Nos sentimos contentos por los avances en el caso, pero también tristes, porque aunque 12 policías están presos, nuestros seres queridos ya no volverán. Hacemos un llamado a las autoridades mexicanas para cumplir las promesas que se hicieron y que viva la libertad y la justicia en el caso de (la Masacre) Camargo.
Marco Antulio Pablo Pérez,
padre de Anderson Marco Antulio, víctima de la Masacre de Camargo
Un año más conmemorando una masacre. Para muchos, son solo cifras o fechas en el calendario. Pero para las familias de las 19 personas asesinadas (en su mayoría migrantes) el 22 de enero de 2021 entre los municipios de Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, en el estado de Tamaulipas, por policías estatales, este día es un recordatorio de un dolor que no cesa y que persiste en sus corazones todos los días, a todas horas.
La Masacre de Camargo representa un hito en la lucha por la justicia para personas migrantes asesinadas en México, siendo el primer caso de este tipo en el que se logra una sentencia condenatoria de los autores materiales, en menos de 5 años.
Sigue en curso un proceso contra un presunto responsable más de la masacre, un policía del Grupo de Fuerza Inmediata de Reacción, antes GOPES; sin embargo, aún están pendientes detenciones de otros implicados por ejecutar y ampliar la investigación por cadena de mando.
Un aspecto importante del proceso en el caso Camargo ha sido el uso de videoconferencias para hacer posible la participación de las familias de las víctimas en las audiencias, así como de Organizaciones de la Sociedad Civil como asesores jurídicos y acompañantes de las familias.
No obstante, los motivos de la masacre siguen sin esclarecer. Las familias continúan sin saber por qué sus seres queridos fueron perseguidos, torturados, asesinados y calcinados: “¿Por qué lo hicieron los policías que debieron cuidar su recorrido por México?”, preguntaba un familiar durante una de las audiencias.
Por su parte, la Fiscalía General de la República no ha mostrado avances significativos en la investigación a su cargo del delito de tráfico de personas, pese a la existencia de elementos relevantes. Cabe recordar que uno de los vehículos localizados en la escena del crimen había sido decomisado por el Instituto Nacional de Migración en diciembre del 2020 durante un operativo en el cual se había “rescatado” a decenas de migrantes y detenido a presuntos traficantes. Dicho vehículo habría sido entregado posteriormente a una de las dos víctimas mexicanas de la masacre del 22 de enero, presunto traficante.
Una recomendación de la CNDH tardía y que sigue sin cumplirse
Es de reconocerse que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se dio a la tarea de que personal de la institución se desplazara a Guatemala para entrevistarse con familiares de las víctimas con el objetivo de recabar sus testimonios e integrarlos al expediente de queja.
Aun así, la recomendación tardó más de tres años en ser emitida. En un primer momento, la oficina regional de la CNDH en Reynosa, Tamaulipas, pretendió enviar el caso a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sin embargo, los asesores legales de las víctimas lograron la atracción del caso por parte de la Quinta Visitaduría de la CNDH.
De este modo, la Comisión emitió la Recomendación por Violaciones Graves 168 VG/2024 en septiembre de 2024. Entre otros puntos, ordena que se realice la reparación integral del daño a las víctimas, incluyendo la compensación y la atención médica y psicológica continua, gratuita y especializada, considerando que la mayoría de las víctimas indirectas residen en Guatemala y El Salvador.
No obstante, la instrumentación de la recomendación ha enfrentado obstáculos significativos. Hasta ahora, la CNDH no ha informado a las víctimas sobre la aceptación o negativa de las recomendaciones por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas (SSP), ni ha permitido el acceso al expediente a la Fundación para la Justicia, asesora de las víctimas, imponiendo requisitos burocráticos que no consideran la especial situación de vulnerabilidad de las familias.
La reparación integral del daño ordenada por la CNDH quedó a cargo de la Comisión Estatal de Víctimas de Tamaulipas, Comisión a la que exhortamos poner su mayor compromiso para que se logre la efectiva y pronta reparación integral a favor de las víctimas. Para ello, deberá asegurarse de que las diligencias necesarias se hagan en tiempo y forma y tomando en cuenta la situación de vulnerabilidad de cada núcleo familiar.
El mensaje de las familias para las autoridades mexicanas
Desde hace cuatro años la petición es la misma: verdad, justicia y reparación. Que se haya reconocido a varios de los culpables materiales de la masacre ha sido un paso importante, logrado gracias a la movilización y empeño de las familias y de las organizaciones acompañantes de México y Guatemala.
Pero la justicia no se alcanza solo con la condena a prisión que se dictó acertadamente en la sentencia: aún falta que la investigación llegue hasta el último responsable de la masacre, que las familias obtengan una debida y digna reparación del daño y, sobre todo, falta saber qué harán el gobierno de Tamaulipas y el gobierno federal para que un hecho tan atroz como este, no vuelva a suceder. La violencia imperante en el país y el inicio de la nueva era Trump en Estados Unidos dejan muchas dudas sobre si se puede garantizar el derecho a migrar con seguridad.
