Audiencia con autoridades en caso de masacre de 72 migrantes: oportunidad para poner fin a la impunidad  

 

  • Verificación de identidad de restos entregados y apoyos urgentes a familiares que están enfermos, de las principales exigencias de las familias.
  • Formalización de la Unidad Mixta de Investigación y creación de una Comisión Especial con el apoyo de la ONU como clave para investigar de manera efectiva.
  • La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace públicos los acuerdos de esta Audiencia, a  las familias y a la sociedad en su conjunto. 

25 agosto 2020

 

A 10 años de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, se realizó la segunda audiencia de alto nivel entre familias de las víctimas y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), con autoridades mexicanas, en la que participaron representantes de la CNDH, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Secretaría de Gobierno y la Fiscalía General de Justicia, ambas del estado de Tamaulipas. En la reunión, también participaron representantes de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional (AI), el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), y representantes de organismos públicos de derechos humanos de Honduras, Guatemala y El Salvador, así como organizaciones de la sociedad civil y académicos.

Se celebra la voluntad política del Subsecretario de Derechos Humanos para apoyar junto con el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una reunión con el titular de esta última dependencia para lograr un encuentro diplomático de alto nivel con los gobiernos de Guatemala y de Brasil, para que se puedan llevar a cabo las exhumaciones en dichos países y que las víctimas puedan terminar con la tortura de no tener la certeza de que los restos que les fueron entregados, sean de sus familiares. 

El acuerdo que se tomó para retomar los trabajos de la Comisión Forense e integrar a la Fiscalía de Tamaulipas y a la Comisión de dicho estado, ayudará a contar con la información que se requiere para continuar con la identificación de los restos pendientes de las 3 masacres materia de dicha Comisión. 

En cuanto  a la investigación los familiares presentes señalaron: 

“La forma de trabajo de investigar hasta ahorita no sirve, en 10 años no hay sentencias, no se ha investigado nada, ¿cómo están los procesos penales? La Unidad Mixta de Investigación debe formalizarse ya” pronunció Jonhi Hernandez Cerrato, familiar de Eva Nohemí, este lunes.

Sobre los acuerdos alcanzados se celebra la voluntad política del Subsecretario de Derechos Humanos de apoyar lo que se requiera para la creación de una Comisión Especial, con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas y las agencias internacionales, modelo que puede servir de referente para investigar las masacres de migrantes y los casos de desaparición masiva que se han acumulado por la Fiscalía de Derechos Humanos. Lamentamos que la Fiscal de Derechos Humanos no haya llegado con una respuesta concreta por parte del Fiscal sobre los planteamientos que se le han realizado y consideramos que está en manos del Fiscal General, conjuntamente con otras instituciones federales, el poner fin a la impunidad en la que se encuentran estos casos clasificados como graves violaciones a los derechos humanos. El modelo de investigación propuesto está establecido en la Ley Orgánica de la Fiscalía por lo que es una cuestión de voluntad política y de aplicar la ley. 

En materia de atención y reparación, doña Haydee Posadas, madre de Wilmer Gerardo Nuñez Posadas,  de Honduras, quien tiene 75 años de edad señaló: 

“A mi esposo le acaban de hacer una operación de riñón, ha requerido apoyo médico, medicinas, hemos gastado como 15,000 lempiras, mi hijo ha dejado de tener trabajo por la pandemia  y no han tenido ninguna ayuda del gobierno… yo estoy vieja ya… y necesito apoyo, para uno como adulto es más difícil”. 

Fue lamentable para los familiares que la CEAV no haya llegado con una propuesta clara para que se puedan resolver necesidades inmediatas de las víctimas, ya que muchas de ellas están en riesgo grave de salud. Sin embargo, consideramos positivo que esta misma semana se tendrán reuniones con dicha institución, la CNDH y la Subsecretaría de Derechos Humanos para poder encontrar una solución inmediata en materia de apoyo médico y alimenticio. Esta solución será un modelo integral de reparación, parecido al que se ha llevado a cabo en el caso de Cadereyta, donde parte de la reparación sea la identificación de los restos, los procesos de justicia, de apoyos integrales y garantías de no repetición. 

Por otra parte, como parte de las garantías de no repetición, se considera positivo la celebración de las mesas de trabajo con el gobierno de Tamaulipas, las cuales deberán tener como base las estadísticas de delitos cometidos contra personas migrantes en la región. 

