Organizaciones salvadoreñas defensoras de Derechos Humanos se pronuncian ante la visita oficial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

El Salvador, 15 de noviembre de 2017

A pesar de los incipientes avances democráticos experimentados por El Salvador, a veinticinco años de la suscripción de los Acuerdos de Paz, y de los esfuerzos de una amplia y diversa movilización de organizaciones defensoras de Derechos Humanos, en el país persiste una fuerte presencia de estructuras generadoras de impunidad, corrupción y violación a Derechos Humanos, que debilita la institucionalidad y el tejido social, familiar y comunitario que favorece un clima de graves y diversas violaciones a los Derechos Humanos.

Estas violaciones a Derechos Humanos afectan de formas diferenciadas y particulares a poblaciones diversas: mujeres y hombres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores, poblaciones LGBTI, personas con VIH, personas con discapacidades, pueblos originarios, entre otras poblaciones, lo que genera una evidente contradicción entre los avances formales y las realidades vivenciadas.

El Estado salvadoreño mantiene deudas históricas en el acceso a la justicia para las víctimas y sobrevivientes de las violencias del presente y del pasado y los niveles de impunidad y corrupción son cortapisas importantes para el pleno e irrestricto respeto de los Derechos Humanos y la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho en ciernes.

Las organizaciones de derechos humanos, sin pretender agotar la compleja y diversa realidad que vive el país, pero como legítimas defensoras de amplios sectores sociales vulnerables, exponemos a continuación los principales ejes de preocupación en materia de derechos humanos y que han marcado nuestra agenda de trabajo en los últimos años. Ello con el fin de que la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sea una contribución significativa en favor de los derechos humanos de miles de personas que al día de hoy, sufren la violación de sus derechos y dignidad humanas.

  • Memoria Histórica, Impunidad y Justicia Transicional
    • Incumplimiento de la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía
    • Impunidad persistente sobre graves violaciones a Derechos Humanos, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad
    • Vacíos importantes para la recuperación y preservación de la Memoria Histórica
    • Falta de ratificación de instrumentos internacionales de Derechos Humanos vitales como la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
  • Violencia y Seguridad Pública
    • Ejecuciones extrajudiciales
    • Militarización de la seguridad
    • Deficiente sistema penitenciario
  • Desapariciones
    • Desapariciones durante el conflicto armado
    • Desapariciones producto de migraciones y desplazamientos forzados por violencia
    • Desapariciones producto de violencia de género
  • Independencia Judicial y de Institucionalidad de Justicia
    • Procesos de selección y elección partidarizados y con influencias de grupos de poder
    • Debilitamiento y amenazas a Sala de lo Constitucional y Fiscalía General de la República
    • Deficiencia en el rol de la Fiscalía General de la República
    • Desobediencia y desacato de sentencias constitucionales
  • Derechos Humanos de las Mujeres
    • Feminicidios, desapariciones y cementerios clandestinos
    • Violencia sexual y explotación sexual comercial
    • Trata de personas
    • Matrimonios, esterilizaciones y embarazos forzados
    • Penalización absoluta del aborto
    • Prácticas misóginas naturalizadas
  • Derechos de la Población LGBTTI
    • Crímenes por odio, torturas y malos tratos
    • Persecuciones, migraciones y desplazamientos internos forzados
    • Prácticas discriminatorias y homofóbicas naturalizadas
    • Descalificación, estigmatización y exclusión
    • Violación al derecho a la identidad por expresión de género
  • Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
    • Feminicidios, homicidios y desapariciones
    • Violaciones sexuales y acoso sexual
    • Embarazos forzados en niñas y adolescentes
    • Incidencia y prevalencia del VIH
    • Reclutamiento forzado para explotación sexual y laboral, para la comisión de delitos (reclutamiento de las pandillas)
    • Deserción escolar
    • Desplazamientos forzados por violencia, migración irregular no acompañada
  • Protección Integral a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
    • No reconocimiento del Derecho a Defender Derechos Humanos de las personas, organizaciones y colectivos como mandata la Resolución de la ONU (1998)
    • Realización de su labor en condiciones de alto riesgo
    • Campañas de desprestigio, amenazas e intimidación
    • Persecuciones, violencia sexual, criminalización e incluso asesinatos
    • Desprotección e inseguridad para defensoras y defensores de Derechos Humanos, periodistas y sus familias y organizaciones
  • Migración y Desplazamiento Forzado
    • Estado salvadoreño no reconoce la migración y el desplazamiento forzados por violencia (violencia social y de género)
    • Criminalización
    • No hay medidas efectivas de protección y respeto a los Derechos Humanos de las personas migrantes irregulares que son detenidas en México y Estados Unidos en condiciones de absoluta violación al debido proceso
    • Cada vez están migrando más mujeres, especialmente niñas, adolescentes y jóvenes
    • Diversas violaciones a Derechos Humanos enfrentan las personas migrantes irregulares, entre ellas la Trata de Personas para explotación sexual comercial, laboral, para la comisión de delitos, para traficar drogas
    • Se carecen de marcos legales, políticas y programas de atención a la población desplazada.

