Ciudad de México 3 de junio de 2025.
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció la conformación de mesas de trabajo con los grupos parlamentarios durante el periodo extraordinario de sesiones “para que todos estén tranquilos”, en referencia a las críticas y observaciones realizadas al contenido de las reformas a las leyes en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de Investigación e Inteligencia.
La legislación propuesta promueve, entre otras cosas, la creación de una base de datos única, centralizada, masiva y obligatoria que contará con datos altamente sensibles de toda la población y operación en tiempo real, así como el requerimiento de una identificación biométrica para acceder a todos los servicios públicos y privados.
Igualmente, se prevé el acceso discrecional a las bases de datos por parte de autoridades federales, estatales y municipales, sin que exista de por medio un control judicial que sirva para evitar abusos en el uso de esta información. Esto resulta sumamente preocupante cuando se toma en cuenta la frecuente colusión en México entre las autoridades con la propia delincuencia, la cual, de obtener acceso al sistema, podrá utilizar los datos registrados para atentar en contra de la población.
La propuesta resulta contraria a principios fundamentales de derechos humanos y carece de un diseño institucional e infraestructura que vele y garantice la protección de datos personales ante posibles riesgos, así cómo una falta de deberes de transparencia y rendición de cuentas.
Además, tomando en cuenta el contexto y los antecedentes de la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado mexicano, el aumento exponencial de las capacidades de vigilancia se traduce en medidas de control social y en un potencial aumento de las violaciones a derechos humanos.
Las organizaciones de la sociedad civil firmantes externamos nuestra preocupación respecto al contenido de dichas leyes y manifestamos nuestro interés en tener una participación activa, libre y significativa en las mesas de trabajo. Un proceso cerrado, como el que se anticipa, carece de legitimidad al no incluir voces expertas con perspectiva de derechos humanos ni la representación real de grupos en situación de vulnerabilidad.
La instalación de mesas de trabajo únicamente con los grupos parlamentarios de la oposición puede derivar en una mera simulación si no se toman en cuenta y se consideran las observaciones y preocupaciones que reiteradamente se han expresado desde otros sectores de la sociedad.
Por lo tanto, en el marco de los principios de gobierno abierto y democráctico, las organizaciones firmantes exigimos la integración de la sociedad civil en las mesas de trabajo para el proceso de revisión del contenido de las leyes en materia de seguridad y de investigación e inteligencia, con una participación auténtica que permita robustecer el debate e incluir alternativas y verdaderas salvaguardas que garanticen la protección de los derechos humanos.
Así mismo, como en otros procesos legislativos que actualmente se encuentran en el Congreso, instamos a las y los legisladores a tomar el tiempo necesario para discutir y debatir estas propuestas de reforma con profundidad y sin premura, de modo que no se acelere la toma de decisiones dentro del periodo extraordinario de sesiones, sino que se garantice la adecuada deliberación, participación e inclusión de diversos sectores sociales.
Firman
R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
SocialTIC
Fundación para la Justicia
Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C.
Data Cívica
