El 29 de enero de 2019, el gobierno de Estados Unidos de América (en adelante, EUA), puso en práctica la política denominada Migration Protection Protocols (MPP, por sus siglas en inglés) y conocida en México como el Programa Quédate en México. Esta política obliga a las personas solicitantes de asilo en EUA a esperar en México mientras resuelven sus procedimientos migratorios.
Hasta el mes noviembre de 2020, más de 68 mil personas sujetas a dicho Programa han sido devueltas desde los EUA hacia ciudades de la frontera norte mexicana donde enfrentan una multiplicidad de situaciones de riesgo social, agravadas por la pandemia de COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) en el mes de marzo del 2020.
El permanente estado de vulnerabilidad -que constituye una crisis humanitaria- en el que se encuentran las personas sujetas a este Programa contribuye a violaciones de sus derechos humanos, siendo un escenario de especial riesgo para las personas de grupos en vulnerabilidad social.
Al aceptar la implementación del Programa Quédate en México, el gobierno
mexicano se hizo cómplice de las políticas de crueldad desplegadas por la
administración de Donald Trump, ya que el Programa también incluye a personas en especial situación de vulnerabilidad, tales como personas embarazadas, personas con condiciones médicas graves, personas indígenas no hispanohablantes, y otras, quienes no reciben protección a su integridad y vida mientras esperan en México en zonas de alto riesgo y en el contexto de la pandemia de COVID-19.
El Programa Quédate en México es manifiestamente contrario a la Constitución mexicana, a la ley interna y al Derecho Internacional, pues pone en riesgo la integridad, la vida y salud de las personas migrantes y solicitantes de asilo.
