México, 10 de Diciembre 2015.- El 23 de Noviembre de 2015, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso un amparo en contra del proceso de elección para elegir a los futuros Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en reemplazo de los Ministros Olga Sánchez de Cordero y Juan Silva Meza. La solicitud de amparo impugna la designación de las ternas enviadas por el ejecutivo y los acuerdos de la Mesa Directiva del Senado de fecha 18 y 19 de Noviembre y el acuerdo de la Comisión de Justicia del 18 de Noviembre de este año.
El amparo se interpuso en virtud de que el procedimiento viola el derecho fundamental que tiene toda persona a contar con un tribunal independiente e imparcial y el derecho a un procedimiento electivo, evaluatorio, transparente, exhaustivo, público, con participación de la sociedad civil y sus organizaciones. Se viola también el derecho a defender los derechos humanos de la sociedad mexicana, como parte de su objeto social al no contemplar reglas claras y efectivas de participación ciudadana. Además, atenta contra el derecho de legalidad y de seguridad al no estar
el procedimiento debidamente reglamentado, motivado y fundamentado.
A cada una de las autoridades responsables – el Ejecutivo como el Senado – se reclamó en particular: la ausencia de criterios claros y previos, para determinar no sólo el cumplimiento de los requisitos del artículo 95 constitucional sino sobre todo, el perfil de los candidatos; la falta de fundamentación y motivación de la conformación de la terna de candidatos por parte del Ejecutivo; la poca participación de la sociedad civil y la violación de garantías de transparencia dentro de todo el proceso de designación de las ternas y evaluación de las y los candidatos, ya que
no se considera como una participación efectiva, el que sólo se permita enviar preguntas a las y los candidatos.
Se considera que las fallas del procedimiento de elecciones, en su conjunto, pone en riesgo los avances logrados en materia de Derechos Humanos en los últimos años de la SCJN. Una democracia requiere que exista un real sistema de contrapesos y es fundamental que quienes integren la Corte sean las y los mejores candidatos del país.
La demanda en amparo fue turnada al Juez de distrito en materia administrativa del primer circuito con sede en el Distrito Federal con el número 1986/2015. Dos días después, este mismo Juez rechazó la solicitud de amparo entre otras cosas, bajo la consideración de que la Ley que rige dicho procedimiento, impide a un juez atraer un amparo sobre decisiones soberanas del Ejecutivo y del Senado.
Sin embargo, en su escrito de desechamiento el Juez manifiesta: “No es óbice a lo anterior la manifestación de la parte quejosa con respecto a la falta de transparencia que, según la parte quejosa, existe dentro del procedimiento de designación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
A la lectura de esta respuesta se puede considerar que el Juez asume, implícitamente, que en materia de elección de Ministros existe una falta de transparencia. En consecuencia, la Fundación para la Justicia interpuso un recurso de queja que fue turnado al tribunal Colegiado y queda pendiente por resolver.
Por parte de varias organizaciones no gubernamentales, se hicieron varios acercamientos al Ejecutivo y al Senado para tratar de incidir en que se llevara a cabo un proceso de acuerdo a estándares internacionalmente reconocidos. Además de los acercamientos con los Senadores, la Fundación para la Justicia decidió utilizar las vías jurídicas para exigir con base a los derechos que amparan dichas peticiones, que las instituciones cumplan con su deber. La sociedad civil está convencida que es necesario contar con jueces idóneos, eficaces, autónomos y profesionales para tener una Suprema Corte realmente justa que haga frente a la impunidad y garantice el respeto por el Estado de Derecho.
Seguiremos atentos al desarrollo de estas elecciones así como todas las acciones que permitan defender los derechos humanos de las víctimas, de los defensores de derechos humanos y de la sociedad.
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
