El 21 de julio de 2020, un grupo de doce organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos, representativas de 10 países de la región, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), una solicitud de audiencia pública, con el objetivo de
proporcionarle información relevante y actualizada acerca de los principales desafíos y obstáculos para la reactivación del funcionamiento de los órganos del sistema de justicia durante la pandemia del COVID-19 y la transición hacia la post pandemia, y su impacto directo en el derecho de acceso a la justicia.
Las organizaciones y personas peticionarias que venimos dando seguimiento de esta situación, hemos resaltado la necesidad de que los Estados reconozcan el carácter esencial del servicio de justicia, también durante la pandemia, no solo para la protección de los derechos y libertades
fundamentales, sino también para el control de los actos del poder público durante esta etapa. La continuidad del funcionamiento de la justicia es especialmente importante en este contexto, en el que observamos riesgos crecientes y amenazas importantes a la estabilidad democrática de
nuestros países.
Es por ellos y ellas, que acudimos a la Comisión, para presentar información detallada -basada en la experiencia concreta de nuestros países- acerca de los obstáculos y desafíos que hemos encontrado para que los sistemas de justicia de la región puedan reasumir su función de garantes de los derechos en el estado actual de evolución de la pandemia.
La reactivación de la justicia, y la adopción de medidas efectivas para que sea accesible en medio de la pandemia, es urgente, y pese a su urgencia, no se encuentra en el debate público ni en las prioridades de los Estados.
