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Esta publicación contiene información sobre el seguimiento dado por parte de México a algunas de las recomendaciones contenidas en las observaciones finales adoptadas por el Comité contra la Tortura en noviembre de 2012. Asimismo, proporciona información adicional relacionada con la desaparición forzada, en particular de personas migrantes. El documento denuncia que la investigación y sanción de los responsables por las desapariciones han permanecido estancadas, con graves elementos que abonan a la impunidad como la ausencia total de registros de personas desaparecidas (incluidas migrantes) coordinados nacional y regionalmente, la operación deficiente de la Unidad Especializada creada por la Procuraduría General de la República en junio de este año, y la exclusión de la sociedad civil y las víctimas en la planeación de soluciones regionales al problema de bases de datos y búsqueda en vida de personas.
