COMUNICADO DE PRENSA
15 de diciembre del 2020
“En la boca del lobo” más de 68 mil solicitantes de asilo en EUA que permanecen en México.
● FJEDD, WOLA, AAMX e IMUMI presentan Informe que evidencia las condiciones, agravadas por la pandemia, en las que se encuentra la población enviada a México desde hace casi dos años bajo el Programa “Quédate en México”.
● Desmantelar el Programa y cumplir con sus promesas de garantizar empleo, educación y salud, entre las recomendaciones al gobierno mexicano y estadounidense.
Ciudad de México a 15 de diciembre de 2020.- Condiciones precarias, inseguridad, falta de acceso a servicios de salud y empleo, secuestros, extorsiones, desaparición forzada y asesinatos son algunas de las situaciones que sortean, desde hace dos años, las más de 68 mil personas solicitantes de asilo en Estados Unidos de América (EUA) que han sido enviadas a México, desde el 29 de enero de 2019, a esperar la resolución de sus casos ante las cortes estadounidenses, así lo demuestra el informe “En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a derechos humanos de personas sujetas al Programa Quédate en México”, elaborado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en coordinación con el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Asylum Access México (AAMX) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
En el contexto de la pandemia se agudizaron dichas situaciones, así como la falta de acceso a la salud y atención médica por COVID-19 y otras enfermedades. Actualmente se desconoce cuántas personas en territorio mexicano bajo el Programa “Quédate en México” han sido atendidas por coronavirus, cuántas pruebas PCR se han hecho o qué medidas están implementado los gobiernos federal y estatales para prevenir contagios. Entre las pocas cosas documentadas periodísticamente ha sido el brote del virus en un campamento en Matamoros, Tamaulipas en julio pasado.
El informe es extenso en narrar el maltrato, el olvido, la corrupción, la impunidad, la persecución sistemática, el uso desproporcionado de la fuerza y los abusos de poder por parte de autoridades mexicanas. En particular, describe las violaciones a derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Migración, la Policía Federal y la Guardia Nacional, así como los nulos esfuerzos del gobierno mexicano por garantizar la seguridad, la integridad y la vida de las y los solicitantes de asilo en EUA que han sido obligados a permanecer en las ciudades fronterizas del norte de México -Tijuana y Mexicali (Baja California), Nogales (Sonora), Ciudad Juárez (Chihuahua), Nuevo Laredo y Matamoros (Tamaulipas).
El 20 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano se convirtió en cómplice del gobierno estadounidense, en la violación de derechos de la población solicitante de asilo al aceptar el Programa “Quédate en México” (Migration Protection Protocols –MPP). La administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a brindarles trabajo, acceso a la salud, a la vivienda y a educación. No cumplió. Cuarenta días después de aceptar dicho Programa, el 29 de enero de 2019, fue devuelta por Tijuana la primera persona. A octubre de 2020 suman 68,392 personas.
El documento ofrece crudos testimonios que demuestran la presencia de bandas criminales que someten a la población bajo el Programa “Quédate en México” a actos de extorsión, secuestro, delitos sexuales, desaparición forzada, robos y asesinatos. Son comunes los relatos de secuestros de las personas solicitantes de asilo antes o después de ser regresados a territorio mexicano. Algunas incluso han sido secuestradas al salir de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. El Estado mexicano ha sido omiso ante las denuncias de los crímenes que vive esta población.
Aunque el gobierno mexicano instaló los denominados Centros de Integración para Migrantes en Ciudad Juárez y Tijuana, y de que algunas encontraron refugio en albergues y casas del migrante de sociedad civil, la mayoría de las personas permanece en campamentos improvisados en espera de la resolución de sus casos. Ante la contingencia sanitaria, las cortes estadounidenses han suspendido por tiempo indefinido la continuidad de los procesos.
“Si regreso a mi país me matan”; “salimos en la madrugada porque ya nos habían amenazado, dejamos todo”; “a mi hermano lo mataron”; “querían que me uniera a la banda”; “mataron a mi esposo y a mi hijo”; “se llevaron a mi hija”, son las frases que se repiten por miles entre las personas solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de Centroamérica, que pese a todo pronóstico han decidido emprender el viaje y enfrentarse al monstruo del Programa “Quédate en México”.
Otro de los hallazgos del informe son las violaciones al derecho nacional e internacional en las que ha incurrido el Estado mexicano. En materia internacional, destaca la violación al principio de no devolución.
Por su parte, la firma del acuerdo entre ambos países, que formalizó el Programa “Quédate en México”, constituyó una violación del derecho nacional. El acuerdo se realizó a través de un servidor público de la Secretaría de Relaciones Exteriores cuyas funciones y competencias no le permiten hacerlo. Además, careció de la participación del Senado de la República, encargado de aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas suscritas por el Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación.
Cabe señalar que tanto en México como Estados Unidos existen procesos jurídicos abiertos promovidos por organizaciones de las sociedad civil para que se ponga fin al Programa “Quédate en México”. Del lado mexicano, algunos procesos están en revisión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Finalmente, el informe emite una serie de recomendaciones al gobierno mexicano y estadounidense. A las autoridades mexicanas se les pide romper con el Acuerdo que obliga a las personas a permanecer en México; garantizar el acceso a servicios de salud y atención médica a dicha población en el contexto de la actual crisis sanitaria, y a cumplir su promesa de brindarles empleo, educación y seguridad.
Por otra parte, se pide al gobierno entrante del presidente electo, Joe Biden, cumplir con su promesa de campaña de desmantelar el Programa en los primeros cien días de su gobierno.
Consulta el Informe completo en https://www.fundacionjusticia.org/publicaciones/
Más información:
Valentina Maninat
Tel. +1 (786) 773 88 97
comunicación@fundacionjusticia.org
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Miriam González Sánchez
55 37335819
Instituto para las Mujeres en la Migración, AC
Diana Baptista
5522706549
diana.baptista@asylumaccess.org
Asylum Access México.
