12 de marzo de 2025
El pasado 7 de marzo se dio a conocer el hallazgo, por parte de los colectivos Madres Buscadoras de Jalisco y Guerreros Buscadores de Jalisco, de un centro de exterminio con hornos clandestinos, en Teuchitlán, Jalisco, así como múltiples objetos personales, dejando suponer que más de 200 personas pudieron haber sido incineradas en ese sitio. El escalofriante hallazgo fue acompañado de la noticia que el lugar ya había sido examinado previamente por las autoridades de Jalisco, sin que se hubieran levantado todas esas evidencias, que son esenciales para la investigación así como para la búsqueda e identificación de víctimas.
El hecho demuestra nuevamente la falta de interés y capacidad de las autoridades para enfrentar y combatir al crimen organizado y dar respuestas a las familias de miles de víctimas. Más aún, que eventos como este no sean investigados y castigados fomenta la impunidad y repetición de la violencia, así como la lógica presunción de complicidad o aquiescencia del Estado. El caso trajo a la memoria el escalofrío y el horror que experimentó la sociedad a partir del 2010, con la masacre de 72 migrantes y el posterior hallazgo de 48 fosas clandestinas con 196 cuerpos, en San Fernando, Tamaulipas; la mayoría de ellos migrantes.
A 15 años de esas tragedias y expresiones máximas del horror y deshumanización, vemos que los patrones se repiten y que la justicia no llega. En la conferencia matutina de ayer, 11 de marzo, el Fiscal General Gertz Manero reconoció, en referencia al caso de Teuchitlán, que es un tema “crítico y muy grave”, y que de forma pronta la Fiscalía General de la República (FGR) determinará si atrae el caso. Dijo que para eso, se requiere “un informe preciso” de los antecedentes e historia del caso. Creemos que no hace falta mucha revisión para identificar la competencia federal, tanto por las evidentes conductas cometidas en el lugar como por la clara falta de garantía de independencia y eficiencia de la fiscalía estatal. En respuesta a un periodista, el Fiscal General también reconoció que las masacres de San Fernando fueron una “brutalidad histórica”.
Es importante recordar que esa brutalidad sigue impune, a pesar de que los casos fueron atraídos por la federación de manera inmediata y que los descubrimientos fueron reportados por autoridades federales, a saber el Ejército y la Marina.
A cerca de 15 años de la masacre de los 72 migrantes, 14 del hallazgo de las fosas clandestinas de San Fernando, y 13 de la masacre de Cadereyta, no hay esclarecimiento de los hechos ni sanciones por los homicidios, tortura y desaparición de las víctimas.
Si bien se llevaron a cabo detenciones y juicios contra presuntos integrantes del Cártel de los Zetas, los procedimientos no han llevado a sentencias por las muertes de las víctimas sino por la pertenencia de los detenidos a la delincuencia organizada y delitos como la portación de armas prohibidas. Muchas de las imputaciones efectuadas derivaron de supuestas detenciones en flagrancia de portación de armas prohibidas y confesiones de los detenidos, mas no de investigaciones exhaustivas, eficientes y basadas en “informes precisos” e “historias de los casos”, como ahora lo ofrece el Fiscal General para la tragedia de Teuchitlán.
Los casos de San Fernando sirvieron para la cruzada contra los zetas y su judicialización, pero no para dar verdad, justicia y reparación a las familias de las decenas de víctimas, provenientes de México, Centroamérica y otros países de la región. Hasta la fecha, la Comisión Forense creada en el 2013 para la identificación y revisión de los cuerpos de las 3 masacres señaladas, sigue realizando identificaciones y subsanando errores cometidos en su momento tanto por las autoridades locales como federales, cuidando la certeza técnica de los resultados y la dignificación de las víctimas.
La deuda con las víctimas de las masacres de San Fernando, Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León, no ha sido saldada. La recién “entrega” gratuita y legalmente dudosa de 29 capos al gobierno de los Estados Unidos, mina aún más la esperanza de las familias de saber quiénes cometieron los hechos y sobre todo, por qué, y en qué medida el Estado permitió, encubrió o participó en ellos. Queda claro que la entrega de los 29 líderes criminales beneficiará a los intereses de Estados Unidos, centrados en el narcotráfico cometido en territorio estadounidense, pero profundizará la impunidad de los miles de casos de extorsión, secuestro, homicidio, trata, desaparición, entre otros, cometidos en territorio mexicano.
Esperamos que la conmoción nacional e internacional producida por el hallazgo del campo de exterminio de Teuchitlán, Jalisco, dé lugar a la acción real e inmediata del Estado para esclarecer lo ocurrido y garantizar justicia a las víctimas.
Contacto de prensa
Sacnicté Caballero
prensa@fundacionjusticia.org
