22 de julio de 2020
En México los procesos de selección y nombramiento de Ministra/o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tienen todavía vacíos legales relevantes y no cumplen con los estándares internacionales en la materia, principalmente en lo relativo a transparencia, participación ciudadana y deliberación, al momento de la conformación de la terna de candidatos por parte del Poder Ejecutivo.
Hace un año la sociedad civil organizada pidió ejercer un rol de vigilancia y supervisión en el proceso de designación de ministros/as de la SCJN, este derecho le fue negado, razón por la cual la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C (FJEED) interpuso una demanda de amparo en contra del procedimiento de selección de terna de candidatos, en el marco de la designación de nuevo ministro/a. Sin embargo, el juez de distrito desechó la demanda, bajo criterio de soberanía en el proceso, por parte de la Presidencia de la República y del Senado.
Ante dicha negativa, la FJEED interpuso una queja (expediente 140/2019), contra el desechamiento de la demanda. El asunto fue atraido por la Suprema Corte de Justicia en julio del 2019, correspondiendo a la Primera Sala del máximo Tribunal dictaminar, con la oportunidad de sentar un precedente importante en materia de designación de altos funcionarios y operadores de justicia en el país.
Cabe recordar que durante 2012 y 2015, se estableció en acuerdos de la Comisión de Justicia del Senado, la posibilidad para la sociedad civil de participar en los procesos de selección, mediante preguntas dirigidas a los candidatos, a través de la Comisión.
Sin embargo, la resistencia a la participación ciudadana sigue imperando. Los últimos procesos de designación de ministros/as han estado marcados por la opacidad en los criterios de selección y una clara obstaculización a una participación real de la sociedad civil, incluyendo fallas técnicas en la transmisión de las comparecencias de candidatos y la imposición de tiempos demasiado cortos para permitir un análisis y evaluación adecuados de los perfiles, capacidades y méritos.
El fortalecimiento de la democracia exige un poder judicial independiente, de alta capacidad técnica y de compromiso frente a los grandes problemas y necesidades de la sociedad.
Al conocer el sentido de este proyecto que tiene como ponente a la ministra Norma Lucía Piña Hernández y que señala que la queja es infundada, desde la FJEED, expresamos una profunda preocupación y esperamos que la Suprema Corte no pierda esta oportunidad para fijar un precedente, importante, histórico y trascendental en torno a las designaciones en México, pues al mismo tiempo es una oportunidad para que la sociedad civil no quede indefensa ante determinaciones arbitrarias que afectan a los órganos independientes y descentralizados que imparten justicia.
Existen algunos avances en materia de transparencia, promovidos por la sociedad misma, sin embargo, aún quedan muchos pasos por dar para hablar de procesos democráticos y acordes a estándares internacionales mínimos en materia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Hoy la Suprema Corte tiene la oportunidad de dar grandes pasos.
Atentamente
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Descarga documento: Comunicado Designación ministros_asVF
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