La falta de información provoca que los diversos crímenes contra migrantes se mantengan impunes, denunciaron organizaciones civiles ante un relator de la ONU
Fuente: Animal Político / Tania L. Montalvo (@tanlmont), 22 de febrero de 2014
El gobierno federal informó en febrero de 2013 que tenía un registró de 26,121 desaparecidos, pero un año después, cuando organismos como Amnistía Internacional califica la base de datos como inoperante, familiares de migrantes y organizaciones civiles acusan que no existe información sobre cuántas personas de ese listado son migrantes o extranjeros, según la respuesta que obtuvieron de la misma Secretaría de Gobernación.
A esa denuncia se suma la confirmación que recibieron de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) que ignora si entre los 20 mil restos sin identificar acumulados en el periodo 2006-2012 hay migrantes; y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que, tras documentar que 21 mil 091 migrantes habían sido víctimas de secuestro hasta 2011, desconoce cuántos de éstos fueron encontrados vivos o muertos o si se siguieron procesos penales.
Esta falta de información es para familiares de migrantes y organizaciones civiles una de las “mayores deudas” del gobierno actual hacia los migrantes, pues que no haya datos implica que los delitos no sean investigados, que las familiares de las víctimas no tengan acceso a la justicia, que no se pueda implementar un mecanismo de búsqueda eficaz y, en general, que México no otorgue al problema de violencia contra migrantes la dimensión que merece.
En el informe “Las personas migrantes como grupo vulnerable” que la Red Regional Verdad y Justicia para las Personas Migrantes —conformada por comités de familiares de migrantes desaparecidos de Honduras y El Salvador, y de organizaciones de la sociedad civil de Honduras, México, Guatemala y Estados Unidos— entregó la semana pasada a Christof Heyns, relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas, denuncian “la impunidad para cientos de casos de migrantes víctimas de homicidio, la falta de bases de datos unificadas, la ausencia de mecanismos efectivos para la búsqueda de desaparecidos y las insuficientes respuestas del estado mexicano”.
El objetivo del reporte es que el relator tenga información sobre los crímenes cometidos en México contra migrantes de cara al informe final que presentará en abril próximo ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el cual se basará en sus conclusiones de la visita que realizó el año pasado, pero también en las nuevas contribuciones que haga la sociedad civil.
Las denuncias sobre la falta de datos y por ende de investigaciones fiables sobre la desaparición y homicidio de migrantes se basan en tres hechos particulares: la masacre de 72 migrantes ocurrida en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010; el hallazgo en los años siguientes de 47 fosas clandestinas con 193 restos en ese mismo municipio; y los 49 restos que fueron abandonados en Cadereyta, Nuevo León en 2012.
“Las tres masacres analizadas no son los únicos casos de asesinatos o ejecuciones de personas migrantes, pero el gobierno mexicano no tiene contabilizadas o sistematizadas el número de víctimas que pudieran ser personas migrantes, lo que también impide tener políticas públicas de prevención y acceso a la justicia focalizadas”, cita el informe.
La Red Regional Verdad y Justicia alertó al relator de la ONU que en México no hubo instancia de gobierno que tuviera información sobre los migrantes desaparecidos en el país y que la única cifra que obtuvo fue la que entregó el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas —dependiente de Gobernación— que indicó que en el país sólo hay dos mujeres extranjeras desaparecidas.
Con solicitudes de información que realizaron en otros países citan que en Honduras se tiene registro que de 2010 a la fecha existen 541 migrantes no localizados; mientras que en El Salvador, desde 2005, se conoce el caso de 1,584 personas con las que se perdió contacto en México.
Sin mecanismos para buscarlos y tener acceso a la justicia
Las organizaciones que son parte de la Red y firman el documento entregado al relator de la ONU alertan de que cuando ocurre un caso de desaparición de migrantes las familias difícilmente tienen acceso a la justicia pues no hay mecanismos para que puedan denunciar y dar seguimiento el delito que ocurrió en México.
“La dificultad para acudir ante las instituciones de procuración de justicia existe para los familiares de víctimas mexicanas, pero aumenta exponencialmente para los familiares de personas migrantes desaparecidas o ejecutadas de Centroamérica. En la mayoría de los casos analizados por la Red Regional Verdad y Justicia quedó comprobado que los familiares de personas migrantes desaparecidas y/o ejecutadas no reciben atención psicológica, asesoría jurídica, ni ningún tipo de medida de apoyo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en la Ley General de Víctimas”.
Las organizaciones civiles también denuncian que aunado a que no hay datos sobre cuántos migrantes podrían haber desaparecido en el país, no hay mecanismos eficaces para buscarlos.
“En abril del 2013 se decretó la instalación de una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas como parte de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Dicha Unidad se estableció en el mes de junio del 2013. Sin embargo, hasta la fecha esta
Unidad no cuenta con un mecanismo nacional articulado y más bien atiende de manera individualizada los casos que van llegando a sus oficinas en el Distrito Federal, sin una estrategia unificada”.
Las organizaciones que firman el documento y que son parte de la Red —Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, A.C.; TRIAL (Track Impunity Always); Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C.; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC); Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos – El Salvador (COFAMIDE); Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (COFAMIPRO); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C.; y Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG)— consideran que el tema deberá ser analizado por el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de las Naciones Unidas porque en el caso de abusos y desaparición de migrantes en su paso por México se cumplen con los elementos característicos de éste delito.
“El actor es, está en complicidad o bajo la tolerancia aquiescencia del Estado; la forma en la que se comete el crimen contra la vida es garantía de que el actor no caerá preso y por lo mismo se está en una total impunidad; y existe una justificación o se va generando una justificación ante tales crímenes contra la vida”.
