- Ambos organismos coinciden en que México atraviesa una crisis humanitaria de desapariciones generalizada, donde la impunidad es estructural y la
responsabilidad del Estado es ineludible. - Se debe evitar la lectura que, al citar la ausencia de una “política federal deliberada” bajo un estándar procesal específico, se ignore la contundente conclusión del CED sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad y aquiescencia en múltiples niveles de gobierno.
- Es imperativo que el compromiso y la promoción que el gobierno mexicano ha mostrado hacia el informe de la CIDH sean exactamente los mismos que se
apliquen al proceso del CED y al procedimiento del Artículo 34 ante la Asamblea General de la ONU.
Ciudad de México, 11 de mayo de 2026. – Las familias de personas desaparecidas y las organizaciones que las acompañan reafirman que el nuevo informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la reciente decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU no sólo no se contradicen, sino que se refuerzan mutuamente, dibujando un panorama de gravedad extrema. Ambos organismos coinciden en que México atraviesa una crisis humanitaria de desapariciones generalizada, donde la impunidad es estructural y la responsabilidad del Estado es ineludible.
El informe de la CIDH, aprobado en febrero de 2026, documenta que más de 128,000 personas permanecen desaparecidas y no localizadas, mientras que más de 70,000 cuerpos sin identificar reposan bajo custodia estatal. Crucialmente, el organismo regional desmonta la narrativa de que estos hechos son meros actos de delincuencia común, señalando que el crimen organizado opera en estrecha connivencia con agentes estatales. La CIDH advierte que, en diversos territorios y periodos, el Estado no podía desconocer lo que ocurría, configurando supuestos de aquiescencia que deben ser esclarecidos judicialmente.
En la misma línea, el CED, mediante su decisión del 19 de marzo de 2026 bajo el artículo 34 de la Convención, elevó la situación a la Asamblea General de la ONU, concluyendo que existen indicios bien fundados de que las desapariciones en México constituyen crímenes de lesa humanidad, perpetrados mediante ataques sistemáticos con participación o aquiescencia de autoridades en niveles municipal, estatal y federal.
Frente a esta convergencia de diagnósticos, surge la necesidad de evitar interpretaciones que, aunque no sean intencionalmente maliciosas, podrían resultar en una distorsión peligrosa para las víctimas. Existe el riesgo de interpretar que el reconocimiento de ciertos avances institucionales por parte del Estado exonera la responsabilidad por la impunidad estructural que persiste. Asimismo, se debe evitar la lectura que, al citar la ausencia de una “política federal deliberada” bajo un estándar procesal específico, se ignore la contundente conclusión del CED sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad y aquiescencia en múltiples niveles de gobierno.
Del mismo modo, es vital no caer en la trampa de separar artificialmente la desaparición de personas de la responsabilidad estatal, ignorando que el derecho internacional sanciona la aquiescencia y el apoyo de agentes estatales a particulares. No debemos permitir que el mecanismo del Artículo 34 sea leído como una extralimitación política, cuando en realidad es una herramienta legal prevista para situaciones de gravedad extrema que exige una respuesta internacional coordinada.
En este contexto, es imperativo que el compromiso y la promoción que el gobierno mexicano ha mostrado hacia el informe de la CIDH sean exactamente los mismos que se apliquen al proceso del CED y al procedimiento del Artículo 34 ante la Asamblea General de la ONU. No puede haber una doble vara de medir: la voluntad política para implementar las recomendaciones regionales debe ser idéntica a la necesaria para atender las alertas globales de la ONU. Ambas rutas son complementarias y esenciales para desmantelar las redes de impunidad y garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral.
Por ello, las familias y organizaciones convocamos a la creación inmediata de mesas de trabajo técnicas y políticas que integren a representantes del gobierno, la sociedad civil y los organismos internacionales. El objetivo de estas mesas será analizar y diseñar estrategias concretas para incorporar de forma complementaria las recomendaciones de la CIDH y las conclusiones del CED. Solo a través de una acción coordinada, que reconozca la gravedad de la aquiescencia estatal y la naturaleza de lesa humanidad de estos crímenes, podremos transformar los diagnósticos internacionales en acciones efectivas que frenen la desaparición masiva y rompan el ciclo de violencia que ha devastado a México.
Por la Verdad, la Justicia y la Búsqueda.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y en México (FUUNDEC-M) Centro para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C. Justicia Transicional México, Estrategias contra la Impunidad A.C. Consultora Solidaria Fundación para la Justicia Tejiendo Redes Infancia Mariclaire Acosta Urquidi Diana Iris García Elena Azaola María Luisa Lazarín Sierra Mayra Ivonne Torres Lazarin Ricardo Torres Lazarin Angel de Jesús Torres Lazarin Michael W Chamberlin Juan Martín Pérez García
