Artículo publicado el 30 de abril en Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- La procuradora general de la República Arely Gómez se comprometió a crear una fiscalía especializada en atención a delitos cometidos contra migrantes así como un “plan efectivo de búsqueda” de centroamericanos desaparecidos, informaron organizaciones civiles.
En un comunicado difundido por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, que tiene un registro de 350 migrantes desaparecidos en territorio mexicano, se da cuenta de los compromisos a que llegó Arely Gómez con familiares de centroamericanos desaparecidos en su tránsito por México y organizaciones civiles que los representan aquí y en Centroamérica.
De acuerdo con la organización, en el encuentro Gómez González se comprometió a crear una “fiscalía especializada para población migrante” que se encargará de integrar las indagatorias de “todos los delitos que investiga la PGR en contra de la población migrante como desaparición, secuestro, trata y tráfico, homicidio, robo, lesiones y extorsión”.
Tras aclarar que por el momento los casos se concentrarán en una Unidad especial, “en tanto se evalúan los requerimientos normativos y presupuestales de la Fiscalía”, se explica que esa oficina permitirá “establecer una política integral para investigar delitos cometidos contra esta población con estrategias de combate adaptadas para enfrentar una criminalidad de alcance transnacional”.
En seguimiento a la audiencia sobre desapariciones llevada a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 20 de marzo, familiares de desaparecidos y sus representantes se reunieron con la titular de la PGR, quien aseguró que “ya fue aceptada la propuesta de mecanismo trasnacional” para investigar los delitos contra migrantes.
La Fundación resaltó que en casos graves como desapariciones u homicidios, las familias de las víctimas se ven imposibilitadas a “iniciar la denuncia de los hechos, solicitar la búsqueda de personas, aportar pruebas y demás desde el país donde se encuentran”.
De acuerdo con el compromiso establecido, el mecanismo “deberá garantizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas y secuestradas, la investigación, sanción y reparación del daño por los delitos cometidos contra las personas migrantes, así como las medidas de atención, apoyo y asistencia desde el lugar donde se encuentren las víctimas y sus familiares”.
Como primera medida, agrega la Fundación, la dependencia pondrá en operación el mecanismo transnacional.
“La Agregaduría de la PGR para América Central y el Caribe se encargará de recibir y dar seguimiento a las solicitudes y denuncias de las familias de migrantes víctimas de masacres, desde los países de origen en las instalaciones de los consulados mexicanos en América Central”, detalla la organización civil.
Los familiares de víctimas y las organizaciones que los representan acordaron con la procuradora medidas como la “implementación de un plan efectivo de personas migrantes desaparecidas en cárceles, hospitales, estaciones migratorias y otros lugares en México y Estados Unidos”.
También continuar con el trabajo de la Comisión Forense creada para identificar los cuerpos localizados en San Fernando y Cadereyta; dar acceso a los expedientes a familiares y sus representantes legales; apoyar en la obtención de visas humanitarias para dar seguimiento a los casos, así como “detectar patrones y modus operandi de grupos del crimen organizado”.
De acuerdo con los asistentes, la procuradora se comprometió a “no escatimar recurso y esfuerzo alguno para investigar con toda la capacidad de la institución” el destino de los desaparecidos.
Con la procuradora se reunieron integrantes de dos comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras; de una organización de familiares de migrantes víctimas de Guatemala así como otra de El Salvador.
También estuvieron presentes miembros del Grupo San Luis de la Paz “Justicia y Esperanza”, el Equipo Argentino de Antropología Forense, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, los centros de derechos humanos Juan Fray de Larios y Victoria Diez, así como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
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