La Impunidemia es nuestra pandemia más letal. La de la impunidad generalizada de más de 90% en el país. La que trastoca la vida de las personas. La de la vieja anormalidad. La que siempre toca nuevos fondos y nunca alcanza un pico. La del colapso de las instituciones de procuración de justicia.
Las organizaciones que conformamos el Colectivo contra la Impunidemia hemos trabajado el Fiscalómetro que consiste en un informe sobre la actuación y las omisiones de todas las fiscalías en el país, partiendo de la Fiscalía General de la República cuyo diseño constitucional y legal, fue trabajado con la sociedad civil y ahora es completamente ignorado por quién tenía la obligación de implementarlo.
El Fiscalómetro es un instrumento vivo, que en su primera entrega enfatiza las designaciones ilegales que hizo Alejandro Gertz Manero en las fiscalías especializadas electoral, anticorrupción y de derechos humanos, así como en las obligaciones legales incumplidas por la FGR.
En esta entrega se presentan 12 casos que a la fecha siguen impunes. La mayoría han pasado por varios procuradores o fiscales estatales y debatido la competencia con la PGR, hoy FGR. En ninguno las investigaciones han tenido resultados, pero tampoco han implicado responsabilidad para los funcionarios a cargo. Perdida de expedientes, tortura, corrupción, ausencia de reparación para las víctimas, homicidios, colusión de funcionarios, son los elementos comunes de estos y los próximos casos que seguiremos presentando.
El Colectivo contra la Impunidemia está conformado por un grupo de organizaciones y personas de la sociedad civil que decidimos encontrarnos para analizar, estudiar y dar a conocer las acciones y omisiones de las fiscalías como responsables de la crisis de impunidad, la impunidemia. Vamos a monitorear las amenazas a la transición de la PGR a la FGR y de las Fiscalías estatales en las que la transición sólo fue un cambio de membrete. Muchas de las organizaciones y personas venimos de los esfuerzos de #FiscalíaQueSirva.
Este esfuerzo está enfocado a contar con un monitoreo permanente del funcionamiento de las Fiscalías de todo el país, incluida la FGR. Los pactos de impunidad y el deterioro de las instituciones de procuración de justicia no solo se presentan en la FGR, sino prácticamente en todas las fiscalías de México.
