El 21 de Abril de 2014, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes , el Profesor Juan Méndez, visitó a México. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho le entregó su informe “Migrantes desaparecidos: la tortura permanente” para llamar la atención del Relator sobre los numerosos actos de tortura documentados por la Fundación contra personas migrantes y sus familias: desde las masacre de 72 personas migrantes en San Fernando, las fosas clandestinas de San Fernando y la masacre de Cadereyta hasta los tratos crueles, degradantes e inhumanos sufridos por las familias de las víctimas en su busqueda por la justicia y el derecho a la verdad. En México, contra las personas migrantes lo tortura es permanente.
Resumen del Informe
Las personas migrantes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad particularmente graves en su tránsito por México hacia los Estados Unidos. Además de ser víctimas de secuestros, ejecuciones sumarias y desaparición forzada, la Fundación para la Justicia, ha documentado varios actos de tortura cometidos contra población migrante en tránsito. Por cuanto hace a las masacres en las masacres correspondientes a 72 personas migrantes en Tamaulipas, las 193 personas localizadas en Fosas Clandestinas en San Fernando Tamaulipas y los 49 torsos de Cadereyta, en algunos casos, se detectó la participación de agentes de autoridades de diferentes niveles. Hasta la fecha no se investigaron debidamente los hechos, que incluyen privación de la libertad, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, tortura y tratos crueles, degradantes o inhumanos. Se cree que los migrantes fueron torturados antes de ser asesinados. Por otra parte, tampoco se sabe si las autoridades han actuado conforme al debido proceso por cuanto hace a los imputados por estos hechos.
Las familias de personas migrantes, principalmente las que viven en Centroamérica, han sido particularmente afectadas, debido a que no existen mecanismos a los cuales ellas puedan acudir para la búsqueda de los suyos; no tienen manera de acceder a las instituciones mexicanas competentes de buscar e investigar; han recibido restos de manera equivocada –como en el caso de las 72 personas migrantes-, se han cremado restos sin su consentimiento –como el caso de los restos de las personas guatemaltecas encontradas en fosas de San Fernando que fueron cremadas por la Procuraduría General de la República en diciembre de 2012-, reciben restos sin que tengan la certeza de que corresponden a sus familiares, y no tienen manera de formar parte de las investigaciones que aún siguen en curso. Como se dijo en la Sentencia de González y Otras –Campo Algodonero- vs. México, estas familias están viviendo tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Desde la Fundación para la Justicia consideramos que se deben empujar iniciativas ya iniciadas por la sociedad civil y algunas instituciones de gobierno –como los Bancos Forenses liderados por el Equipo Argentino de Antropología Forense y la Comisión Forense para la identificación de restos de migrante de las masacres referidas- y las redes regionales de coordinación para lograr el acceso a la justicia para las familias de migrantes que son víctimas en el tránsito hacia Estados Unidos. Estas iniciativas permitirán que las familias de Centroamérica puedan tener acceso a la verdad y a la justicia, así como una coordinación efectiva entre sociedad civil y gobierno para tratar de evitar que las familias sufran tratos inhumanos o degradantes. Consideramos también que se requiere mayor control en los centros de detención donde hay personas migrantes, para evitar actos de tortura.