Las organizaciones salvadoreñas Defensoras de Derechos Humanos solicitan al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que recomiende al Estado salvadoreño:

  1. La Ratificación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El efectivo cumplimiento de la Sentencia de Inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. La armonización de la legislación y de políticas públicas relativas a la recuperación y respeto de la memoria histórica, verdad, justicia, reparación integral y garantía de no repetición.

 

  1. Desarrollar estrategias claras y efectivas para frenar el desplazamiento interno por violencia. Desarrollar programas integrales para la atención de personas retornadas-deportadas. Desarrollar un marco legal para la asistencia y protección, así como un modelo de monitoreo y registro para víctimas de desplazamiento interno. Fortalecer las capacidades de acompañamiento y colaboración de las instituciones salvadoreñas a las familias de personas migrantes desaparecidas y fallecidas, mediante el Mecanismo de Apoyo Exterior mexicano y el Banco de Datos Forense de Migrantes No Localizados de El Salvador

 

  1. Fortalecer los controles internos de la Policía Nacional Civil; evitar la continuidad de la militarización y de las medidas extraordinarias de seguridad y priorizar las acciones de prevención de violencia y la inversión integral en materia de seguridad pública. Generar condiciones de combate y prevención de la impunidad y la revictimización.

 

  1. El diseño e implementación de una estrategia nacional de prevención, combate y sanción de feminicidios y violencia sexual, retomando las propuestas que instituciones especializadas han formulado, incluidos protocolos para la atención a sobrevivientes de violencia sexual, y la aprobación de la Reforma al artículo 133 del Código Penal que busca despenalizar por 4 causales determinadas la interrupción legal del embarazo.

 

  1. Que el Estado salvadoreño prevenga los crímenes de odio, y proteja a las personas LGBTI, llevando a los perpetradores ante la justicia y proporcionando reparaciones adecuadas y protección a las víctimas; y la aprobación de una Ley de Identidad de Género, que permita a las personas trans contar con documentos de identidad acordes a su identidad y expresión de género.

 

  1. Efectivizar y dinamizar el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. Generar mecanismos efectivos de protección integral para niñas, niños y adolescentes ante la violación a sus Derechos Humanos en delitos como el acoso y la violación sexual, los homicidios y feminicidios, la trata de personas, la explotación sexual comercial, el reclutamiento forzoso por parte de estructuras delincuenciales organizadas, entre otros delitos, tomando como premisas los principios de efectividad y prioridad absoluta de sus derechos.

 

  1. Aprobar una legislación que reconozca el derecho de las personas a defender derechos humanos y contar con garantías para su protección y su seguridad. Generar los mecanismos necesarios para proteger a las personas defensoras y periodistas. Generar precedentes y velar por la aplicación de sentencias judiciales encaminadas a la no criminalización de las personas, instituciones y/o colectivos que defienden DDHH.

 

  1. Desarrollar programas integrales para la atención de personas retornadas y un modelo de monitoreo y registro de víctimas de desplazamiento interno. Mejorar la protección de las víctimas de violencia y contribuir a la superación de las causas que provocan la migración y el desplazamiento.

 

Servicio Social Pasionista (SSPAS); Comité Pro Memoria Histórica; Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto; Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE); Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS); Asociación de Derechos Humanos (ASDEHU); Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”; Asociación Pro-búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (Pro-búsqueda); Centro para la Promoción de Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH); Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL); Comité de Madres Monseñor Romero (COMADRES); Comité de Madres y Familiares de Desaparecidos “Marianella García Villas” (CODEFAM); Fundación Cristosal; Fundación para el Debido Proceso (DPLF); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho El Salvador; Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD); Grupo Pro Memoria Histórica de El Salvador; Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA); Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (CEMUJER); Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos; Unión Médica Salvadoreña por la Salud y Vida de las Mujeres.