En México se ha instaurado la práctica de usar el sistema penal de manera arbitraria contra personas que denuncian violaciones a derechos humanos, que
las investigan y que acompañan a las víctimas de esas violaciones en su búsqueda de justicia, verdad y reparación integral del daño. Así lo advierte Amnistía Internacional México en su último informe Perseguidas: criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México.
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