Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México Informe presentado al Comité de Naciones Unidas Contra las Desapariciones conforme al Artículo 34 de la Convención Internacional
Una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas en México.
Agosto 2025
En diferentes momentos de la historia reciente de México se han cometido violaciones graves de derechos humanos a gran escala por autoridades del Estado para enfrentar a quienes se consideran una amenaza a la seguridad. A finales de los años 60 y hasta mediados de los 80, el ejército mexicano, así como las diferentes policías del país, desaparecieron, torturaron, asesinaron y detuvieron arbitrariamente a miles de personas bajo el esquema de una política encaminada a desarticular a los opositores políticos, principalmente de izquierda, así como a los grupos guerrilleros que operaban en diversos estados de la República.
Esta lógica coincide con lo observado en Latinoamérica durante estas décadas como parte de la estrategia implementada desde la Escuela de las Américas.
Centenares de personas fueron víctimas de desaparición forzada cometida por elementos del ejército, fuerzas de seguridad o cuerpos paramilitares y parapoliciales, en una clara estrategia de contrainsurgencia que operaba en el país, a la par que se recibía al exilio de regímenes militares del Cono Sur. La no judicialización y la consecuente impunidad de estos casos en el periodo, propició que otros actos de represión y nuevas desapariciones fueran posibles.
En 1994 y años subsiguientes al conflicto armado entre el Ejército mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), las autoridades mexicanas implementaron una estrategia contrainsurgente que resultó en un número elevado —aunque impreciso— de actos graves como tortura, ejecuciones, violencia sexual, desplazamientos forzados y desapariciones forzadas, detalladas, como constató la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el “Plan de Campaña Chiapas 94” aprobado por la Secretaría de la Defensa Nacional4 y que “operó como sustento para la realización de una serie de acciones que derivaron en atentados contra los derechos humanos”.
Las personas afectadas fueron, en su mayoría, hombres y mujeres ajenos a las hostilidades, es decir, población civil.
Desde la perspectiva de “guerra irregular”, las operaciones de contrainsurgencia tenían como objetivo quitar o fragmentar el apoyo que da la población local5 en la zona donde solían cobijarse los grupos subversivos, volviendo a la población civil un blanco de guerra. En septiembre de 1996, el Pentágono puso a disposición del público los manuales de capacitación utilizados por la Escuela de las Américas y confirmó públicamente que las tácticas transmitidas en los manuales
“violaban la política y los principios estadounidenses”.
Con el tiempo la doctrina, sus estrategias y métodos se ampliaron a otros contextos, como por ejemplo las operaciones antinarcóticos y contraterroristas. La información compartida por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos señala que los programas “Building Partner Capacity (o Fortaleciendo Capacidades de los Socios)7 buscan … mejorar la capacidad para realizar operaciones de contraterrorismo, antidrogas y contrainsurgencia o para apoyar operaciones militares y de estabilidad de los Estados Unidos, operaciones multilaterales de paz y otros programas”.
En diciembre de 2006, el entonces presidente Felipe Calderón anunció el inicio de la llamada “Guerra contra las Drogas”, una política caracterizada por niveles de violencia sin precedentes en la historia reciente del país.Esta estrategia implicó el despliegue masivo de efectivos militares y fuerzas policiales federales, estatales y municipales, con el propósito principal de confrontar, eliminar físicamente y, en menor medida, detener a miembros de organizaciones del narcotráfico.
Esta política, que provocó que cientos de miles de personas fueran víctimas de delitos y violaciones graves a los derechos humanos, se mantuvo durante las administraciones de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). Bajo el pretexto de combatir a grupos criminales armados, autoridades de los tres órdenes de gobierno incurrieron en privaciones arbitrarias de la libertad, actos de tortura, ejecuciones y desapariciones forzadas.
En el periodo 2006-2024, se advierte además una respuesta violenta por parte de organizaciones criminales. Si bien en algunos casos los ataques se dirigieron a cuerpos de seguridad, las agresiones más frecuentes fueron contra la población civil, con el objetivo aparente de consolidar el control territorial necesario para facilitar sus actividades delictivas, incluyendo el reclutamiento forzado y la trata de personas, como veremos más abajo. En este contexto, los delitos cometidos
por integrantes de organizaciones criminales y/o particulares tampoco han sido plenamente investigados ni sancionados penalmente. No se sabe con certeza si la comisión de crímenes se debe a una complicidad directa entre autoridades estatales y federales con dichos grupos; a una estrategia de las organizaciones criminales para mantener o ampliar su poder político y económico; o a un intento deliberado de debilitar a organizaciones criminales rivales o, incluso, a una combinación de estos factores.
Estos crímenes, cometidos de forma reiterada mediante el uso de recursos estatales —como vehículos oficiales, instalaciones públicas y personal armado— y conforme a esquemas operativos estandarizados, han sido ignorados o minimizados por distintas autoridades responsables de la procuración e impartición de justicia. En términos generales, los hechos no han sido objeto de investigaciones ni procesos penales o administrativos, y persiste una situación
de impunidad “casi absoluta”.
La reflexión sobre la naturaleza de los crímenes cometidos en estos distintos momentos históricos ha sido escasa. El discurso institucional dominante sostiene que las desapariciones forzadas, entre otras atrocidades, cuando son ejecutadas por agentes estatales es que actúan al margen de las políticas oficiales de seguridad, que se trata de hechos aislados y que las instituciones encargadas de investigar y sancionar los delitos —tanto a nivel estatal como federal— cuentan
con la capacidad y disposición para hacerlo.
De acuerdo con la información analizada, creemos que las desapariciones forzadas perpetradas a partir de diciembre de 2006 por autoridades, organizaciones criminales con o sin autorización, apoyo o aquiescencia de agentes del Estado no pueden entenderse como hechos aislados. Presentaremos elementos razonables para creer que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México, ya sea por
agentes estatales, por miembros de organizaciones criminales con autorización, apoyo o tolerancia del Estado, o por estos últimos actuando de manera autónoma.
Este Informe fue coordinado por Consultora Solidaria con la participación de: Adriana Jean Manuel (UABC-Colectivo Siguiendo tus Pasos), Aída Hernández (CIESAS), Alejandra Nuño (ITESO), Andrea Horcasitas (Ibero Sta Fe), Andrea de la Serna (CIESAS-LAJUVI), Anna Chimiak (CEPAD), Elena Azaola (CIESAS), Fabienne Cabaret (FJEDD), Jacobo Dayan (CICA), José Antonio Guevara (CICA), Juan Martín Pérez (Tejiendo Redes Infancia AL), Mariana Mora (CIESAS), Mariclaire Acosta (JTMx), Marisol Méndez (FJEDD), Michael W. Chamberlin (Solidaria), Raymundo Sandoval (Plataforma por la Paz), Sandra Estrada Maldonado (Universidad de Guanajuato), Santiago Corcuera, Tania Ramírez (REDIM), Víctor del Pozo (JTMx). Redacción: Tania Ramírez (REDIM), José Antonio Guevara (CICA) y Michael W. Chamberlin (Solidaria). Cualquier asunto relacionado con este informe, escribir a contacto@consultorasolidaria.org
Todo lo referido proviene de fuentes abiertas señaladas en los pies de página. Es documentación de organizaciones civiles, de periodistas y de datos oficiales, que
constituyen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en México. Tal situación debe ser confirmada o descartada con una investigación independiente, imparcial y profesional para hacer justicia, pero también para establecer los mecanismos para la no repetición. Este debe ser el propósito de la aplicación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
