México D.F., 19 de Marzo de 2014.- En el Senado de la República, más de 150 organizaciones de la sociedad civil presentaron una solicitud a senadores de diferentes partidos para que citen a comparecer al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones graves a derechos humanos y omisiones en el caso de la masacre de 72 personas migrantes en San Fernando.
La señora Mirna Solórzano, madre de desaparecida y representante de familiares de migrantes desaparecidos y ejecutados de Honduras, Guatemala y Salvador, entregó simbólicamente la solicitud al grupo de senadores, señalando: «vengo en representación de Suramérica y Centroamérica, a entregando una solicitud para que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos rinde cuenta. Para que nos explique porque no investigo los derechos y porque no nos tomaron en cuenta a las familias como víctimas.»
La CNDH tardó 3 años y 4 meses después de ocurridos los hechos para suscribir la recomendación 80/2013, que junto a la investigación desarrollada viola los derechos humanos en dos aspectos fundamentales: no se pronuncia sobre los hechos de la masacre en sí (violación al derecho a la vida por parte del Estado Mexicano) y no buscó, documentó, ni escuchó la voz de los familiares de las víctimas. La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho considera esta recomendación como parcial, violatoria de los derechos humanos de familiares de las víctimas e incluso perjudicial al derecho a saber de las víctimas y de la sociedad.
A la presentación asistieron en representación de las 150 organizaciones de la sociedad civil: la Casa del Migrante de Saltillo, las Hermanas Scalabrinianas, Fundar, el Instituto para las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Propuesta Cívica, Incide Social, Colectivo COAMI y el Centro de Derechos de los Migrantes.
El Padre Pantoja de la Casa de Migrantes de Saltillo denunció «Desde hace 14 años, esta dolorosa y forzada emigración centroamericana esta agravada por crímenes asesinatos y numerosas violaciones y despojos. Ahora no se trata solamente de robar migrantes, de despojarlos, sino de exterminarlos. Desde 2009, denunciamos que no solamente las fuerzas policiacas estaban violando los derechos de migrantes centroamericanos, sino el propio crimen organizado. El culmen de la crueldad social fue la masacre de San Fernando cuando fueron asesinados 72 migrantes. Cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos presenta su informe, escuchando los clamores de estas humilde personas y de tanta migración forzada creemos que no se ha hecho justicia, que no se ha investigado, que no se han fincando responsabilidades. »
Sobre la recomendación de la CNDH en el caso de la masacre de 72 personas migrantes, José Antonio Guevara, director ejecutivo de la CMDPDH subrayó que «la reforma constitucional en materia de derechos humanos a partir del principio pro persona y la obligación de actuar conforme a los tratados internacionales en materia de derechos humanos implica para los servidores públicos, el ejecutivo, el legislativo judicial y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tomar las máximas medidas de protección a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y aplicar siempre las normas más favorables. Las recomendaciones de la CNDH son la llave de entrada a una posible reparación de las violaciones a los derechos humanos y el derecho a la verdad de las víctimas. Subrayo que la Comisión Mexicana así como la Fundación para la Justicia hemos acudido al consejo de la CNDH para que revisen recomendaciones y la propia CNDH dijo que el consejo no es el órgano competente para recibir quejas de la ciudadanía».
Para recibir la solicitud estuvieron presentes las Senadoras Dolores Padierna, María Lucero Saldaña, Layda Sansores y los Senadores Alejandro Encinas, Adán Augusto López y Manuel Camacho, Fernando Mayans y Raúl Morón Orozco.
El Senador Alejandro Encinas del Partido de la Revolución Democrática explicó que « a partir de esta presentación, vamos a presentar un punto de acuerdo para pedir la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que dé cuenta de este documento y de las diligencias en desarrollo para su esclarecimiento».
La Senadora Dolores Padierna del PRD declaró «nos hacemos eco de la indignación y del reclamo por la justicia que nos están presentando las organizaciones sociales. Tomamos el compromiso para que se hagan las investigaciones correspondientes, independientemente del hecho que los responsables de estas masacres son de la administración pasada o presente. Las instituciones tienen la responsabilidad de atender las quejas justas y de llevar a cabo una investigación profunda para que se haga justicia a las víctimas y a los familiares que también son víctimas. Nos comprometemos a estar muy al pendiente de que esta investigación no sea como otras, somera. El senado de la república no puede hacer caso omiso de una queja tan grave al contrario, nos comprometemos a atenderla de inmediato».
La Senadora Layda Sansores del Movimiento Ciudadano apuntó que «desde el 2000 ha estado señalando la necesidad de focalizar, en particular en el Sur, estas violaciones sistemáticas hacia los migrantes».
Finalmente, la Senadora María Lucero Saldaña del Partido Revolucionario Institucional enfatizó el hecho que « aquí en una comisión muy plural nos hemos reunidos de diferentes partidos y ojalá este punto de acuerdo porque el presidente de la Comisión de Derechos Humanos tiene que rendir cuentas».