Este gobierno tiene la oportunidad de plantear una realidad a las víctimas de estos casos, que durante años han vivido un trato indolente por parte de las instituciones y de sus propios países. La gravedad de los hechos y la impunidad en torno al caso, han detonado la solidaridad en diversos rincones del mundo, las voces de múltiples actores se han sumado en diversas latitudes exigiendo verdad, justicia y reparación para las víctimas. Artistas, académicos, activistas, periodistas, defensores de derechos humanos e incluso el Papa Francisco desde Roma, se han pronunciado exhortando a las autoridades en México para garantizar los derechos de las familias de las 72 personas migrantes fallecidas.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas manifestó su disposición de participar en los esfuerzos conjuntos para avanzar hacia la verdad y la justicia en este caso tan grave que afecta a la sociedad a nivel regional. Asimismo, los representantes eclesiásticos destacaron que las agresiones a las personas migrantes son un problema estructural que no ha cesado, y que requiere el máximo esfuerzo de las autoridades mexicanas para ser atendido seriamente, tanto en la investigación de los delitos cometidos en su agravio, como en la identificación de las personas fallecidas, y la reparación del daño a sus familias. 

Se considera positivo que las instituciones Ombudspersonae de la región se unan para apoyar a estas víctimas desde los ámbitos de sus competencias. 

La masacre de las 72 personas migrantes fue declarada violación grave por la CNDH,  por lo que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer la verdad de los hechos, saber quiénes fueron los responsables y los motivos. Esto contribuirá a construir la memoria histórica y a fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar medidas y políticas públicas de prevención y no repetición de los hechos lesivos.

Los testimonios que hemos escuchado por parte de las víctimas en los diferentes espacios, nos recuerdan que este tipo de casos provocan un daño en cadena que debe ser frenado. Sus voces son un recordatorio de la deuda tremenda que tiene nuestro país y de que el Estado debe estar al servicio de las y los más excluidos. Sus voces nos dejan una responsabilidad latente, una herida que requiere actos contundentes, más allá de discursos evasivos o excusas que perpetúan una revictimización. 

Se celebra la transparencia de la CNDH al haber publicado los acuerdos disponibles en: (https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2020-08/COM_2020_261.pdf), a los cuales se debe dar un seguimiento cercano y periódico para avanzar hacia su pronto cumplimiento. Las familias de las víctimas y la sociedad civil en diversas partes del mundo estarán vigilantes de su cumplimiento.

 

Desde la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEED), celebramos la participación de las autoridades mexicanas, ombudspersons de México, El Salvador, Honduras y Guatemala y de todas las instancias, personas y organizaciones  que intervinieron en esta segunda audiencia, en especial a las familias de las víctimas, que a diez años de los hechos, no han cesado en su búsqueda de verdad, justicia y reparación. Son ellas y ellos un referente de dignidad y lucha. Del mismo modo, reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañándolos/as en la exigencia de sus derechos.

 

Atentamente,

 

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (COFAMIPRO)

Comité de Familiares de Migrantes del Centro de Honduras (COFAMICENH)

Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos – El Salvador (COFAMIDE)

Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG)

Comité de Familiares de Personas Migrantes Desaparecidas Amor y Fe (COFAMIDEAF)

Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos (COFAMIGUA)

Colectivo Con Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz

Nyzelle Juliana Dondé, Pastoral de Movilidad Humana Honduras

Gretchen Kuhner, Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI)

Blanca Martínez, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Hermana Lydia Mara Silva de Souza, Directora Scalabrianas Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Hermana Leticia Gutiérrez, Misionera Scalabriniana

Padre Mauro Verzeletti, Casa del Migrante Ciudad Guatemala

 Luis Eduardo Zavala De Alba, Casa Monarca. Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P.

Luis Eduardo Villarreal Ríos, Casa del Migrante en Monterrey Casa Nicolás

Pbro. Pedro Pantoja Arreola, Casa Del Migrante Saltillo

Padre Hernán Astudillo, Centro Comunitario Latinoamericano San Lorenzo

 Víctor S. Pozas, Caravana Abriendo Fronteras que agrupa a organizaciones de distintos territorios de España a favor de la población migrante.

 Giacomo Donadio y Gianfranco Crua, Carovane Migranti (Italia)

Ana Saiz, Directora General de Sin Fronteras IAP

Mesa Nacional para las Migraciones (MENAMIG)

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP)

Bloque Latinoamericano sobre Migraciones 

Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones RRCOM 

Contacto de prensa Jazmín Reza comunicacion@fundacionjusticia.org Móvil 5540389763

 

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