Fuente: Proceso / 02 diciembre 2013
MÉXICO, D.F. (apro).- A un año de gestión de Enrique Peña Nieto, la política migratoria, la impunidad, la corrupción y los atropellos contra migrantes –problemas heredados de su antecesor Felipe Calderón– no han cesado. Por el contrario, el panorama para las personas que cruzan las fronteras en busca de mejores condiciones de vida “es poco alentador”, señaló el Instituto Nacional para la Seguridad y Democracia (AC-Insyde).
En un análisis sobre la política migratoria del actual gobierno federal, se criticó que la llamada Ley de Migración y su reglamento sólo haya sido elaborada para acallar la indignación nacional e internacional por la matanza de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, en el 2010.
Indicó que en el sexenio de Calderón se intensificaron los atroces atropellos contra migrantes como las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas y en Cadereyta, Nuevo León.
“Asimismo, se profundizó la corrupción y descomposición del Instituto Nacional de Migración de las que este organismo ya había sufrido en tiempos anteriores. En su primer año, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha exhibido una preocupante indiferencia ante la tragedia humana que vive este país diariamente y ha desperdiciado, una y otra vez, oportunidades de forjar una política y gestión migratoria integral y respetuosa de los derechos humanos”, indicó.
Resaltó que desde principios de 2013 se está dando el cobro sistemático de cuotas o derecho de piso por parte de los grupos criminales.
“Los migrantes indocumentados que viajan en los techos de los trenes de carga y no pagan los montos exigidos, los cuales ascienden a cien dólares por tramo, son arrojados de los trenes en marcha. De esta manera, decenas de personas han perdido la vida o sufrido graves heridas. Entre dichos hechos se encuentran el ataque en Cosoleacaque, Veracruz de mayo de 2013, el asalto en Moloacán, Veracruz, en julio de 2013, con un muerto y un herido, así como el ataque en Medias Aguas, Veracruz de noviembre de 2013 con tres muertos y por lo menos un herido.
“Además, agentes del INM siguen extorsionando a migrantes irregulares a cambio de dejarlos pasar. De la misma manera, continúan los secuestros de migrantes quienes, al no reunir los pagos de rescate, son obligados a trabajar para los grupos delictivos como mulas de drogas o facilitadores de secuestros de otros migrantes”, señaló.
Y “la trata de personas: Las víctimas de este delito no sólo suelen encontrarse desprotegidas por las autoridades, sino que agentes y funcionarios del INM han sido detectados como cómplices de los perpetradores.
“Según la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la participación de los servidores públicos en redes de trata para fines de explotación sexual y laboral incluso se extienden hasta otros países de América Latina y Estados Unidos”, apuntó.
Sobre las desapariciones, indicó que incluso la cifra aproximada de personas –mexicanas y extranjeras– desaparecidas en territorio nacional se desconoce, debido a que los registros son inexistentes o no confiables.
“Si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) estima el número de personas extraviadas en México en 24 mil 800 casos, siguen siendo deficientes los bases de datos genéticos y los mecanismos de búsqueda tanto de restos como de personas con vida. Estas omisiones han obligado a la sociedad civil y a los mismos familiares a tomar pruebas de ADN, crear bases de datos y recorrer el país en busca de las personas desaparecidas, tal como lo hace la caravana de madres centroamericanas que transita México cada año”, indicó.
Es más, citó al comisionado del Instituto Nacional de Migración, Ardelio Vargas, quien ha afirmado que su perfil policial lo convierte en la persona indicada para llevar a cabo una profunda limpia del INM. Sin embargo, sus antecedentes profesionales no hablan en su favor, ya que fue el encargado, de operativos que se emprendieron violentamente para reprimir protestas sociales en el Estado de México y en Oaxaca, recordó.
“Además, un perfil policial no es en sí garantía de una lucha eficaz contra la corrupción y las malas prácticas arraigadas dentro del INM. Durante la gestión de Ardelio Vargas han sido dados de baja más de mil agentes, es decir un quinto de todo el personal del INM, por actividades irregulares, tales como la corrupción, el abuso sexual y el tráfico de migrantes. Sin embargo, se han iniciado apenas 50 averiguaciones previas y se desconocen si hay sanciones, más allá de la separación del cargo, han sido impuestas”, sostuvo.
De hecho, afirmó que datos del mismo INM confirman que mientras entre 2002 y 2013 se dieron 237 ceses, 29 inhabilitaciones y un número alarmante de 5 mil 710 renuncias, cifras del Registro de Servidores Públicos Sancionados evidencian que en el mismo período se sancionaron únicamente a mil 308 agentes y funcionarios migratorios. El grave efecto radica en que las prácticas que produjeron la separación del cargo quedan en la impunidad y –con mucha probabilidad– se repetirán en un futuro cercano.
