la responsabilidad de otros agentes estatales que alteraron el lugar del hallazgo o que se negaron a colaborar en la investigación, como servidores públicos de la Policía Federal, el Ejército y la SEIDO; iii) respecto de la averiguación previa de la la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR, la CNDH no analizó las irregularidades y dilaciones en la misma, ni se pronuncia sobre la falta de respuesta sobre la admisión de un peritaje independiente presentado por las víctimas y menos aún se pronuncia sobre la negativa de proporcionar copias de la investigación a las víctimas y sus representantes; y iv) no se cuestiona la tardanza en la entrega de los cuerpos de víctimas de origen centroamericano ocho meses después de la identificación.
Ante las irregularidades e insuficiencias que presenta la investigación de la masacre de Cadereyta, hacemos un llamado urgente a la Unidad de Migrantes para que investigue con la mayor debida diligencia a más de cinco años de la masacre y para que diseñe un plan de investigación con la participación de las y los familiares de las víctimas lo antes posible a fin de esclarecer los hechos de tanta crueldad. Al hacerlo, se cumplirían con dos recomendaciones prioritarias de las observaciones finales del Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Migratorios y de sus Familiares, emitidas en 2015 y 2017, respectivamente.La obligación del Estado mexicano ante estos hechos tan dolorosos para las familiares de víctimas y la sociedad se mantiene en tanto acepte y cumpla en su totalidad la recomendación, pero también en garantizar una justicia oportuna y en avanzar con seriedad y determinación en la adopción de todas las medidas necesarias para que dichas violaciones no vuelvan a ocurrir.
Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras (COFAMICENH)
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho A.C. (FJEDD)
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Jazmín Reza
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