Artículo publicado en La Jornada el 16 de junio de 2015
México, DF. Diversas organizaciones civiles y defensora de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, urgieron esclarecer el ataque armado contra más de un centenar de migrantes centroamericanos en el desierto de Sonora, en el que murieron cuando menos tres personas, a principios de mes.
Calificaron de “preocupante” que a casi dos semanas del acontecimiento todavía no se cuenta con información sobre la investigación de este evento.
“Preocupa, además, la falta de información sobre el posible paradero de las otras personas que viajaban en el grupo y que no fueron rescatadas, incluyendo posiblemente a varias mujeres y un niño, ya que las condiciones del desierto en esa zona son muy extremas”, dice la declaración pública, suscrita también por varias casas de ayuda y asistencia a migrantes.
Solicitan la necesaria intervención de la Procuraduría General de la Republica (PGR) en el caso, debido a la presencia de grupos delincuenciales en la zona desértica de Sonora y la posibilidad de su participación en este hecho, además de los indicios de que los agresores portan vestimenta militar.
En su declaración pública, las organizaciones expresaron una gran preocupación por la falta de información y orientación brindada a los migrantes sobrevivientes por parte del Instituto Nacional de Migración (INM).
A los y las migrantes nunca les explicaron que por ser víctimas de un delito grave en México deberían recibir una tarjeta que regula su estancia por razones humanitarias para poder obtener atención médica y emocional. Tampoco les explicaron la diferencia entre una deportación y un retorno asistido y han podido tener poca comunicación con sus familias.
Asimismo, en una acción grave y contraria a los derechos humanos de los migrantes, las autoridades pidieron firmar documentos donde los migrantes renuncian a la posibilidad de una estancia regularizada y aceptan ser deportados.
Las organizaciones de protección a migrantes pudieron entrevistar a las 13 víctimas indocumentadas, explicarles sus derechos y entregarles ropa y tarjetas telefónicas para comunicarse con sus familias, pero esto fue hasta nueve días después del incidente.
Ante esta realidad y el cúmulo de irregularidades reveladas, las organizaciones han solicitado la intervención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para garantizar el respeto a los derechos de los y las sobrevivientes.
Por si esto fuera poco, también denunciaron que falta de información sobre el procedimiento que se está llevando a cabo para la identificación de los cuerpos, siendo este una pieza clave en la investigación. Y a pesar de que se ha solicitado la determinación de identificación de los restos a través de la Comisión Forense –mecanismo que opera la PGR y organizaciones de la sociedad civil– hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
Hay que recordar que el pasado 2 de junio un grupo entre 110 y 120 migrantes centroamericanos fueron atacados por dos hombres vestidos de militar con armas de fuego. Posteriormente, la Procuraduría de Justicia de Sonora informó haber rescatado a 13 migrantes sobrevivientes del ataque, encontrado tres cuerpos sin vida, y calcinadas dos de las cuatro camionetas en las que viajaban.
La declaración la suscriben, además, la Casa del Migrante de Saltillo, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Instituto para las Mujeres en la Migración y la Misión Scalabriniana para Migrantes y Refugiados.
